La reunión por el nuevo año 2020 del presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano con los representantes de los medios de comunicación quiso demostrar, de una vez por todas, el compromiso firme de los prelados mexicanos para acabar con el flagelo de los abusos sexuales y hacer de la Iglesia un espacio seguro para cualquier menor.

En su mensaje por el año nuevo 2020, el arzobispo de Monterrey y presidente de la CEM, Rogelio Cabrera, el secretario general del organismo, el obispo Alfonso Miranda Guardiola y el responsable de la comisión diocesana de tutela del menor de la arquidiócesis regiomontana, padre Pedro Pablo González Sias, dieron a conocer lo que serán los principales ejes del trabajo de los obispos, entre ellos, afrontar la emergencia migratoria, la protección a los menores, el reforzamientos de los centros de escucha para la atención de las víctimas de las violencias y la eventual reforma a la legislación relativa a la libertad religiosa.

No obstante, el tema que capturó la atención de los representantes de los medios de comunicación fue el de la tutela del menor, la construcción de las comisiones diocesanas de protección al menor y el número de sacerdotes bajo proceso canónico para deslindar las responsabilidades sobre la comisión de un delito de abuso contra menores y personas vulnerables.

De acuerdo con los prelados, las cifras de sacerdotes procesados son conforme a las denuncias recibidas en la nunciatura apostólica. Sin ofrecer una estadística sobre las diócesis con el mayor número de casos ni cómo se encuentra la situación de cada procesado, el comunicado afirma que “hasta ahora” hay 271 casos del clero diocesano y 155 procesos más “por otras faltas”. En 10 años han sido investigados 426 sacerdotes y 177 procesos canónicos están en aun en vigor. Entre ellos destaca que 217 sacerdotes fueron dimitidos del orden clerical.

Los obispos tienen ahora en la mira exigir de los legisladores la modificación de las disposiciones penales, federal o locales, para que el delito de abuso y corrupción de menores sea imprescriptible. En este punto, Rogelio Cabrera destacó los pasos que la Iglesia católica ha dado últimamente con la abrogación del secreto pontificio en abusos y la prescripción del delito: “Antes, el delito prescribía a los veinte años a partir de su comisión, hoy el Papa Francisco ordena que sea imprescriptible”.

Para el arzobispo de Monterrey, el combate al abuso de menores hasta su “abolición” trae aparejado otras responsabilidades de los obispos hacia las víctimas. “Primero es la víctima, no el victimario” agregando que el apoyo debe otorgarse de manera integral, humana y espiritualmente, combatir el clericalismo para no ponerse de lado del abusado reconociendo que la Iglesia llegó tarde en la atención a las víctimas. “Ya no podemos dejar pasar el tiempo” y en esto urgió a los padres y tutores a interponer las denuncias donde se tenga sospecha fundada de cualquier abuso “para llegar a la verdad”. La disposición de los obispos quiere ser el de una total apertura para coadyuvar con las autoridades, el fomento a la transparencia y acompañar las diversas reformas legales y criterios judiciales en el endurecimiento de las penas y la pronta reparación del daño. Esto último tuvo especial énfasis por presidente de la CEM cuando, para la Iglesia, deben darse diferentes etapas para sanar a las víctimas a través de la restitución, la indemnización, garantías de no repetición y la rehabilitación.

En próximos meses, la CEM impulsará la creación de los consejos diocesanos de protección al menor que, a la fecha, sólo catorce diócesis de casi un centenar en el país se han creado. Las principales causas de esta lentitud están, principalmente, en la integración con personal debidamente capacitado que requiere de la formación adecuada para coadyuvar en estas delicadas responsabilidades; no obstante, los obispos mostraron su optimismo para que un mayor número de diócesis cumplan con estas obligaciones derivadas también de la cumbre antipederastia de febrero de 2019 en el Vaticano.

Por lo pronto, la CEM parece tener pasos decisivos y contundentes para acabar con los abusos en la Iglesia. Es la tolerancia cero y, sobre todo, entrar en la dinámica de la reparación del daño y atención de las víctimas. Para el arzobispo de Monterrey, no hay marcha atrás: “No basta con atender jurídicamente el caso y castigar al culpable, no basta que la Iglesia católica a través de un proceso canónico, lo expulse del estado clerical, ni siquiera basta que la autoridad le dé el castigo proporcional conforme a su falta…” es en el fondo de la reparación de la credibilidad y de que en la Iglesia de México se garantice el bien de todos.

Si usted conoce o tiene sospecha fundada de que un sacerdote realizó o esté cometiendo cualquier forma de abuso sexual contra menores o personas vulnerables, puede realizar su denuncia en el siguiente correo y teléfono móvil de la arquidiócesis de Monterrey:

Pbro. Pedro Pablo González Sias, Promotor de justicia

Zaragoza 1100 Sur, Centro, Monterrey, N.L., CP 64000 (a un costado de la Catedral) Tel: 1158 2450, Cel: +52 1 (81) 2201 1451 o bien escríbenos a tuteladelmenor@iglesiademonterrey.com

O deje su mensaje en el siguiente vínculo: http://tutela.arquidiocesismty.org/contacto/