El Consistorio insta al Gobierno a reclamar los bienes inmatriculados "de forma irregular" El Arzobispado de Zaragoza rechaza la conciliación con el Ayuntamiento sobre la propiedad de la Seo

(J. Bastante/Agencias).- No hay acuerdo. El Arzobispado y el Ayuntamiento de Zaragoza acabarán en los tribunales después de que los respresentantes de la diócesis no aceptaran la conciliación planteada por el Consistorio respecto a la nulidad de la inmatriculación de la catedral de La Seo y las iglesias de La Magdalena, Santiago el Mayor y San Juan de los Panetes, reclamados por el Gobierno municipal.

Un Ayuntamiento que, tras la negativa de la Iglesia, ha reclamado al Gobierno de Aragón y al Ejecutivo central que reclamen la titularidad de los bienes eclesiásticos inmatriculados "de forma irregular" por la Iglesia Católica y hagan cumplir la Ley hipotecaria que señala que "estos espacios tienen que ser de una institución pública".

Esta mañana, el responsable de Comunicación del Arzobispado de Zaragoza, José Antonio Calvo, ha emitido un comunicado en el que denuncia "una incorrección" acerca del objeto de la conciliación, pues en el mismo "se hablaba de reconocer como bienes del ayuntamiento los inmuebles referidos y de revertirlos a él".

Una vez aclarado este concepto, que fue corregido, el Arzobispado, "representado por su abogado don Ernesto Gómez Azqueta, ha presentado los argumentos por los que no se ha aceptado la conciliación". ¿Cuáles son estos? Según explica Calvo, seis: "Los bienes a los que se alude están registrados y el registro se realizó previa calificación del registrador; no se identifica la titularidad pública que se invoca; el ayuntamiento no justifica la legitimación para incoar este proceso; la solicitud carece de argumento probatorio alguno; la solicitud se presenta sin fundamento jurídico y a la solicitud no se le acompaña del informe previo del secretario municipal. Un informe que es necesario para la defensa de los bienes del Ayuntamiento".

Por ello, el responsable eclesiástico apunta a una "falta de rigor legal" que "nos hace pensar que la finalidad perseguida es puramente ideológica y propagandística, teniendo como fin erosionar la imagen de la Iglesia Católica y, en concreto, de la archidiócesis de Zaragoza".

Por su parte, el consejero municipal de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, sostuvo que ahora "toca esperar la respuesta oficial del Gobierno de Aragón y del Gobierno de España a la petición formal del Ayuntamiento de Zaragoza para que tomen cartas en el asunto".

Y es que, en opinión del Consistorio, la Ley Hipotecaria subraya que estos bienes "solo pueden ser de titularidad pública y el Ayuntamiento ha cumplido la ley porque 30 años después nadie lo había hecho y hemos impedido que expirara el plazo" tras recordar que en el caso de la inmatriculación de La Seo terminaba el pasado 8 abril.

En este sentido, ha avanzado que "según sea la respuesta haremos una cosa u otra, pero esto no termina. Hemos cumplido nuestra obligación de cumplir la ley y reclamar la titularidad pública de unos bienes culturales y patrimoniales muy importantes para la ciudad".

Para Rivarés, el Ayuntamiento ha querido dejar claro que "nadie cuestiona los usos, solo la titularidad que tiene que ser pública, como dice Ley hipotecaria de hace unos años", y ha recordado que el Grupo parlamentario del PSOE en el Congreso ya ha solicitado que se elabore una lista de bienes inmatriculados "irregularmente que deben ser de titularidad pública, sin cuestionar los usos", ha remachado.

Sobre la actitud jurídica de la iglesia católica ha dicho que "cuando alguien va a un proceso tiene que demostrar lo que reclama y nosotros decimos que es irregular las inmatriculaciones de bienes que nunca fueron suyos legalmente y además la Ley hipotecaria dice que solo pueden ser titulares una administración pública".

Rivarés ha agregado que "la iglesia no ha demostrado que sean suyos" y ha relatado que cuando se rehabilita la catedral de La Seo se hace con dinero público, pero "la Iglesia registró ese espacio irregularmente", para apostillar que "su opinión es una opinión y no un argumento jurídico".

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