"Hay que recordarle al nuncio del Perú que es imprescindible hacer justicia y no política en el caso Sodalicio" Caso Sodalicio: El juego de monseñor Gualtieri

Las autoridades del Sodalicio de Vida Cristiana siempre han creído y sostenido que la institución tiene un carisma divino, es decir, un “don gratuito que Dios concede a algunas personas en beneficio de la comunidad”, como lo define el diccionario de la Real Academia Española. Argumentan que la aprobación del Sodalicio como “sociedad de vida apostólica de derecho pontificio” el 8 de julio de 1997, por obra del Papa Juan Pablo II, confirmaría este don recibido del Espíritu Santo.

Sin embargo, si miramos un poco detrás de la narrativa oficial que quieren hacer creer a la opinión pública, llegaríamos a la conclusión de que el Espíritu Santo —si es que existe— habría sido el último en enterarse, pues todo esto parece más bien ser fruto de un trabajo de lobby eclesiástico con participación de cardenales y obispos de dudosa reputación.

Este trabajo de lobby que tuvo su momento estelar en el V Congreso Internacional de Nueva Evangelización rumbo al Tercer Milenio (Lima, octubre de 1995), el último de una serie de congresos sobre la reconciliación que había organizado el Sodalicio a lo largo del tiempo en Arequipa (1985), en El Callao (1986), en Tacna (1987) y nuevamente en El Callao (1989), con la excusa de profundizar en una determinada línea de pensamiento (la teología de la reconciliación), pero que en realidad sirvieron para tejer una red de contactos eclesiásticos que permitirían la expansión de la institución a otros países y su ascenso en la escala de poder al interior de la Iglesia católica.

Como ejemplo, cabe mencionar que el cardenal colombiano Alfonso López Trujilo (1935-2008), el cual tomó al Sodalicio bajo su protección, fue invitado de honor en cuatro de estos congresos “teológicos”, no asistiendo al de Tacna en 1987. Sabiendo por investigaciones periodísticas —mencionadas por el periodista francés Frédéric Martel en su libro “Sodoma: Poder y escándalo en el Vaticano” (2019)— que López Trujillo habría tenido encuentros pasionales clandestinos con jóvenes trabajadores sexuales, a los cuales maltrataba con violencia, o que en Colombia apoyó a los paramilitares, responsables de asesinatos y violaciones de los derechos humanos, según un informe de 2016 de la Pacific School of Religion (Berkeley, California), podemos concluir que el prelado colombiano era la persona ideal para promover una institución en la cual, cuando recibió la aprobación pontificia, ya se habían cometido abusos sexuales y eran consuetudinarias las prácticas disciplinares que se asemejan a torturas físicas y psicológicas, las cuales constituyen verdaderas violaciones de derechos humanos fundamentales.

José Rey de Castro, exsodálite que vivió 18 años a la sombra de Figari bajo régimen de esclavitud moderna, señala respecto al evento de 1995 que «los grandes invitados de aquel congreso de la reconciliación serían quienes apoyarían luego la aprobación pontificia del SCV, pues se habían llevado una gran opinión de ellos en este evento y habían visto una buena “vitrina” preparada por el SCV», vitrina que incluyó decisiones anómalas como la aceleración de profesiones perpetuas (o consagración a perpetuidad) de numerosos sodálites —sin importar si verdaderamente tenían vocación a la vida religiosa—, el aumento considerable de aspirantes al Sodalicio así como la fundación de nuevas casas de comunidad. Y, por supuesto, el incremento de sodálites enviados para su formación a las casas sodálites del balneario de San Bartolo, donde se cometieron un sinnúmero de atrocidades.

En ese evento estuvo el cardenal James Francis Stafford, entonces arzobispo de Denver, quien posteriormente visitaría en plan de buenas migas en el año 2016 a Luis Fernando Figari en su retiro romano, cuando ya se sabía de los abusos que había cometido. Lo mismo hizo el cardenal Francisco Errázuriz, que arrastra fama de encubridor, diciendo que estaba visitando a un “viejo amigo”.

El Sodalicio no ha abandonado sus viejas costumbres e intenta seguir moviendo sus influencias a fin de revertir las expulsiones de 14 de sus miembros que han sido separados de la institución, junto con el fundador Luis Fenando Figari. Sobre las primeras 10 expulsiones, comunicadas oficialmente el 25 de septiembre de este año, emitió un comunicado 5 días después, el 30 de septiembre, afirmando que aceptaba «esta decisión con espíritu de humildad y obediencia a lo dispuesto por el Santo Padre». Sin embargo, sobre las expulsiones de José Ambrozic y el P. Luis Ferroggiaro del 21 de octubre, y las expulsiones del P. Jaime Baertl y Juan Carlos Len Álvarez, del 23 de octubre, no ha dicho una sola palabra hasta el día de hoy.

Además, el P. Jaime Baertl se niega a reconocer su expulsión porque eso significaría aceptar sus graves faltas, es decir, que se enriqueció ilegítimamente gracias al Concordato firmado entre el Estado peruano y el Estado vaticano. Baertl usó a las organizaciones del Sodalicio y la mano de obra barata de los sodálites para ganar ingentes cantidades de dinero que le asegurara además tener poder político y ser el niño mimado de los empresarios en el país.

Desde el principio, según una estrategia acostumbrada en el Sodalicio, habría intentado dinamitar la credibilidad de la Misión Especial del Papa Francisco —integrada por Mons. Charles Scicluna y Mons. Jordi Bertomeu—, enviada al Perú en julio de 2023 para investigar los abusos del Sodalicio. Y todo ello a través de terceros, que supuestamente no tendrían ninguna relación con la institución. Me refiero a Giuliana Caccia, quien se presentó taimadamente ante Mons. Bertomeu como víctima de dos de las víctimas más emblemáticas del Sodalicio, conocidas por nunca haber cejado en su empeño de dar a conocer los abusos cometidos al amparo del sistema de formación y disciplina del Sodalicio: José Enrique Escardó y Martin Scheuch (yo mismo), cuando en realidad lo único que podía mostrar era un puñado de mensajes en la red social X.

Y está también Sebastián Blanco, exsodálite, que creyó que, dando un testimonio benigno y positivo sobre el Sodalicio, podría contrarrestar los testimonios de abusos que se presentarían ante la Misión Especial. Pero lo que no contó Caccia a Mons Bertomeu es que Sebastián Blanco es su cuñado, pues su cónyuge actual es Ignacio Blanco, exsodálite que durante años fue secretario personal del mismo Luis Fernando Figari.

Desde hace más de 15 años Giuliana Caccia trabaja en organizaciones vinculadas al Sodalicio y ese rol le permite presentarse como católica devota —defensora de la vida y de la familia, y detractora de la homosexualidad—, a la vez que actúa como troll en las redes en las redes sociales, sin importarle llevarse por delante a uno que otro familiar muy cercano. En sus presentaciones en el Congreso de la República del Perú, Caccia dice una y otra vez que ama a la familia, y se persigna y reza en entrevistas por YouTube, pero en la vida real no tiene reparos en romper familias alentando las diferencias y haciendo que sus miembros se espíen unos a otros. ¿Lo puede negar el señor Gonzalo Valderrama, suegro del exsodálite y víctima del Sodalicio Renzo Orbegozo, a quien Giuliana Caccia le preguntó si tenía fotos de Orbegozo con Mons. Bertomeu, con el fin de publicarlas y pretender “demostrar” así que la Misión Especial carecía de objetividad e imparcialidad?

Pues en este último objetivo se habrían concentrado los esfuerzos de Jaime Baertl, sobre todo cuando Caccia y Blanco, un año después de la presencia de la Misión Especial en el Perú, presentaron el 23 de agosto de este año una denuncia contra Mons. Jordi Bertomeu por “violación del secreto profesional”. Una denuncia que no tiene visos de prosperar y que probablemente será archivada, pero que tal como estaba planteada servía para desacreditar a uno de los miembros de la Misión Especial y “a todos aquellos que resulten responsables”, es decir, también a Mons. Scicluna y al Papa Francisco.

Evidentemente, con esto se suscitaba desprecio hacia la Santa Sede, se intentaba impedir el ejercicio de la potestad eclesiástica y se vulneraba el honor de terceros (las víctimas denunciadas). En consecuencia, se les exigió a ambos personajes. bajo pena de excomunión, retirar la denuncia, entre cosas. Una denuncia que, además, requiere de la mano de un abogado para su presentación, cuya identidad aún desconocemos, así como tampoco sabemos de dónde salen los fondos para pagar sus honorarios.

El último 23 de noviembre, Caccia y Blanco fueron recibidos por el Papa en audiencia privada, una audiencia que fue solicitada por Mons. Paolo Rocco Gualtieri, Nuncio Apostólico en el Perú, supuestamente gracias a las presiones de prelados afines al Sodalicio, entre ellos Mons. Javier del río, arzobispo de Arequipa, en cuya circunscripción eclesiástica el Sodalicio gestiona la Universidad Católica San Pablo y donde el P. Luis Ferroggiaro habría cometido los actos de pederastia de que se le acusa.

La reunión con el Papa habría terminado con la anulación del precepto penal contra Caccia y Blanco, tal como ambos comunicaron en un video ese mismo día, sin que ellos se hubieran retractado. Evidentemente, no se habrían presentado como personas vinculadas al Sodalicio, pues el Papa Francisco no ha querido reunirse hasta ahora ni con el Superior General de la institución ni con ningún integrante de su Consejo Superior.

Mons. Gualtieri eligió pasar a la historia como la persona que coloca en el altar de la política a las víctimas del Sodalicio en lugar de escuchar sus reclamos de justicia que comenzaron con las denuncias de José Enrique Escardó en el año 2000. No consideró por un momento la ruptura de confianza que ello iba a significar para las víctimas del caso Sodalicio frente al esforzado trabajo de la Misión Especial. El encuentro de Caccia y Blanco con el Papa Francisco es una afrenta a los sobrevivientes del caso Sodalicio. Todo ello como abierta maniobra del cerebro financiero del Sodalicio, el sacerdote Jaime Baertl, ya que Caccia y Blanco forman parte del esquema económico de la organización.

Todo el trabajo de Mons. Scicluna y Mons. Bertomeu —que agradecemos como sobrevivientes— está en riesgo por acción del Nuncio Paolo Rocco Gualtieri. Empezó bien. Todos recordamos su primer discurso en Perú ante el cuerpo diplomático. Pero por quedar bien con los obispos cercanos al Sodalicio y con el sacerdote Jaime Baertl, presionó al Papa Francisco para que recibiese a Caccia y Blanco. Una traición al Papa Francisco que lo nombró y a sus colegas Scicluna y Bertomeu.

Hay que recordarle a Mons. Gualtieri que es imprescindible hacer justicia y no política en el caso Sodalicio, y es por esa razón que el dinero que, gracias al Concordato, acumularon indebidamente las empresas vinculadas al Sodalicio —dirigido por Jaime Baertl desde las sombras— debe regresar a las víctimas y cerrar así un proceso que avanzaba bien y que no debe ser interrumpido en el último minuto. Si esto no se corrige, llegó el momento de hacer campaña para denunciar el Concordato entre el Perú y el Vaticano después de las elecciones del 2026. Si el Vaticano quiere hacer política a costa de las víctimas y dejarlas sin una justa reparación, al menos que no las asocien a sus turbios manejos económicos. Avisados están.