Editorial Desde la Fe / 12 de julio.- La LXII Legislatura del Congreso de la Unión aprobó, durante el último periodo de sesiones ordinarias, la Ley General de Transparencia para la Rendición de Cuentas de los Sujetos Obligados. Esta misma legislatura prometió aplicar criterios estrictos de austeridad; sin embargo, la Cámara de Diputados se perfila de nuevo hacia la opacidad y el despilfarro. La crisis y desigualdad económica golpea de forma inmisericorde a millones de mexicanos, pero la transición hacia la nueva legislatura no dejará en la orfandad a los legisladores salientes, y aunque se persiste en la negativa de otorgar bonos y gratificaciones, la bolsa a repartir en el fin de la LXII Legislatura será insultante para los mexicanos sin recursos mínimos para sobrellevar un día de necesidades familiares. De acuerdo con el Comité de Administración de la Cámara de Diputados, cada legislador tendrá garantizado el monto de la dieta –más de 105 mil pesos–, el fondo de ahorro –910 mil pesos por el trienio–, la parte proporcional de aguinaldo 2015 –93 mil 600 pesos– y un apoyo para despensa por 2 mil 700 pesos. En números redondos, la liquidación de los 500 diputados costará más de 556 millones de pesos.

La norma parece quedar de nuevo en buenas intenciones. La ley ordena a las Cámaras del Congreso de la Unión aprobar, a más tardar el 30 de agosto, los programas y ordenamientos para la reorganización administrativa que comprenden los criterios presupuestales, contables y organizacionales de los grupos parlamentarios, implicando la austeridad. Sólo después de concluida la LXII Legislatura la ciudadanía podría conocer el monto real de recursos, dietas, prestaciones y apoyos asignados. Una particularidad de la ley especifica que estas obligaciones del Congreso de la Unión “se harán efectivas conforme se implementen los programas de reorganización administrativa”, lo que quiere decir que no hay una garantía para saber cuánto se erogará por la liquidación de los 500 diputados federales.

Otro golpe que soportarán los ciudadanos será a nivel local. Las elecciones del 7 de junio renovaron 17 Cámaras locales, y los legisladores salientes de cada entidad también serán recompensados. Una muestra de opacidad y mezquindad es la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, auténtica cueva en la que no cae ni un rayo de transparencia. La VI Legislatura se soba las manos por las jugosas cantidades para sus integrantes: un bono de cerca de 150 mil pesos y más de cien mil pesos del fondo de retiro, sin contar otros beneficios que podrían ser otorgados a los 66 diputados de la ALDF.

El país no está para “recompensas y compensaciones” a diputados locales y federales. El oficio político es botín donde se generan negocios beneficiando a los que se aprovechan del cargo público. Y la corrupción se extiende cuando la transparencia sólo queda en buena intención. Lo más lamentable es la ofensa al pueblo de México que todos los días lucha por condiciones mínimas de bienestar y, sin embargo, en el bolsillo popular no hay dinero ni para conseguir los tres alimentos del día. La casta política acentúa más y más esta brecha y los gobernados cuestionan el sentido de la representatividad porque el oficio político es servicio, no prebenda. Parece que no entienden…