El arzobispo de San Salvador rechaza el proyecto de ley de reconciliación nacional La Iglesia salvadoreña rechaza que el sacerdote asesinado fuera amenazado por maras

El sacerdote asesinado, Cecilio Pérez, con el cardenal Rosa Chávez
El sacerdote asesinado, Cecilio Pérez, con el cardenal Rosa Chávez

El padre Cecilio Pérez Cruz fue ejecutado a tiros en la localidad de Juayúa, al oeste de San Salvador

Monseñor Escobar Alas asegura que "confiamos en que las autoridades aclararán esta situación y se hará justicia"

El Gobierno condena el "vil" asesinato e insta a la policía a "redoblar esfuerzos y capturar a los responsables"

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, aseguró este domingo que el sacerdote Cecilio Pérez Cruz, asesinado a tiros en la localidad de Juayúa, al oeste de la capital, "no fue amenazado por pandillas" y tampoco "pagaba extorsión".

La edición digital de La Prensa Gráfica de El Salvador publicó el sábado que en el lugar del crimen se encontró una nota donde supuestamente se dice que el cura salvadoreño no pagó una extorsión a una pandilla, sin embargo, esto no ha sido confirmado por las autoridades.

Escobar Alas señaló que la Iglesia descarta que el asesinato esté relacionado con el pago de extorsión e indicó que el religioso era "una persona que se llevaba bien con todo mundo y era muy alegre".

"¿Cuál es el verdadero móvil (del asesinato)? No lo sabemos, pero confiamos en que las autoridades aclararán esta situación y se hará justicia", apuntó el jerarca católico.

El crimen del sacerdote Pérez Cruz fue perpetrado dentro de la parroquia San José la Majada, del cantón del mismo nombre, según la Fiscalía salvadoreña, que no ha brindado más detalles sobre el asesinato, el cual fue condenado por el Gobierno salvadoreño.

"El Gobierno de El Salvador lamenta profundamente y condena el vil asesinato del sacerdote Cecilio Pérez, párroco de la iglesia San José La Majada, en Juayúa, Sonsonate", expresó el Ejecutivo a través de un comunicado.

El Gobierno indicó que, tras el hecho criminal, dio instrucciones precisas a las autoridades de Seguridad para "redoblar esfuerzos y capturar a los responsables".

El Salvador es considerado uno de los países más violentos del mundo por las tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes de entre 103 y 50,3 registradas entre 2015 y 2018, índices atribuidos principalmente a las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18.

Según los analistas, las "maras" son uno de los principales problemas que el presidente electo salvadoreño, Nayib Bukele, deberá enfrentar tras tomar el poder el 1 de junio próximo.

La Iglesia rechaza ley de reconciliación

Mientras tanto, la Iglesia católica de El Salvador rechazó este domingo la Ley de Reconciliación Nacional debatida por la Asamblea Legislativa, señalando que de aprobarse dejaría impunes los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil.

“Estamos muy preocupados de que se está queriendo pasar a toda prisa una Ley de Reconciliación que sería en práctica otra ley de amnistía injusta, una ley espuria, totalmente ilegitima que pretende proteger a los victimarios", dijo en conferencia de prensa el arzobispo Escobar Alas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó recientemente su profunda preocupación por la iniciativa afirmando que podría “propiciar la impunidad" para quienes cometieron delitos graves durante el conflicto armado de 1980 a 1992 que cobró la vida de más de 75.000 personas y dejó unos 10.000 desparecidos.

En julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional una ley de amnistía aprobada en 1993 tras la difusión de un reporte de la ONU sobre atrocidades cometidas durante el conflicto. Al declarar inconstitucional esa ley, la Sala estableció que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles.

"Lo más sano", una justicia transicional

La Sala también ordenó a la Asamblea Legislativa que elaborara antes de julio de 2019 una nueva ley de reconciliación nacional que garantizara la verdad, la justicia y las reparaciones para las víctimas, y que ofreciera garantías de que esos delitos no se repitan.

Pero el jerarca de la iglesia católica salvadoreña denunció que la comisión que estudia el proyecto de ley está integrada por personas que tuvieron participación directa en el conflicto armado.

El prelado católico dijo que “lo más sano" para el país sería una justicia transicional coma la que ya se puso en práctica en Sudáfrica.

Añadió que en su opinión no es necesario que los victimarios vayan a la cárcel, pero sí que sean llevados a juicio, que se conozca la verdad, “que pidan perdón y que haya un acto reparativo, eso es lo menos que se les puede pedir". 

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