Amenazas contra el Pueblo Karipuna, ponen en riesgo su vida y futuro como pueblo, denuncia el CIMI
El descaso con los pueblos indígenas se está convirtiendo en una realidad cada vez más presente en Brasil. El poder político, aliado con el poder económico, que se hace presente a través del agro negocio, de las madereras y de las empresas mineras, y que nadie puede olvidar es el gran enemigo de los pueblos indígenas, ha creado un clima de miedo e incertidumbre en los pueblos originarios y en aquellos que los apoyan, con la omisión del poder judicial.
En ese sentido, el Consejo Indigenista Misionero – CIMI, de Rondônia, muestra su preocupación por la situación que está viviendo el Pueblo Karipuna. Hace menos de treinta años, con el proceso de colonización y con el contacto externo, el pueblo se redujo a ocho personas. De ese tiempo para acá se fue recuperando y hoy existe una población de cincuenta y ocho personas. En la época de la demarcación del territorio, eran previstas 193 mil hectáreas de área, por cuenta de los indígenas en aislamiento que hay dentro de ese territorio. Con el dictamen 1775 de 1996 ese territorio sufrió una reducción de 40 mil hectáreas.
Según el CIMI de Rondônia, "lo que ocurre del año 2011 para acá, que se agravó en el año 2015, fue una verdadera invasión del territorio por todos los lados". La causa de ese agravamiento fue la Propuesta de Enmienda Constitucional 215, que provocó una invasión más fuerte todavía. Desde el CIMI denuncian que "los invasores, los grupos económicos se sintieron fortalecidos con esa mentirosa conquista y comenzó un proceso de división de la Tierra Karipuna". En consecuencia, "uno entra en el territorio hoy, anda por todo lo que es parte del territorio, y está totalmente cortado, en un proceso de división".
La situación se agrava cada día, "incluso, dentro del territorio ya existe el catastro ambiental rural, que es cedido por la Secretaría de Medio Ambiente aquí de Rondônia, que concede licencia para el plan de manejo dentro de la Tierra Indígena, lo que facilita el robo de madera de esa tierra", según los agentes del CIMI. "Incluso ante las denuncias que el pueblo hizo, sobre todo de 2017 para acá, la situación sólo empeoró", y a partir de ahí comienza una fuerte amenaza a este pueblo, amenazas de muerte, ellos viven siendo amenazados de muerte dentro su propia casa", afirman desde el Consejo Indigenista Misionero.
Hasta el propio "Procurador de la República en el estado de Rondônia colocó esa realidad como una situación de eminente genocidio de un pueblo", según el CIMI, siendo esa "nuestra gran preocupación como Consejo Indigenista Misionero y como Iglesia de la Arquidiócesis de Porto Velho". El apoyo del Arzobispo de Porto Velho, Monseñor Roque Paloschi, Presidente del Consejo Indigenista Misionero, es total, posicionándose del lado de las reivindicaciones del Pueblo Karipuna. En ese sentido, debería ser una obligación "defender el territorio, defender a ese pueblo, sobre todo para los católicos, dentro de esa fuerte llamada que nos hace el Papa Francisco de la defensa de la Casa Común y de los habitantes y de todos los seres del Planeta", afirman los agentes.
Las denuncias ya traspasaron las fronteras de Brasil. Por dos veces, en este año de 2018, hubo dos líderes indígenas que denunciaron la situación. Uno estuvo en el Foro Permanente de la ONU para Pueblos Indígenas, en el mes de abril en Nueva York, y el otro estuvo ahora, el mes de octubre, en Ginebra, en la ONU, para denunciar esa situación, que es de verdadero descaso, según el CIMI Rondônia. "Eso sin contar todas las incidencias políticas que estamos haciendo desde 2017, directamente en Brasilia, reclamando al Gobierno Federal y al Estado Brasileño, como tal, medidas protectoras para este pueblo, y reclamando sobre todo la retirada de los invasores del territorio. En ese caso, exigiendo que el estado brasileño cumpla su papel, lo que está previsto en la Constitución Federal, que es mantener la integridad física, cultural y territorial de los pueblos", según los agentes del Consejo Indigenista Misionero.
Las amenazas de muerte que el pueblo Karipuna viene sufriendo se ha convertido en un gran desafío y una gran preocupación para los agentes del CIMI, una situación que ellos mismos reconocen que puede empeorar ante la previsión de la coyuntura política indigenista que se avecina en el país. Es necesario visibilizar esa situación, aún más ante un estado brasileño que tiene conocimiento, pero se vuelve omiso, denuncian desde el Consejo Indigenista Misionero. De hecho, los propios agentes reclaman que "deberá haber una fiscalización permanente dentro del territorio, pero según documentos y órdenes de Brasilia, esas fiscalizaciones fueron dejadas de lado, no están sucediendo, se cancelaron las operaciones de fiscalización dentro del territorio por orden de Brasilia, y esa es nuestra gran preocupación".
Aunque aún no ha ocurrido ninguna muerte, desde el CIMI dicen que las amenazas físicas y sobre todo la presión psicológica son muy grandes. Nadie tiene libertad para caminar en el territorio, ni para ir a recoger unas frutas o un remedio del bosque, o ellos mismos cazar, ir a pescar, porque corren el riesgo de ser muertos por los invasores dentro del territorio y la situación no está para andar jugándosela, según los agentes.
Desde 2017 ya fueron seis denuncias, tanto en la Policía Civil como en la Policía Federal, de esas amenazas que el pueblo viene sufriendo, pero según el Consejo Indigenista Misionero, "la policía trabaja dentro de la cuestión investigativa, y quieren nombres, apellidos, pero ese es el trabajo de la policía. La comunidad tiene el papel de denunciar y la policía hacer ese trabajo investigativo. No estamos diciendo que no exista una acción de la FUNAI (Fundación Nacional del Indio) y de la Policía Federal, pero no es suficiente o no tiene la eficacia necesaria".
Dado el tamaño de la Tierra Indígena Karipuna, desde el CIMI reconocen que no es una acción muy sencilla la fiscalización. En ese sentido, ellos ven necesario "penalizar judicialmente y criminalmente a las personas que facilitan la entrada de los invasores a través de sus haciendas. Si entran invasores es porque hay alguien connivente en dejar a esas personas pasar por sus territorios e invadir esas tierras".
En ese sentido, el Consejo Indigenista Misionero – CIMI, de Rondônia, muestra su preocupación por la situación que está viviendo el Pueblo Karipuna. Hace menos de treinta años, con el proceso de colonización y con el contacto externo, el pueblo se redujo a ocho personas. De ese tiempo para acá se fue recuperando y hoy existe una población de cincuenta y ocho personas. En la época de la demarcación del territorio, eran previstas 193 mil hectáreas de área, por cuenta de los indígenas en aislamiento que hay dentro de ese territorio. Con el dictamen 1775 de 1996 ese territorio sufrió una reducción de 40 mil hectáreas.
Según el CIMI de Rondônia, "lo que ocurre del año 2011 para acá, que se agravó en el año 2015, fue una verdadera invasión del territorio por todos los lados". La causa de ese agravamiento fue la Propuesta de Enmienda Constitucional 215, que provocó una invasión más fuerte todavía. Desde el CIMI denuncian que "los invasores, los grupos económicos se sintieron fortalecidos con esa mentirosa conquista y comenzó un proceso de división de la Tierra Karipuna". En consecuencia, "uno entra en el territorio hoy, anda por todo lo que es parte del territorio, y está totalmente cortado, en un proceso de división".
La situación se agrava cada día, "incluso, dentro del territorio ya existe el catastro ambiental rural, que es cedido por la Secretaría de Medio Ambiente aquí de Rondônia, que concede licencia para el plan de manejo dentro de la Tierra Indígena, lo que facilita el robo de madera de esa tierra", según los agentes del CIMI. "Incluso ante las denuncias que el pueblo hizo, sobre todo de 2017 para acá, la situación sólo empeoró", y a partir de ahí comienza una fuerte amenaza a este pueblo, amenazas de muerte, ellos viven siendo amenazados de muerte dentro su propia casa", afirman desde el Consejo Indigenista Misionero.
Hasta el propio "Procurador de la República en el estado de Rondônia colocó esa realidad como una situación de eminente genocidio de un pueblo", según el CIMI, siendo esa "nuestra gran preocupación como Consejo Indigenista Misionero y como Iglesia de la Arquidiócesis de Porto Velho". El apoyo del Arzobispo de Porto Velho, Monseñor Roque Paloschi, Presidente del Consejo Indigenista Misionero, es total, posicionándose del lado de las reivindicaciones del Pueblo Karipuna. En ese sentido, debería ser una obligación "defender el territorio, defender a ese pueblo, sobre todo para los católicos, dentro de esa fuerte llamada que nos hace el Papa Francisco de la defensa de la Casa Común y de los habitantes y de todos los seres del Planeta", afirman los agentes.
Las denuncias ya traspasaron las fronteras de Brasil. Por dos veces, en este año de 2018, hubo dos líderes indígenas que denunciaron la situación. Uno estuvo en el Foro Permanente de la ONU para Pueblos Indígenas, en el mes de abril en Nueva York, y el otro estuvo ahora, el mes de octubre, en Ginebra, en la ONU, para denunciar esa situación, que es de verdadero descaso, según el CIMI Rondônia. "Eso sin contar todas las incidencias políticas que estamos haciendo desde 2017, directamente en Brasilia, reclamando al Gobierno Federal y al Estado Brasileño, como tal, medidas protectoras para este pueblo, y reclamando sobre todo la retirada de los invasores del territorio. En ese caso, exigiendo que el estado brasileño cumpla su papel, lo que está previsto en la Constitución Federal, que es mantener la integridad física, cultural y territorial de los pueblos", según los agentes del Consejo Indigenista Misionero.
Las amenazas de muerte que el pueblo Karipuna viene sufriendo se ha convertido en un gran desafío y una gran preocupación para los agentes del CIMI, una situación que ellos mismos reconocen que puede empeorar ante la previsión de la coyuntura política indigenista que se avecina en el país. Es necesario visibilizar esa situación, aún más ante un estado brasileño que tiene conocimiento, pero se vuelve omiso, denuncian desde el Consejo Indigenista Misionero. De hecho, los propios agentes reclaman que "deberá haber una fiscalización permanente dentro del territorio, pero según documentos y órdenes de Brasilia, esas fiscalizaciones fueron dejadas de lado, no están sucediendo, se cancelaron las operaciones de fiscalización dentro del territorio por orden de Brasilia, y esa es nuestra gran preocupación".
Aunque aún no ha ocurrido ninguna muerte, desde el CIMI dicen que las amenazas físicas y sobre todo la presión psicológica son muy grandes. Nadie tiene libertad para caminar en el territorio, ni para ir a recoger unas frutas o un remedio del bosque, o ellos mismos cazar, ir a pescar, porque corren el riesgo de ser muertos por los invasores dentro del territorio y la situación no está para andar jugándosela, según los agentes.
Desde 2017 ya fueron seis denuncias, tanto en la Policía Civil como en la Policía Federal, de esas amenazas que el pueblo viene sufriendo, pero según el Consejo Indigenista Misionero, "la policía trabaja dentro de la cuestión investigativa, y quieren nombres, apellidos, pero ese es el trabajo de la policía. La comunidad tiene el papel de denunciar y la policía hacer ese trabajo investigativo. No estamos diciendo que no exista una acción de la FUNAI (Fundación Nacional del Indio) y de la Policía Federal, pero no es suficiente o no tiene la eficacia necesaria".
Dado el tamaño de la Tierra Indígena Karipuna, desde el CIMI reconocen que no es una acción muy sencilla la fiscalización. En ese sentido, ellos ven necesario "penalizar judicialmente y criminalmente a las personas que facilitan la entrada de los invasores a través de sus haciendas. Si entran invasores es porque hay alguien connivente en dejar a esas personas pasar por sus territorios e invadir esas tierras".
