Editorial. SIAME / 14 de enero.- Cuando la contratación de deuda por parte de estados y municipios es adquirida de forma responsable contribuye al desarrollo de las economías locales en beneficio de la sociedad; sin embargo, es preocupante la velocidad con que algunas entidades han endeudado irresponsable sus finanzas públicas en los últimos años, al grado de caer en la insolvencia y en la suspensión de pagos, poniendo en riesgo el futuro de sus habitantes.

Ante esta grave situación, el Gobierno Federal ha dejado en claro que no saldrá al rescate, sino que ya trabaja con las diferentes fuerzas políticas para promover una iniciativa de ley que ponga orden en este tema, que en el fondo está relacionado con la malentendida autonomía de la que gozan abusivamente las entidades federativas al no tener que dar cuentas a nadie. El asunto, pues, tiene que ver con la soberanía de los Estados, y constituye el principal reto a considerar en la propuesta de ley del Ejecutivo.

Y es que, sin afectar la adecuada libertad de gasto que permite a los estados y municipios prestar los servicios públicos y satisfacer las necesidades de sus pobladores, el Gobierno Federal tendrá que establecer procesos a fin de que estas entidades accedan al financiamiento de forma clara y responsable, pero a la vez, deberá atender tres aspectos impostergables: vigilar el gasto de los recursos otorgados por la Federación; lograr que los estados procuren una mayor y equitativa recaudación fiscal, y promover una justa asignación de los recursos públicos. Si esto no se logra, cualquier esfuerzo será superficial e infructuoso.

Sobre el segundo aspecto –que tiene que ver con una profunda reforma a la hacienda pública– resulta inaplazable involucrar de forma decidida a los estados y municipios en la recaudación fiscal, pues es inadmisible que algunas entidades reciban de la federación –con costos muy altos– más del 90 por ciento de su presupuesto, toda vez que la captación de recursos locales es prácticamente nula. Sobra describir los grandes y escandalosos huecos en las leyes fiscales que favorecen la inmoral evasión de impuestos tanto de particulares como de empresas.

En cuanto a la correcta asignación de recursos para beneficio de las poblaciones, esto sólo se logrará con la construcción de procesos de rendición de cuentas, que eviten el obsequio de dinero a los gobernadores y alcaldes, que no hacen el mínimo esfuerzo por recaudar ni por transparentar sus gastos, pero que sí exigen cada vez mayores asignaciones. También permitirá vigilar y castigar a aquellos funcionarios públicos que se benefician de las partidas presupuestales, que cometen peculado, erogaciones no justificadas o realizan un ejercicio indebido de su servicio, e incluso, que guardan algún tipo de asociación con grupos criminales.

En conclusión, el Gobierno Federal debe ver en la acelerada e irresponsable dinámica de endeudamiento de las entidades federativas una gran oportunidad para corregir algunos de los vicios que tienen estancado a este país en la mediocridad económico-financiera, y en este sentido, el combate a la impunidad y el castigo a los funcionarios que han empeñado el futuro de sus gobernados, serán señales de esperanza para un pueblo que se duele en la pobreza y en la impotencia ante la falta de herramientas legales que favorezcan el correcto uso de sus aportaciones al Estado. Los recursos deben ser canalizados a favor del desarrollo de los mexicanos y evitar a toda costa que caigan en el hoyo negro de la corrupción, que devora el patrimonio nacional y que impide el castigo a los gobernantes corruptos, a muchos de los cuales se les puede ver sin el menor decoro y decencia ocupando un lugar en el Congreso de la Unión, gozando con cinismo del fuero que les da un cargo del que son del todo indignos.