(JCR)
Hace apenas una semana el parlamento etíope pasó una nueva legislación que impone severas restricciones a las ONG y organizaciones

humanitarias. Tras varios meses de debate, el pasado 6 de enero (la víspera de la celebración de la Navidad ortodoxa) los parlamentarios aprobaron esta ley por 327 votos a favor y 79 en contra, antes de irse de vacaciones.

En España, donde tenemos una muy escasa información sobre África, no tiene nada de particular que esta noticia haya pasado desapercibida. A partir de ahora, las agencias extranjeras de ayuda al desarrollo tienen prohibido desarrollar actividades en torno a estas cinco áreas: Derechos humanos y democracia, promoción de la igualdad de género, campañas por los derechos de los niños y minusválidos, resolución de conflictos y temas de justicia penal. Además, y para asegurarse de que todo quedará bajo el férrreo control gubernamental, las ONG locales que reciban más del 10% del dinero de sus presupuestos del extranjero se verán afectadas por esta misma prohibición. La mayor parte de ellas no pueden funcionar sin dinero procedente de donantes de fuera del país. Según la directora de la Asociación Etiope de Mujeres Abogadas, Madhere Paulos, por ejemplo, sus miembros trabajan de forma voluntaria, pero no pueden operar sin dinero para pagar el alquiler de sus oficinas, pagar los costes legales, el transporte, las facturas de los hospitales donde tratan a las mujeres víctimas de violaciones y violencia sexual. Por esta razón, esta asociación no puede funcionar sin recibir más del 90% de sus fondos de donaciones del extranjero.

Además, a partir de ahora todas las organizaciones humanitarias estarán bajo el control de un órgano estatal que podrá interferir en sus actividades prácticamente con poderes ilimitados.

Cualquier persona que haya vivido un tiempo razonable en África y tenga los ojos abiertos se da cuenta de que hace ya mucho tiempo que la mayor parte de las ONG que operan en países africanos no se dedican simplemente a hacer pozos, construir escuelas o vacunar niños. Casi todas ellas incluyen áreas de trabajo que podríamos llamar de “transformación social” y que intentan ir a la raíz de los problemas. No sirve de mucho curar a heridos en lugares violentos si no se intenta, al mismo tiempo, ir a la raíz de los problemas que causan conflictos. Y los que trabajan construyendo aulas quisieran verlas llenas de niños y también de niñas, y para eso hay que sensibilizar a la población sobre la igualdad de género. En una palabra, para erradicar la pobreza hay que combatir muchas estructuras de injusticia que la causan. Y esto mismo vale también para el trabajo social de gran envergadura que realiza la Iglesia (por cierto, la mayoritaria Iglesia ortodoxa etíope pocos problemas da al gobierno, al estar atrapada en una espiritualidad de ritos e incienso y sin apenas acción social). No es de extrañar que en países donde la libertad y el respeto a los derechos humanos están bajo mínimos, los gobiernos de turno miren con sospecha las labores sociales de las agencias de ayuda como intentos de interferir en asuntos internos del país o de dedicarse a hacer política. En África los políticos en el poder se resisten a aceptar que el espacio público no es competencia exclusiva de ellos y hacen todo lo posible por ostentar el monopolio de los asuntos de “la cosa pública”.

Por eso, no es de extrañar que de vez en cuando reaccionen con normativas lo más restrictivas posibles hacia las ONG, e incluso haciendo todo lo posible para que las iglesias se registren como tales, algo que la Iglesia Católica por lo menos siempre se ha resistido a hacer. El gobierno etíope ha justificado esta nueva ley diciendo que facilitará la transparencia financiera de las ONG y proporcionará una regulación “adecuada” de la sociedad civil. El problema es lo que se entiende por “adecuada”. Las ONG y las agencias de acción social de diversos grupos religiosos en muchos países africanos han contribuido al despertar de una sociedad civil que crece y que cada vez tiene más peso en la marcha de los asuntos públicos. Además, parece que a las autoridades etíopes no les gusta que muchos donantes elijan dar su dinero para el desarrollo a las ONG en lugar de entregarlo directamente al gobierno. Amnistía Internacional ha protestado por la aprobación de esta ley, y la ha calificado de “un intento por parte del gobierno etíope de ocultar violaciones de los derechos humanos y silenciar a las voces críticas del gobierno, a un año de las elecciones que tendrán lugar en 2010.” También Estados Unidos, el principal donante de Etiopía, ha protestado, pero con poco éxito.

Durante las últimas elecciones, en 2005, la policía y el ejército de Etiopía fueron responsables de la muerte de al menos 187 personas. Miles de personas fueron detenidas, entre ellas muchos activistas de derechos humanos, políticos de la oposición y periodistas. Desde entonces, la democracia y los derechos humanos se han deteriorado con rapidez. Muchas ONG y organizaciones de derechos humanos temen que esta nueva legislación pueda servir de ejemplo para otros gobiernos de países africanos que también quisieran controlar y amordazar a numerosos grupos de la sociedad civil a los que ven como una amenaza para sus intereses.