Editorial Centro Católico Multimedial / Menuda crisis tienen enfrente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El repudio de los pueblos y comunidades de Morelos al Plan Integral Energético que involucra a tres estados de la región centro del país tuvo el trágico capítulo del asesinato del activista Samir Flores Soberanes, ocurrido el miércoles 20 de febrero. Encabezaba los actos de repudio de la termoeléctrica y el inicio de operaciones en Huexca. De acuerdo con las primeras indagatorias, el homicidio sería perpetrado por células del crimen organizado. Morelos ha padecido este flagelo cuando, al menos, cinco cárteles se disputan esa plaza y a uno de ellos estaría asociado un supuesto comando que pretende el control y distribución de agua en el Estado.

En julio de 2011, durante la presidencia de Felipe Calderón, el Proyecto Integral Morelos fue anunciado. Comprende dos centrales de generación eléctrica que consumen gas natural transportado en ductos de Pemex de Tlaxcala, Puebla y Morelos; la operación de la termoeléctrica requiere de un acueducto de 10 kms desde Cuautla para dar completa funcionalidad al complejo. La inversión total es de 1,600 millones de dólares y de acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, representaría un ahorro anual de más de 3 mil 600 millones de pesos en cuanto a la generación y distribución de energía para Morelos.

Aun cuando fue un proyecto de las presidencias señaladas por la actual administración de corruptas, el Presidente de la República considera positivo el Plan Integral que implicaría electricidad más barata aunque los ejidatarios y productores lo rechazan por los potenciales perjuicios al ambiente, la contaminación del agua y el peligro que podría generar el vapor de la planta a los cultivos. Según el documento “Informe sobre el impacto negativo de la termoeléctrica en Huexca y la región oriente de Morelos” elaborado de manera colaborativa por integrantes de la academia, organizaciones de la sociedad civil y pobladores de las comunidades afectadas, dirigido al presidente López Obrador, existen evidencias fehacientes de daños a la salud, de serios impactos al medio ambiente y de riesgos por los gasoductos en áreas de actividad volcánica. Se lee en el Informe que “el CENAPRED y la máxima casa de estudios del país (UNAM), recomendaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), revisar el trazo del gasoducto, sobre todo en las zonas de alto impacto. Además de que la paraestatal, realice estudios más amplios y a detalle de las zonas críticas. No se tomó en cuenta la actividad volcánica, la sismicidad regional, y la inestabilidad de los suelos que está atravesando”.

No obstante el repudio de las comunidades, el 23 y 24 de febrero, las comunidades son convocadas a otra de las consultas populares de López Obrador. El asesinato de Samir Flores vendría a perjudicar sus resultados y recomendaban suspenderla en tanto no se tuviera certeza de quién lo victimó. Incluso, el movimiento llegó hasta la misma mesa de Mons. Ramón Castro Castro, a quien le fue entregada una carta sobre los hechos. Esta crispación empujó a la diócesis de Cuernavaca a respaldar el aplazamiento de la consulta y “no se desarrolle al menos en este tiempo donde se ha dado este asesinato del activista Samir y que no son condiciones para que se pueda llevar a cabo…” según diría el vicario general diocesano.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador enfrenta esta primera crisis que proviene del clamor popular. Hasta las puertas de Palacio Nacional enfrenta este enojo y ahora la consulta es como espada de dos filos y hay una vida perdida. Con justa razón ese pueblo ya parece haber dado su respuesta: “La decisión está tomada, la consulta a la chingada”.