(J. Bastante).- Vaya por delante que estoy a favor de una nueva regulación de las relaciones Iglesia-Estado en España, y que considero imprescindible una ley de Libertad Religiosa y de Conciencia que regule, de un lado, la participación de todas las confesiones, en plano de igualdad (aun con sus peculiaridades) en todos los aspectos de la esfera pública, y del otro, la laicidad absoluta de las actuaciones de los cargos públicos en cuanto tales. Si un alcalde, o toda la Corporación municipal quiere acudir a una procesión, estupendo: pero que no sea obligatorio ni tenga por qué representar a todos sus habitantes. Ni lo pretenda.
Me consta que los nuevos aires de la Iglesia -española y romana- van en esta línea. La Iglesia tiene el derecho y el deber de hacer oír su voz y reclamar su espacio en la sociedad, sin imposiciones de ningún tipo y sin más preferencias que las que determinen los ciudadanos. Sí a la clase de Religión -de cualquier confesión, ojo-, de carácter voluntario, y no a la financiación estatal de ninguna de ellas. Dejo esto claro porque ayer saltó la noticia de que el PSOE urge al Gobierno a derogar los Acuerdos Iglesia-Estado y a elaborar una nueva Ley de Libertad Religiosa. Y mientras nos sacude la crisis, los escándalos de financiación ilegal de partidos y sindicatos, la desconfianza en las instituciones y en los políticos, los inmigrantes se rajan en las concertinas de Melilla, uno se pregunta ¿en serio? ¿Ahora?
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