Editorial CCM / Concluido el período ordinario de sesiones, la Cámara Baja dejó en publicación el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales para la reforma de trece artículos de la norma fundamental a fin de incorporar a la controvertida Guardia Nacional, un cuerpo híbrido que sería la solución a los problemas de seguridad y violencia del país. Al haberse aprobado en la comisión de dictamen respectiva y con las opiniones favorables de los integrantes de las comisiones de Gobernación y de Seguridad Pública, su naturaleza va más allá de lo que supone una mera instancia de seguridad pública y comunitaria.

La Guardia Nacional se sostiene en pilares polémicos como puede leerse en el dictamen de reformas. Una “Institución del Estado que participará en la salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de las personas, protegiendo su seguridad y patrimonio, así como los bienes de la nación en los casos y bajo las condiciones dispuestos en la Constitución y en las leyes”. El mando irá pasando, según los planes de escritorio, de los militares a los civiles realizando el progresivo retorno de los militares a los cuarteles.

Para el Secretario de Seguridad Pública, no se trata de militarizar a la policía sino de policializar a las fuerzas armadas. La frase sólo encierra la justificación de la presencia militar en las calles bajo la apariencia civil. Un cambio de insignias, pero sin la mutación deseada especialmente por organismos de la sociedad civil que, una década después de la presencia de fuerzas militares en las calles, no perciben el sensible descenso de la violencia. Un informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) “Huellas imborrables: desapariciones, torturas y asesinatos por instituciones de seguridad en México (2006-2017)” publicado en noviembre pasado, determina la alta incidencia de violaciones a los derechos humanos presumiblemente cometidos por soldados y marinos.

El documento concluye que las Fuerzas Armadas “fueron las instituciones con más alto índice de comisión de violaciones graves, en proporción con el resto de las responsables. De las 1069 víctimas de diversas violaciones a derechos humanos individualizadas en las recomendaciones, 91 fueron víctimas de asesinato, 94 lo fueron de desaparición y 389 de tortura debido al actuar de miembros del ejército y la marina”.

No obstante, la creación de la Guardia Nacional ha caminado más por la imposición que por el diálogo. A pesar de que el Presidente de la República ha dicho que él “sin el pueblo vale nada”, ha prescindido de una consulta popular previa para conocer cuál sería el nivel de aceptación de la Guardia y, aunque se puede prever el resultado, en la Cámara de Diputados prácticamente se quería dar un albazo para sacar al final del período ordinario esta reforma que entra en la fase de “audiencias” a realizarse en San Lázaro a partir del 8 de enero y que se han criticado como una pasarela que no influirían en la decisión hecha.

Sin tener aún un sustento jurídico, el gobierno de México crea una especie de leva mediática y propaganda para reclutar a miles de jóvenes que en spots lucen la insignia azul de la “GN”, con “ellos estaremos mejor”. ¿Hacia dónde vamos con esta militarización de la seguridad? La Iglesia enseña que “la profesión militar es instrumento legítimo para la seguridad y la libertad de los pueblos y para el mantenimiento de la paz mediante la justicia y el perdón”.(Mensaje de los obispos castrenses a los capellanes y personal de las fuerzas armadas, Roma, 27 de octubre, 2006). Por lo pronto, la Guardia Nacional ha nacido, es una decisión tomada que necesita cubrir ciertos requisitos de trámite sólo para guardar las apariencias.