No se puede cobrar el Ibi a la Iglesia, pero debería pagarlo

La Ley es la Ley. Y, por mucho que se empeñen algunos consistorios y hasta aprueben por votación unánime que la Iglesia católica pague el IBI, no lo conseguirán. A no ser que el Gobierno central la modifique o la derogue. Hoy por hoy, ningún ayuntamiento español puede exigir que pague el IBI la Iglesia católica, porque ésta goza de una exención establecida por el art. 62 de la Ley de Haciendas Locales y por el art. 15 de la Ley de entidades sin ánimo de lucro.

En cambio, sí puede exigirse a la Iglesia el pago de la Tasa de Basuras, porque la Ley no reconoce en este caso exención alguna, salvo las que se establezcan por las ordenanzas municipales. Para que cualquier ayuntamiento pueda eliminar la exención del IBI a la Iglesia, tiene que modificarse la ley. Y eso sólo puede hacerlo el poder legislativo central.

Todo lo demás es ruido y confusión. Por ignorancia o por interés. O para presionar desde las exhaustas arcas municipales al Gobierno del PP para que dé su brazo a torcer y termine modificando la ley de mecenazgo. Una ley que, por cierto, también ampara a los bienes inmuebles de las demás confesiones religiosas, de todas las fundaciones, de todas las asociaciones de utilidad pública, de todas las ONG, así como de todas las federaciones deportivas.

No se puede, pues, obligar a la Iglesia, aunque, a mi juicio, ella misma debería ofrecerse voluntaria a pagar el IBI de los inmuebles eclesiásticos no dedicados directamente al culto. Como gesto público de solidaridad. Como gesto social de ejemplaridad. Cuando los políticos nos piden que nos apretemos el cinturón, pero ellos siguen amarrados a sus prebendas, la Iglesia católica podría ser, una vez más, signo de solidaridad ética.

No es legal cobrarle el Ibi a la Iglesia, pero sería moralmente obligatorio para ella el pagarlo. De hecho, son muchos los católicos que están pidiendo a la jerarquía que tome la decisión de “adelantarse a la jugada” y ofrecer el gesto de pagar el IBI. Lenta de reflejos y víctima de esa prudencia tan arcaica que asfixia cualquier intento de responder a las demandas sociales de una forma rápida y eficaz, la Conferencia episcopal sigue enrocada en su silencio.

Piensan los obispos que va a escampar. Creían que nadie se iba a atrever a cobrar el IBI a la institución que más está haciendo para paliar la crisis. Que los ayuntamientos no se arriesgarían a gravar a la institución hacia la que derivan los pobres a los que no pueden atender. Pero se han atrevido. Ahora mismo, o los obispos de motu proprio ofrecen ese gesto solidario o los ayuntamientos terminarán obligando al PP a modificar la ley que les permita cobrar el IBI a la Iglesia. Que terminará pagando. A regañadientes, como siempre.

José Manuel Vidal
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