El ataque a los derechos de los pueblos indígenas se ha convertido en una constante por parte del poder ejecutivo brasileño, sea en el ámbito federal, estatal o municipal. Ante esos atropellos y reivindicando los derechos garantizados por la Constitución Federal de 1988, los pueblos originarios no están dispuestos a desistir de una lucha que les garantice una existencia y vida plena.

A la Marcha de las Mujeres Indígenas que reunió en Brasilia a tres mil mujeres indígenas se ha unido en esta semana la IV Marcha de los Pueblos Indígenas del estado de Amazonas, que ha reunido en Manaos, de 13 a 15 de agosto, a representantes de diferentes organizaciones indígenas de todo el estado. El tema ha sido “Avanzando y Acelerando los Pasos de la Lucha por la Existencia y Vida Plena”.

Los organizadores han sido el Frente Amazónico de Mobilización en Defensa de los Derechos Indígenas (FAMDDI) y el Foro de Educación Escolar y Sanidad Indígena del Amazonas (FOREEIA). Sus reivindicaciones han sido llevadas a diferentes órganos del estado de Amazonas, cuyo gobernador, que fue apoyado por las organizaciones indígenas, ha aprobado con nocturnidad y alevosía un decreto que recorta drásticamente el derecho al 0,5 por ciento del presupuesto del estado, que por ley estaba garantizado que fuese destinado a políticas indígenas.

Desde el FOREEIA, Gersem Baniwa, ha afirmado que lo que pretenden con la marcha es “en primer lugar manifestar nuestra insatisfacción, nuestra indignación con todo lo que está sucediendo, especialmente la regresión de los derechos y las políticas que también están retrocediendo, tanto a nivel federal como estatal”. Esto se concreta según el profesor de la Universidad Federal del Amazonas en que “tuvimos una apelación en la constitución del estado, y todo fue tomado. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar derechos sin recursos, sin diálogo con los pueblos indígenas? Por lo tanto, queremos que se respete este derecho y se restablezcan los derechos tomados".

En el mismo sentido, Chico Loebens, del Consejo Indigenista Misionero – CIMI, organismo de la Iglesia católica, que está apoyando esta marcha, que “forma parte de un contexto muy perjudicial para los pueblos indígenas del estado de Amazonas, porque el gobierno del estado, junto con la Asamblea Legislativa del Estado, retiró el porcentaje del 0,5 por ciento previsto para los pueblos indígenas, se retiró esta disposición constitucional que preveía 67 millones de reales (unos 12 millones de dólares) de recursos anuales aplicados a favor de las políticas públicas para los pueblos indígenas”.

Ante esta situación, Chico Loebens afirma que “ha quedado una gran incertidumbre acerca de las políticas que el gobierno estatal adoptará en relación con los pueblos indígenas en el futuro”, lo que, según sus palabras, ha generado “un rechazo muy fuerte por parte de los líderes indígenas porque se esperaba una discusión de una agenda positiva con el gobierno estatal, que de hecho ha sido socavada por esta acción unilateral furtiva del gobierno estatal, de la Asamblea Legislativa”. Él acrecienta que “podríamos hablar de una traición a un debate que los pueblos indígenas habían estado llevando a cabo con varias instancias aquí en el estado”.

De hecho, “los líderes han estado involucrados en el apoyo a este gobierno con la expectativa de que se podrían hacer políticas de reparación hacia los pueblos indígenas, lo que ahora está claro que eso no sucederá”, afirma Chico Loebens, poniendo de manifiesto el apoyo de varias organizaciones indígenas en la campaña electoral del año pasado. Por lo tanto, según el agente del CIMI, “este movimiento es una presión para tener recursos para las demandas indígenas y que el estado las satisfaga adecuadamente”.

Los organizadores de la marcha han elaborado un manifiesto de repudio a las decisiones del gobierno del Amazonas, centrado especialmente en la revocación de la ley que garantía los 67 millones de reales para los pueblos indígenas, en el que muestran su repudio “a los retrocesos que están siendo practicados en la política indigenista”, desaprobando “la inercia del gobierno en no atender las demandas y necesidades indígenas”. En el texto se recoge el repudio a los ataques y amenazas que diversas comunidades indígenas están sufriendo por parte del poder económico en diferentes regiones del estado, así como las invasiones de tierras indígenas. Las organizaciones se reafirman en la lucha por los derechos indígenas en los diferentes niveles del poder legislativo, exigiendo el derecho de consulta previa, de autodeterminación, y mostrando que el diálogo como “principal arma de lucha por nuestros derechos”.

En esa situación, las organizaciones indígenas exigen que sus demandas sean incluidas no próximo Plano Plurianual, que determinará los gastos desde 2020 a 2023. Sus reivindicaciones se centran en el campo del fortalecimiento y valoración cultural, la gestión ambiental y territorial y apoyo a iniciativas económicas, el fortalecimiento de las organizaciones y promoción de los derechos indígenas, educación y sanidad. En todos estos campos han sido elaboradas una serie de propuestas concretas que desde las organizaciones indígenas se espera que sean asumidas por el gobierno del Amazonas.