Los perfiles de las redes sociales de buen número de brasileños han aparecido este 2 de julio inundados de reacciones en las que muestran su indignación ante la aprobación del Proyecto de Ley que reduce la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años, llevado a cabo con alevosía y nocturnidad, y que tuvo lugar en la última madrugada dentro de los muros de un Congreso Nacional, cerrado a cal y canto, por expreso deseo de su presidente, Eduardo Cunha, quien es tachado de dictador y golpista.

Si la reducción de la responsabilidad penal a 16 años ya es un medida lo suficientemente grave, lo es todavía más cómo se ha llevado a cabo ese proceso. Menos de 24 horas después de ser rechazado el Proyecto de Enmienda Constitucional, fue votado nuevamente y aprobado, pasando de los 305 votos del día anterior a 323, suficientes para aprobar la reforma.

Muchos son los cuestionamientos que se plantean desde diferentes grupos cristianos, especialmente desde las pastorales sociales y juveniles de la Iglesia Católica, siguiendo la postura siempre defendida por la CNBB (Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil, por sus siglas en portugués) de no reducir la edad de responsabilidad penal. En este sentido, la postura oficial de la Conferencia Episcopal Brasileña siempre ha sido firme en contra de una ley que va a perjudicar sobre todo a las camadas más pobres de la sociedad.

“En estos momentos, delante de algunos hechos tristes envolviendo adolescentes, aparecen mitos y equívocos, como la idea de que la reducción solucionará el problema de la falta de seguridad. Con esto, no nos obligamos a buscar soluciones educativas. Lo que queremos es crear conciencia y demostrar que el problema es mucho más amplio, que los jóvenes tienen derecho a una nueva oportunidad”, señalaba Monseñor Murilo Krieger, arzobispo de Salvador y vice-presidente de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB).

El propio presidente de la entidad, Monseñor Sergio da Rocha, arzobispo de Brasilia, muestra que “la reducción de la edad de responsabilidad penal no resuelve el problema de la violencia. Por el contrario, lo agrava, en la medida en que no se crea un ambiente para la protección de los derechos de los niños y adolescentes”.

En esta misma dirección se expresan algunos activistas, como el periodista Leonardo Sakamoto, quien en la materia publicada en su blog, uno de los más leídos del país, afirma que el presidente de la Cámara de los Diputados fue acusado de, personalmente, presionar a parlamentarios para cambiar de posición. Así mismo, constata que algunos diputados federales también reclamaron de amenazas sufridas a través de las redes sociales. El propio presidente, según Sakamoto, en una actitud propia de quien no respeta los principios democráticos, había manifestado que no interrumpiría el proceso de repetir las votaciones hasta que no alcanzase su objetivo.

La forma de llevar a cabo la aprobación del Proyecto de Enmienda Constitucional también ha encontrado la crítica abierta de la OAB (Orden de los Abogados de Brasil, por sus siglas en portugués) y del ministro de Supremo Tribunal Federal, Marco Antonio Mello, así como del ex presidente del máximo ente jurídico del país, Joaquim Barbosa. Ambos acusan al presidente de la Cámara de los Diputados de no respetar las leyes de quien vive en un Estado Democrático y de saltarse los principios recogidos en la Constitución Federal Brasileña.

“No se puede atropellar. No se puede invertir aquella ley que es inicial: en derecho, el medio justifica el fin, y no el fin justifica el medio. Yo puedo querer llegar a un resultado. Si yo no tengo como llegar, yo tengo que recular”, señala el ministro del Supremo Tribunal Federal.

Se espera, por tanto, una fuerte lucha entre los defensores de una y otra postura. Al fin y al cabo, los diferentes modos de entender la realidad condicionan el tipo de sociedad que está siendo construida. Como casi siempre, los que pierden son los que están abajo.