Editorial Desde la Fe / 20 de julio.- En noviembre de 2012 la Cámara de Diputados reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para extinguir la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) –obra de la alternancia del año 2000– y concentrar nuevamente todas sus funciones en la Secretaría de Gobernación. Los motivos fueron dudosos, pero finalmente se logró poner todas las instancias administrativas de seguridad pública, seguridad nacional, vigilancia fronteriza y migratoria e inteligencia bajo esta dependencia.

Los hechos en materia de seguridad acaecidos recientemente; es decir, la vergonzosa fuga de uno de los delincuentes más connotados, pone en tela de juicio la viabilidad de aquella reforma y la concentración de funciones en una entidad política encargada del gobierno interior. La subjetividad populista legislativa justificó la “supersecretaría” bajo el argumento de que “la sociedad mexicana exige emprender acciones para proveer tranquilidad y seguridad en todo el territorio nacional para cada persona y familia”. El colofón de estas dulces promesas de tranquilidad y seguridad se refrendarían por la presencia del “Estado mexicano fuerte” y la capacidad de sus instituciones en todo tiempo y cada rincón del territorio nacional. La simpleza en el cambio de estrategias para fortalecer la coordinación sería factible para proseguir con éxito el combate contra el crimen organizado y la delincuencia. Todo regido por la Secretaría de Gobernación.

Desde el renacimiento de la supersecretaría, cualquier observador avezado está en condiciones de enjuiciar la labor de la entidad que concentra competencias diversas, incompatibles y dispares: desde coordinar a los secretarios de Estado, compilar la normatividad nacional, fijar el calendario oficial, guardar las efemérides, registrar firmas oficiales de funcionarios, publicar el Diario Oficial, censurar algunas publicaciones, registrar a la población del país, expulsar extranjeros indeseables, dirigir la política migratoria, promover el desarrollo municipal, vigilar casinos, juegos y sorteos, administrar el patrimonio insular, regular el uso del escudo, la bandera y el himno nacionales, coordinar el sistema de protección civil, vigilar a las asociaciones religiosas y culto público (por cierto, esta subsecretaría se encuentra vacante desde hace seis meses, una muestra más del gigantismo inoperante) hasta las de seguridad pública, de seguridad nacional e inteligencia, entre las que destacan desde la aprobación de las empresas de servicios de seguridad privados hasta la Coordinación del Consejo Nacional de Seguridad, la atención integral a las víctimas del delito y la fallida omnipresencia en la administración del sistema penitenciario de máxima seguridad.

A casi tres años, los legisladores del Honorable Congreso de la Unión no regatearon a la actual administración el renacimiento de la supersecretaría; no obstante, la competencia de la Secretaría de Gobernación fue jurídicamente desnaturalizada para imponer criterios ineficaces que confunden a un organismo político como aparato policial. La supersecretaría muestra ineficacia en sus acciones de seguridad pública y la efectividad del sistema de inteligencia. Hace unos días, la supersecretaría vino a ser minisecretaría.