Religión y represión: el caso de la China contemporánea
Hoy escribe Fernando Bermejo
La interrelación de los conceptos “religión” y “represión” puede ser expresada de muchas maneras. Hoy, alejándome excepcionalmente de lo que han sido hasta ahora mis temas habituales en este blog, quisiera llamar la atención de los lectores sobre un modo en que esa relación se manifiesta en el mundo contemporáneo. No me referiré a la represión infligida por autoridades religiosas –que sigue existiendo–, sino a la represión sufrida por algunas religiones por parte del gobierno del país organizador de los Juegos Olímpicos 2008, la República Popular China. En efecto, el país que alberga casi a una quinta parte de la humanidad y que muchos miran sólo como una cultura milenaria, un emergente gigante económico o un fascinante destino turístico (estos días, lamentablemente, también como un país víctima de un mortífero terremoto), lleva años infligiendo persecución –una persecución que a menudo adquiere métodos repulsivamente despiadados– no sólo a disidentes políticos, a personas que se atreven a elevar reivindicaciones ante las autoridades, o a defensores de los Derechos Humanos, sino también a colectivos religiosos.
Cada una de las religiones reconocidas oficialmente en China (budismo, taoísmo, Islam y cristianismo –tanto protestantismo como catolicismo–) está administrada por una organización gubernamental que controla los lugares de culto, supervisa la actividad religiosa, aplica la política del gobierno y se asegura de que la práctica de la religión en China está libre del dominio extranjero. Quienes desean practicar una religión sólo pueden hacerlo en un templo o local aprobado por el Estado. Este rígido control político ha llevado a la clandestinidad a muchos cultos y movimientos religiosos, y ha producido una represión brutal por parte de la policía y un sin fin de atentados contra la libertad de las personas por el solo hecho de profesar una determinada creencia religiosa.
La campaña sistemática contra el movimiento Falun Gong –cuyos miembros practican ejercicios de meditación y una espiritualidad de origen budista y taoísta–, llevada a cabo desde 1999, ha consistido en miles de detenciones arbitrarias, acusaciones infundadas, confiscación de bienes, malos tratos y tortura, así como en numerosas muertes bajo custodia. Además, diversos informes minuciosamente documentados, como el del Relator Especial de la ONU para la Tortura –Manfred Nowak– o los elaborados por los canadienses David Kilgour y David Matas– han demostrado que se ha practicado la sustracción de órganos sobre un gran número de practicantes de Falun Gong en una amplia variedad de localidades, con el propósito de tener órganos disponibles para operaciones de trasplante. Nowak detalla por ejemplo en su informe: “Órganos vitales, incluyendo corazón, riñones, hígado y córneas, se sustrajeron sistemáticamente de los practicantes de Falun Gong en el Hospital de Sujiatun, Shenyang, provincia de Liaoning, lo cual comenzó en 2001. Se aplicaban inyecciones a los practicantes para inducir el paro cardíaco, por lo tanto, eran asesinados en el curso de las operaciones de sustracción de órganos o inmediatamente después”.
A lo largo de estos últimos años, los tibetanos que vivían en la Región Autónoma del Tíbet y en otras zonas han sufrido graves restricciones de sus derechos a la libertad de religión, de expresión y de asociación. Muchos de ellos, incluidos monjes y monjas budistas, fueron detenidos y encarcelados por practicar su religión o expresar sus opiniones. Sonam Gyalpo, ex monje, fue condenado a 12 años de cárcel a mediados de 2006 por “poner en peligro la seguridad del Estado” tras encontrarse en su casa videos del Dalai Lama y otro “material incriminatorio”. Unos niños detenidos en septiembre de 2007 por hacer una pintada a favor del Dalai Lama en una pared fueron golpeados, y uno de ellos, de 14 años, tuvo que ser atendido en el hospital de graves lesiones sufridas bajo custodia. Es sabido que las protestas pacíficas comenzadas el 10 de marzo de 2008 en China fueron reprimidas a menudo violentamente, y que tras los disturbios producidos el 14 de marzo la represión china ha sido –como lo fue en Tiananmen en 1989– brutal, elevándose a unos 200 muertos y a unos 2.000 detenidos (varios de ellos han sido condenados a cadena perpetua en juicios –como ya es típico en China– carentes de toda garantía procesal).
Los cristianos en China, sean protestantes o católicos, no están mucho mejor. La inmensa mayoría de cristianos chinos se ven obligados a reunirse en domicilios privados, corriendo peligro de ser detenidos y torturados. Desde mayo de 2003 se ha puesto en marcha una especial campaña de represión contra las iglesias clandestinas, y las autoridades han demolido muchos lugares no autorizados de culto que utilizaban protestantes y católicos. Un número considerable de pastores protestantes, sacerdotes católicos y obispos han sido arrestados sin cargos, calumniados, golpeados, torturados –y algunos muertos bajo custodia– en estos últimos años. De algunos de ellos –como de no pocas personas detenidas por las fuerzas de seguridad– se desconoce el paradero.
Al igual que muchos disidentes políticos y personas “no gratas” al gobierno, también un buen número de creyentes y eclesiásticos están cumpliendo penas de hasta tres años de “reeducación por el trabajo” en los llamados “laogai”. Los laogai o campos de “reeducación por el trabajo” son una sistema de detención administrativa adoptado por China en 1957, que permite a la policía privar de libertad a personas sospechosas de delitos menores sin necesidad de ser sometidas a acusación, a un juicio o a revisión judicial. La policía tiene facultades incontroladas para imponer tales castigos. Tanto la ONU como grupos pro derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch (así como algunos juristas chinos) han criticado este tipo de práctica, que sin embargo sigue vigente hoy en día. Se cree que cientos de miles de personas se hallan recluidas en estos centros de “reeducación por el trabajo” en todo el país (Atención al término “laogai”: es posible que dentro de unos años sea tan tristemente conocido como el de “Lager” o “Gulag”).
Mientras el presidente Hu Jintao y el primer ministro Wen Jiabao van por el mundo pregonando el “progreso social” de China, este tipo de cosas –de cuyo grado de horror y brutalidad apenas dan cuenta las líneas anteriores–siguen sucediendo. Evidentemente, con al menos la misma claridad con la que deben ser desenmascaradas las falacias y las tergiversaciones teóricas en los campos de la teología y la exégesis deben ser denunciadas la persecución, la arbitrariedad y los tejemanejes victimarios de gobiernos totalitarios que pisotean la verdad, persiguen y destrozan a los individuos en virtud únicamente de sus opiniones y creencias religiosas.
Cuando, dentro de unos pocos meses, la fastuosidad y el colorido de los JJOO sirvan de entretenimiento a buena parte de la humanidad, pocos pensarán en el sufrimiento de quienes arbitrariamente se pudren en las cárceles o malviven en los centros de detención, de quienes son torturados o de quienes han muerto y siguen muriendo a manos de un gobierno despótico que, para la ocasión, desplegará sin duda la más amable de sus sonrisas.
Saludos cordiales de Fernando Bermejo
La interrelación de los conceptos “religión” y “represión” puede ser expresada de muchas maneras. Hoy, alejándome excepcionalmente de lo que han sido hasta ahora mis temas habituales en este blog, quisiera llamar la atención de los lectores sobre un modo en que esa relación se manifiesta en el mundo contemporáneo. No me referiré a la represión infligida por autoridades religiosas –que sigue existiendo–, sino a la represión sufrida por algunas religiones por parte del gobierno del país organizador de los Juegos Olímpicos 2008, la República Popular China. En efecto, el país que alberga casi a una quinta parte de la humanidad y que muchos miran sólo como una cultura milenaria, un emergente gigante económico o un fascinante destino turístico (estos días, lamentablemente, también como un país víctima de un mortífero terremoto), lleva años infligiendo persecución –una persecución que a menudo adquiere métodos repulsivamente despiadados– no sólo a disidentes políticos, a personas que se atreven a elevar reivindicaciones ante las autoridades, o a defensores de los Derechos Humanos, sino también a colectivos religiosos.
Cada una de las religiones reconocidas oficialmente en China (budismo, taoísmo, Islam y cristianismo –tanto protestantismo como catolicismo–) está administrada por una organización gubernamental que controla los lugares de culto, supervisa la actividad religiosa, aplica la política del gobierno y se asegura de que la práctica de la religión en China está libre del dominio extranjero. Quienes desean practicar una religión sólo pueden hacerlo en un templo o local aprobado por el Estado. Este rígido control político ha llevado a la clandestinidad a muchos cultos y movimientos religiosos, y ha producido una represión brutal por parte de la policía y un sin fin de atentados contra la libertad de las personas por el solo hecho de profesar una determinada creencia religiosa.
La campaña sistemática contra el movimiento Falun Gong –cuyos miembros practican ejercicios de meditación y una espiritualidad de origen budista y taoísta–, llevada a cabo desde 1999, ha consistido en miles de detenciones arbitrarias, acusaciones infundadas, confiscación de bienes, malos tratos y tortura, así como en numerosas muertes bajo custodia. Además, diversos informes minuciosamente documentados, como el del Relator Especial de la ONU para la Tortura –Manfred Nowak– o los elaborados por los canadienses David Kilgour y David Matas– han demostrado que se ha practicado la sustracción de órganos sobre un gran número de practicantes de Falun Gong en una amplia variedad de localidades, con el propósito de tener órganos disponibles para operaciones de trasplante. Nowak detalla por ejemplo en su informe: “Órganos vitales, incluyendo corazón, riñones, hígado y córneas, se sustrajeron sistemáticamente de los practicantes de Falun Gong en el Hospital de Sujiatun, Shenyang, provincia de Liaoning, lo cual comenzó en 2001. Se aplicaban inyecciones a los practicantes para inducir el paro cardíaco, por lo tanto, eran asesinados en el curso de las operaciones de sustracción de órganos o inmediatamente después”.
A lo largo de estos últimos años, los tibetanos que vivían en la Región Autónoma del Tíbet y en otras zonas han sufrido graves restricciones de sus derechos a la libertad de religión, de expresión y de asociación. Muchos de ellos, incluidos monjes y monjas budistas, fueron detenidos y encarcelados por practicar su religión o expresar sus opiniones. Sonam Gyalpo, ex monje, fue condenado a 12 años de cárcel a mediados de 2006 por “poner en peligro la seguridad del Estado” tras encontrarse en su casa videos del Dalai Lama y otro “material incriminatorio”. Unos niños detenidos en septiembre de 2007 por hacer una pintada a favor del Dalai Lama en una pared fueron golpeados, y uno de ellos, de 14 años, tuvo que ser atendido en el hospital de graves lesiones sufridas bajo custodia. Es sabido que las protestas pacíficas comenzadas el 10 de marzo de 2008 en China fueron reprimidas a menudo violentamente, y que tras los disturbios producidos el 14 de marzo la represión china ha sido –como lo fue en Tiananmen en 1989– brutal, elevándose a unos 200 muertos y a unos 2.000 detenidos (varios de ellos han sido condenados a cadena perpetua en juicios –como ya es típico en China– carentes de toda garantía procesal).
Los cristianos en China, sean protestantes o católicos, no están mucho mejor. La inmensa mayoría de cristianos chinos se ven obligados a reunirse en domicilios privados, corriendo peligro de ser detenidos y torturados. Desde mayo de 2003 se ha puesto en marcha una especial campaña de represión contra las iglesias clandestinas, y las autoridades han demolido muchos lugares no autorizados de culto que utilizaban protestantes y católicos. Un número considerable de pastores protestantes, sacerdotes católicos y obispos han sido arrestados sin cargos, calumniados, golpeados, torturados –y algunos muertos bajo custodia– en estos últimos años. De algunos de ellos –como de no pocas personas detenidas por las fuerzas de seguridad– se desconoce el paradero.
Al igual que muchos disidentes políticos y personas “no gratas” al gobierno, también un buen número de creyentes y eclesiásticos están cumpliendo penas de hasta tres años de “reeducación por el trabajo” en los llamados “laogai”. Los laogai o campos de “reeducación por el trabajo” son una sistema de detención administrativa adoptado por China en 1957, que permite a la policía privar de libertad a personas sospechosas de delitos menores sin necesidad de ser sometidas a acusación, a un juicio o a revisión judicial. La policía tiene facultades incontroladas para imponer tales castigos. Tanto la ONU como grupos pro derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch (así como algunos juristas chinos) han criticado este tipo de práctica, que sin embargo sigue vigente hoy en día. Se cree que cientos de miles de personas se hallan recluidas en estos centros de “reeducación por el trabajo” en todo el país (Atención al término “laogai”: es posible que dentro de unos años sea tan tristemente conocido como el de “Lager” o “Gulag”).
Mientras el presidente Hu Jintao y el primer ministro Wen Jiabao van por el mundo pregonando el “progreso social” de China, este tipo de cosas –de cuyo grado de horror y brutalidad apenas dan cuenta las líneas anteriores–siguen sucediendo. Evidentemente, con al menos la misma claridad con la que deben ser desenmascaradas las falacias y las tergiversaciones teóricas en los campos de la teología y la exégesis deben ser denunciadas la persecución, la arbitrariedad y los tejemanejes victimarios de gobiernos totalitarios que pisotean la verdad, persiguen y destrozan a los individuos en virtud únicamente de sus opiniones y creencias religiosas.
Cuando, dentro de unos pocos meses, la fastuosidad y el colorido de los JJOO sirvan de entretenimiento a buena parte de la humanidad, pocos pensarán en el sufrimiento de quienes arbitrariamente se pudren en las cárceles o malviven en los centros de detención, de quienes son torturados o de quienes han muerto y siguen muriendo a manos de un gobierno despótico que, para la ocasión, desplegará sin duda la más amable de sus sonrisas.
Saludos cordiales de Fernando Bermejo
