Editorial Desde la Fe / SIAME. 17 de agosto.- Con la perspectiva de aceleración del crecimiento económico, disminuir precios de energéticos y fortalecer las pequeñas empresas, esta semana se publicó en el Diario Oficial de la Federación la legislación secundaria en materia energética, como el culmen del ciclo de cambios estructurales realizados por la presente administración.

Hasta la saciedad, se prodigan alabanzas sobre el futuro próspero de México para escribir la nueva historia de éxito, poniendo fin al freno del desarrollo; sin embargo, y a pesar de los buenos propósitos, las reformas tardarán años en dar frutos tangibles y la mejoría económica y dinero abundante en los bolsillos de las familias son hasta ahora meras ilusiones.

Después de la promulgación de la reforma energética, se consideraría prudente evaluar el estado de las llamadas “reformas transformadoras”, distantes de los presuntos beneficios prometidos, como la hacendaria, supuestamente motivadora de “impuestos justos, transparentes y simples”.

Y es que en octubre de 2013, las modificaciones tributarias se promovieron bajo el espíritu “social” para beneficiar a sectores desfavorecidos con principios de equidad y justicia contributivas, incrementar la recaudación y acabar con el terrorismo hacendario para generar signos de confianza sobre la buena y honrada administración de la riqueza. Hasta aquí todos estamos de acuerdo, pero la reforma se legisló sobre sendas casi inexpugnables, donde los contribuyentes –sobre todo los pequeños–, afrontan retos y vericuetos imposibles de resolver con los elementales principios de sencillez, eficacia o de estímulos reales; a lo anterior, se suma el descalabro a los microempresarios al acabar con el régimen simplificado y de pequeños contribuyentes, desanimando así este tipo de iniciativas y fomentando, a la larga, lo que se pretende evitar, la evasión fiscal.

Por otro lado, no puede ignorarse la lacerante corrupción que no sólo ha venido creciendo exponencial y escandalosamente, al ser protegida por la opacidad y la falta de rendición de cuentas (lo que propicia la impunidad de servidores públicos), sino que provoca la desconfianza de los contribuyentes que saben que con sus impuestos pagan los dispendios, los excesos y los vicios de la clase política y de los funcionarios públicos.

Hace casi un año, en septiembre de 2013, los promotores de la reforma hacendaria anunciaron su propuesta como una “buena noticia” para los mexicanos, un “verdadero cambio de paradigma”, y reconocían la demanda para que el “país crezca desde ahora”. Sin embargo, las disposiciones hacendarias cobran, cada día, la deslegitimación cuando más mexicanos no ven claramente sus beneficios, pero sí tienen que resistir sus efectos, y por otra parte, resulta evidente el dispendio público y la corrupción de funcionarios inmorales.



El gobierno debe demostrar con firmeza que el combate de la corrupción y la impunidad van de la mano de las grandes reformas, y que el interés verdadero es la creación de empleos, el abatimiento de la pobreza en la que vive más de la mitad del país, y el fomento a la economía, que ha tenido un crecimiento preocupantemente mediocre.