Habiendo aprobado el conjunto de disposiciones legales, el Congreso de la Unión ha dado al Presidente de México los elementos jurídicos secundarios para la operación de la Guardia Nacional, el cuerpo que pretende devolver la paz y la seguridad a México al momento de que los índices de violencia e inseguridad están comprometiendo la paz de regiones enteras y la ciudadanía no tiene otros remedios más que el uso de la fuerza para hacer justicia por propia mano.

El fenómeno de los linchamientos ha encendido las alarmas generando graves advertencias de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que en esta semana dio a conocer el Informe Especial sobre los Linchamientos en el Territorio Nacional, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el miércoles 22 de mayo.

El documento reveló un oscuro horizonte que permanecía bajo la niebla de la desinformación cuando la población de pequeñas localidades, alegando usos y costumbres, ha desatado literalmente la peor barbarie contra individuos a quienes, desgraciadamente por un rumor, les ha costado la vida o, en el mejor de los casos, logran salvarla no sin antes haber sido brutalmente atacados por turbas enardecidas, ansiosas de venganza y de sangre.

Según el documento de la CNDH, los linchamientos van al alza desde el 2015. En 2017, las víctimas linchadas fueron 110 pasando a 271 en 2018. El presente año confirma una tendencia ascendente “ya que en los 5 primeros meses se han registrado 67 casos de linchamiento con 107 víctimas, frente a los 174 casos con 271 víctimas, presentado durante todo 2018”.

Las causas son variadas. A juicio del ombudsperson y la UNAM, la lejanía de las autoridades y la falta de confianza ciudadana son los principales detonadores. Son focos rojos la Ciudad de México y los Estados de Puebla, Morelos y México; sin embargo, aunque las comunidades afectadas por la violencia e inseguridad hacen una tácita complacencia de las acciones al liquidar a los presuntos responsables, el talón de Aquiles para acabar con esta situación está precisamente en que en la mayoría de los casos no hay detenidos, impera la impunidad y la autoridad no da un reconocimiento oficial de este problema para activar políticas públicas al respecto minimizando cualquier linchamiento.

De acuerdo con la CNDH, no hay un tipo específico que permita el formal procesamiento judicial y de investigación de los linchamientos y a esto se añade la escasa información oficial para la generación de estadísticas que permitan el adecuado seguimiento de cada caso. Los linchamientos son resultado de “la falta de capacidades del Estado para mantener el monopolio legítimo de la fuerza, el control sobre el territorio, y para garantizar la aplicación de la ley y la seguridad de la población, funciones primordiales no cumplidas que son síntomas de una crisis de autoridad e institucionalidad”.

Cualquier forma de violencia siempre será reprobable e inmoral, sin justificación ética, aún cuando sea el pueblo quien “tome decisión” para hacer justicia ante la debilidad institucional. De estos casos, algunas víctimas al final resultaron ser inocentes sólo porque un rumor encendió la chispa del infierno que les produjo una muerte tan atroz e inhumana. En la memoria están, por ejemplo, los dos elementos de la policía federal quemados vivos y otro más apenas rescatado del linchamiento sufriendo gravísimas lesiones propinadas por una turba en san Juan Ixtayopan, Tláhuac, en 2004.

Ha pasado más de una década de esos hechos y lejos de haberse erradicado continúan con esa furia que impide cerrar el círculo de sangre. Linchar no es un acto heroico. Es el resultado propio de la erosión por el respeto a la vida, del vacío ético, cultural y la ausencia de valores alimentado además por la desconfianza hacia un aparato y sistema de seguridad que siguen fallando a la ciudadanía. De forma preocupante, las conclusiones de la CNDH no escatiman al decir que los linchamientos son  “ultraje a la conciencia de la humanidad”.