En su única visita a la Amazonía, en enero de 2018, el Papa Francisco, en su encuentro con los pueblos indígenas decía que “hemos de romper con el paradigma histórico que considera la Amazonia como una despensa inagotable de los Estados sin tener en cuenta a sus habitantes”.

Esta es una realidad que refleja la situación de la región donde fueron pronunciadas estas palabras, el departamento peruano de Madre de Dios. En su capital, Puerto Maldonado, hacía una llamada a reflexionar sobre un aspecto que está presente en toda la Amazonía. Andar por esos lugares, y conocer un poco de lo que allí pasa, nos lleva a decir que Francisco tenía razón.

Una de las grandes amenazas es la minería de oro, legal e ilegal, que está destruyendo no sólo el medio ambiente, lo que se comprueba en un simple vistazo vía satélite de la región, sino también la vida de la gente, de aquellos que nacieron en el local y de tantos migrantes, llegados generalmente de los departamentos vecinos, que en busca de una vida mejor acaban viviendo en situaciones muchas veces inhumanas.

En los últimos meses, se ha producido una intervención por parte del estado peruano en la región conocida como La Pampa, de donde fueron expulsados unos treinta y cinco mil mineros, lo que según el gobernador de la región, Luis Hidalgo Okimura, es motivo de gran preocupación, pues eso ha tenido como consecuencia la aparición de nuevos focos mineros, aunque hay voces que señalan que se sigue trabajando en el local, a lo que se une el aumento de la delincuencia en Puerto Maldonado.

Según reconocen los propios agentes de pastoral del Vicariato de Puerto Maldonado, la minería ilegal, que es un desastre, provoca la destrucción del medio ambiente y tiene como consecuencia la trata y todo tipo de explotación, inclusive de menores, hasta el punto de afirmar que en los campamentos mineros, lo primero que se instala es la cantina y la prostitución, a lo que se unen los asaltos, asesinatos y desapariciones, pudiendo decir que son lugares donde sólo entra quien tiene permiso, donde reina la ley del más fuerte, donde la gente se vuelve brusca y arisca, donde no se confía en nadie. Junto con esto, está avanzando bastante el cultivo de la coca, sobre todo entre “asociaciones de agricultores” llegados de otras regiones del Perú.

Los paisajes que genera la actividad minera son dantescos, la destrucción y el impacto ambiental provoca graves consecuencias de todo tipo. Nos encontramos con comunidades indígenas donde la presión es tan grande que han perdido hasta los recursos que les garantizaban su sobrevivencia, se han quedado sin caza y pesca y la contaminación del suelo y de las aguas impide poder plantar. Eso está provocando que algunos indígenas también trabajen en la minería, pues se está convirtiendo en la única alternativa de sobrevivencia, aunque en verdad, el lucro que encuentran es escaso, ya que en la mayoría de los casos ocupan zonas ya explotadas, donde el rendimiento muchas veces no compensa el esfuerzo invertido.

Decir que hay que acabar con la minería y no ofrecer otras posibilidades no es la mejor opción. Por eso, es necesario promover alternativas de desarrollo, lo que es posible, especialmente en el campo del turismo, pues se trata de una región con una gran biodiversidad, a lo que se unen paisajes de gran atractivo. Lo mismo se puede decir en el campo de la agricultura sostenible, donde están siendo elaborados proyectos desde Caritas del Vicariato de Puerto Maldonado, también en una tentativa de recuperar áreas degradadas. En ese sentido, se acusa a los diferentes gobiernos de llevar a cabo planes de desarrollo no consensuados con la gente, lo que dificulta que lleguen a buen puerto. 

Como reconoce Monseñor David Martínez de Aguirre Guinea, obispo de Puerto Maldonado, siguiendo las palabras del Papa Francisco, el grito de la tierra y el grito de los pobres es el mismo, lo que según el prelado nos debe llevar a preguntarnos cómo queremos vivir, un cuestionamiento que debe ser no sólo personal, sino también como Iglesia, como comunidad cristiana.

Existen iniciativas que demuestran en pequeña escala que es posible conservar el medio ambiente, e inclusive recuperar áreas degradadas, como demuestra con su experiencia Víctor Zambrano, Presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, y una de las figuras más respetadas entre los ambientalistas peruanos, que ya ha recibido reconocimientos internacionales por esa labor. Su lema es “conservar para vivir”, una actitud que es urgente asumir en la Amazonía y que él lleva a la práctica desde hace décadas.

El departamento de Madre de Dios tiene casi el 50% de su territorio dentro de áreas naturales protegidas, lo que la convierte en una región mega diversa, según Víctor Zambrano, hasta el punto de que el congreso peruano le dio años atrás el título de capital de la biodiversidad. Según el ambientalista, la minería ilegal ocupa menos del 1% del territorio de la región, pero los últimos gobiernos no han hecho nada por atajar el problema, poniendo la corrupción como común denominador.

Después de 15 años insistiendo, el gobierno de Vizcarra, por fin ha hecho caso, algo que no fue fácil, según Zambrano, quien reconoce haber llegado a las instancias más altas de los diferentes gobiernos, para mostrarles las problemáticas y ofrecerles la solución, pues siempre que han ido hasta el gobierno “no ha sido simplemente a pedir o a quejarnos, sino principalmente a entregar propuestas”, enfatiza el ambientalista. Lo que siempre se ha buscado ha sido erradicar la actividad minera ilegal, algo que llega tarde, pues si se hubiesen llevado a cabo desde el primer momento, los efectos no habrían sido tan impactantes.

Esta actividad fue creciendo de manera exponencial, pues se comenzó con unos mil mineros y se ha llegado a un tope de cuarenta mil, sólo en la zona de La Pampa, unas quince o veinte mil hectáreas que hoy pueden ser definidas como “suelo lunar”, totalmente deforestado y devastado. Frente a eso, nunca hubo voluntad política para erradicar esa actividad, lo que tuvo consecuencia la creación de un estado paralelo, controlado por las mafias, donde quien entraba nunca salía. Esta situación se ha querido atajar con la intervención del estado peruano en la región, una acción sobre la que se critica la falta de consulta a las instituciones locales y de coordinación entre las diferentes instancias implicadas.

Desde el Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata se ha insistido en la necesidad de reunirse y comenzar a plantear alternativas, para mostrar una estrategia de acción que sirva de base para crear una propuesta ante la coyuntura que está viviendo la región de Madre de Dios. La gran cuestión está en cómo estructurar los proyectos que el gobierno peruano está queriendo llevar a cabo, un aspecto complicado teniendo en cuenta los antecedentes, que demuestran que no es fácil que este tipo de iniciativas funcionen.

La propuesta de Víctor Zambrano es crear un proyecto de agro forestaría, lo que sólo será realizado si se crean núcleos que acompañen a ese proyecto, formados por entidades expertas de la sociedad civil, algo que no es fácil, pues en otras ocasiones los estamentos gubernamentales no han respetado este tipo de iniciativas. Por eso, el ambientalista exige que haya alguien que le haga seguimiento a esos proyectos, para evitar que los recursos “se vayan al agua”, con lo que no se va a llegar donde se debería y no se van a remediar los problemas ambientales.

El ambientalista destaca la importancia de las llamadas áreas de amortiguamiento de las reservas nacionales, algo que hoy en día no es controlado por ningún organismo, que se limitan a echarse la culpa unos a otros, lo que tiene como consecuencia que nadie asuma esa responsabilidad, lo que ha sido denunciado en diferentes ámbitos por Víctor Zambrano. Él ve como algo imprescindible que exista una fluidez de comunicación de ida y de vuelta, entre las autoridades y los actores directamente involucrados. Sin eso, “esto no tiene un horizonte claro”, afirma el ambientalista, y “va a estar siempre comprometido con situaciones más que nada de lo más fácil, que es la corrupción”.

Busquemos que se hagan realidad las palabras del Papa Francisco a los pueblos indígenas, en las que reconocía que “existen iniciativas esperanzadoras que surgen de vuestras bases y de vuestras organizaciones, y propician que sean los propios pueblos originarios y comunidades los guardianes de los bosques, y que los recursos que genera la conservación de los mismos revierta en beneficio de sus familias, en la mejora de sus condiciones de vida, en la salud y educación de sus comunidades”. Esperemos que un día podamos decir que, en esto, Francisco también tenía razón.