Nueva batalla por el tema que no logra el modelo perfecto para una sociedad con evidentes rezagos en la educación. El 25 de febrero de 2013, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la reforma educativa como parte de los cambios estructurales del país. Era “el paso decisivo” en “la construcción de un marco legal moderno y eficaz, y fortalecemos la rectoría del Estado mexicano en la educación, esencial para superar los retos de este sector estratégico para el desarrollo nacional”.

La reforma educativa se construyó sobre cimientos que auguraban una caída. Emilio Chuayffet Chemor, secretario de Educación Pública, era la mente detrás del polémico cambio. Era revancha para que “el Estado recupera de los poderes fácticos la rectoría en la materia”. El anterior secretario daba así la victoria a la reforma del sexenio de Peña Nieto en seis objetivos: la obligación del Estado de garantizar la inclusión de todos en la educación de calidad, la creación del servicio profesional docente, la operación del sistema nacional de evaluación para la educación, la instrucción del sistema de información y gestión educativas, la autonomía de gestión en las escuelas y la ampliación de escuelas de tiempo completo.

Era una “transformación” completa del sistema educativo nacional orgullo de la última administración priísta. Por ello, en aquel tiempo la oposición ahora en el poder, no vaciló en decir que la reforma no era para la profesionalización sino para controlar al magisterio, además -afirmaron- de consumar pactos entre el gobierno y la cúpula empresarial para privatizar progresivamente la educación.

Desde entonces, el país no ha vivido ni siquiera un instante de paz en la cuestión educativa. Es una guerra donde se bloquean carreteras, invadido vías de comunicación, se ha puesto en problemas a los gobiernos estatales; los educandos -niñas y niños- pierden miles de horas-clase y no hay estabilización. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció la “contrarreforma de la mal llamada reforma” que no tuvo efectos tersos y paralizó a la Cámara de Diputados hasta que el sector radical de los maestros tuviera respuesta a sus demandas y regresar a los modelos para proteger sus privilegios.

Las protestas en el Legislativo obligaron a las partes a sentarse a la mesa para erradicar cualquier vestigio de “lenguaje neoliberal”. El presidente López Obrador diría que la reforma de Peña Nieto ya “había chupado faros” por los eventuales acuerdos logrados con el magisterio que permitirían el desmantelamiento de la estructura actual.

Este nuevo capítulo no ha terminado. Ninguna de las partes aún puede decirse victoriosa. En lo esencial, los verdaderos protagonistas del cambio están en medio de este fuego, los estudiantes. La auténtica reforma sólo tendrá sentido hasta ver cómo la educación ha dotado de herramientas que niñas y niños usarán en su vida.

En 2012, los obispos de México, en el documento “Educar para una nueva sociedad” afirmaron que había una emergencia educativa. Hace siete años señalaban: “Es, por lo demás, importante reconocer los esfuerzos que actualmente se están realizando en materia de reforma educativa, entre los que se incluye la celebración de acuerdos con representantes del ámbito sindical”. En los debidos contextos, esos acuerdos que hoy se necesitan no pueden ver a largo plazo, ni deben ser motivo para regresar a los fueros magisteriales del antiguo orden.

La transformación educativa urgente que México requiere “significa amar la verdad dondequiera que se encuentre y reconocer la centralidad de la persona humana por encima de la lógica del mercado y del utilitarismo que hoy determinan aspectos fundamentales de los procesos educativos…” (CEM. EDUCAR PARA UNA NUEVA SOCIEDAD. Reflexiones y orientaciones sobre la educación en México, 2012, p.47.)