Uno de los grandes villanos en la Amazonía es la minería, que poco a poco va invadiendo todo el territorio, inclusive las tierras indígenas, algo que en Brasil es prohibido por su Carta Magna, un documento que en los últimos tiempos se ha convertido en papel mojado.

En la región del Alto Tapajós vive el pueblo Munduruku, unas 14.000 personas distribuidas en 130 aldeas, que ve como la actividad minera ha invadido sus tierras, lo que está causando una gran preocupación en los líderes indígenas. En 2019, con la llegada al poder del nuevo gobierno, que ignora derechos indígenas y favorece actividades económicas de cualquier tipo, aunque eso ponga en riesgo la vida de los pueblos y al medio ambiente, el incremento de esas actividades es, según líderes del pueblo munduruku, evidente.

Esta situación les lleva a preguntarse “¿cómo vamos a vivir después?”, lo que provoca una respuesta, “yo sé que eso no va a traer nada bueno, va a crear sólo enfermedad, con el mercurio. Eso me está dejando más triste, porque soy responsable, estoy muy preocupado. No es por mí, sino por nuestros nietos que están allí”.

Los propios líderes indígenas reconocen que poco a poco, la ley ha dejado de ser cumplida en referencia a los pueblos originarios en Brasil. Por eso, reclaman que “hay que respetar la ley, no puede haber invasor dentro del área indígena. Si la actividad minera continúa, de aquí a unos años, no va a sobrar nada”. De hecho, dentro de la tierra indígena munduruku se han llegado a contar 137 retroexcavadoras, que según los indígenas, “ensucia mucho el agua, crea mucha enfermedad y no va a traer buen resultado para nosotros. Entonces vamos a sufrir, el río ya está muerto a causa de la actividad minera y de los embalses. Eso es lo que está haciendo que el problema sea muy serio para nosotros”.

Esa actividad minera está llegando cada vez más cerca de las aldeas, algo que ha sido denunciado ante el Ministerio Fiscal, que hasta el momento no ha dado ninguna respuesta. “Cada día están entrando aún más en nuestra zona. Estamos con miedo, puede suceder algo feo allí, y no queremos ver eso, queremos el bien para nuestro pueblo, el pueblo no quiere sufrir, el pueblo quiere trabajar, estar animado, no quiere llorar”.

En esta lucha contra la minería ilegal, los mundurukus cuentan con el apoyo del Consejo Indigenista Misionero – CIMI, quienes reconocen que esta es una historia que está presente en la región desde la década de setenta, momento en que los líderes indígenas de la época ya advirtieron a su pueblo sobre los males que podría traer este tipo de actividad, algo que hoy es visto como palabras proféticas y de denuncia, pues se advertía que “iba a destruir la tierra, iba a traer enfermedad y dividir al pueblo munduruku”, lo que en la actualidad es una realidad palpable.

Los mineros han ido comprando a los indígenas, algo que se dio, por ejemplo, en una aldea llamada Puesto de Vigilancia, donde años atrás se instaló una familia “con la finalidad de hacer la frontera y bloquear, parar la entrada de mineros, la extracción de madera y otras cosas más”, como relatan agentes del CIMI. Con el paso del tiempo “esa familia se convirtió en dueños de una mina ilegal, se asoció con los blancos y comenzó una destrucción”. Hoy ya son más de ocho kilómetros de extensión y la aldea se quedó en medio, con destrucción de un lado y de otro, una aldea muy pequeña dentro de una área de destrucción.

Los meses de diciembre a febrero son los más peligrosos, pues el aumento del caudal provoca la entrada de balsas de pequeño tamaño. Lo más grave, como reconocen desde el propio CIMI “es que los mineros mundurukus están haciendo alianzas con los blancos. Recientemente, en una aldea, el capitán hizo una alianza con el dueño de dragas, cobró 3.000 reales (unos 750 euros) y entraron 30 dragas dentro de esa área. La devastación es muy grande, la fiebre del oro y del tener, conlleva una destrucción para el pueblo munduruku, trae un nuevo modelo para los jóvenes”.

Esto ha provocado un cambio de mentalidad entre los indígenas, pues como afirman los agentes del Consejo Indigenista Misionero, “comienza a construirse un nuevo paradigma, que el hombre bueno para los munduruku es el minero, que tiene dinero para beber, que sale. En cada mina ilegal dentro de la tierra munduruku ya hay cabarés y las mujeres van allí a prostituirse”.

Por otro lado, son muchos los que entre los munduruku quieren que sean implementadas las políticas públicas que la Constitución brasileña garantiza, como la Educación Indígena Diferenciada, que como fue definido en la última asamblea “debe ser pensada y construida de acuerdo con la Cultura Munduruku”, que los niños “aprendan nuestra lengua para que conozcan y valoren a nuestros antepasados, nuestras formas de cazar, pescar y preparar nuestras comidas, nuestras creencias, nuestras pinturas, nuestras danzas, nuestros cantos y todas nuestras diferentes formas de arte”. Esto debe provocar un cambio radical en la política educativa del gobierno brasileño, pues eso “no es privilegio, sino un derecho originario por el que los pueblos indígenas lucharon para ser reconocidos en la Carta Magna”.

La educación no es el único punto de reclamación por parte de los munduruku, pues en diferentes asambleas, con la presencia de agentes gubernamentales, han sido abordadas cuestiones en referencia a la sanidad y a la defensa del territorio, especialmente a los problemas derivados de la actividad minera, que perjudican la salud y amenazan el territorio, “que es lo que sostiene nuestras vidas”, pues como los propios indígenas afirman, “sabemos que tenemos el derecho a una salud y una educación diferenciada que garantice nuestra existencia y nos conceda autonomía y autodeterminación”, enfatizando que “no podemos aceptar omisión o inercia al tratarse de derechos indígenas, y más importante que eso, no podemos aceptar que nuestros derechos sean heridos o que se debilite su plena garantía”.

El pueblo munduruku que, según ellos, “siempre tuvo una relación con la naturaleza y los animales de forma armónica y de respeto, pues todos nuestros animales y plantas son considerados como ancestros”, vive en la actualidad en medio de “coyunturas políticas que han amenazado toda nuestra historia, cultura y el derecho a la posesión de la tierra”, por lo que exigen del gobierno brasileño “que asegure y cumpla todos nuestros derechos conquistados durante todos estos años de lucha”.