De nada han servido los recientes llamados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al gobierno ecuatoriano para que retome el control de los penitenciarios. Ayer, la misma Michele Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, instó al gobierno del presidente Guillermo Lasso, investigar los hechos y reformar el sistema de Justicia y el penitenciario, teniendo en cuenta que el Estado es el responsable de las muertes por ser personas que están bajo su custodia.
Este es el enésimo motín protagonizado en un centro penitenciario ecuatoriano. En abril de este año, fueron 20 las víctimas mortales en el penitenciario de Cuenca, pero en 2021, cerca de 320 presos murieron en enfrentamientos entre bandas relacionadas principalmente con el narcotráfico. Uno de los más dramáticos fue el de septiembre pasado, donde 119 reclusos perdieron la vida en el Centro de Rehabilitación del Litoral, seguido por las 62 víctimas del motín en la cárcel de Guayaquil en noviembre.
Esfuerzos insuficientes en la rehabilitación
“Un tema complejo y delicado” el de las cárceles ecuatorianas, asegura a Vatican News, el presidente de la Conferencia Episcopal de Ecuador (CEE), monseñor Luis Cabrera Herrera. Lo hace con conocimiento de causa porque la Iglesia, por convocatoria de la presidencia de la República, forma parte de la Comisión de Pacificación y Diálogo Penitenciario, que ha tenido acceso a las principales cárceles del país, concretamente en Guayaquil, Quito, Cuenca, Latacunga, y ahora, Santo Domingo.
“Desde nuestra perspectiva, uno de los puntos realmente más urgentes es el sistema de rehabilitación que se ofrece en las cárceles. Es un sistema, en pocas palabras, muy deficitario, un sistema que realmente no ayuda a qué las personas puedan recuperarse en todas sus dimensiones, empezando por sus principios espirituales, éticos, pero también a nivel profesional, de tal forma que la cárcel pueda ser una escuela para luego reinsertarse en la sociedad”, señala monseñor Cabrera como problema principal.
En manos del crimen y el narcotráfico
El también arzobispo de Guayaquil constata que la grave situación de hacinamiento – “cárceles pensadas para 2 mil personas alojan a 4 o 5 mil” - lleva a otros problemas como la alimentación, la salud y la educación: “Hay un esfuerzo, hay que reconocerlo, por parte del Estado ecuatoriano, pero igualmente son esfuerzos pequeños e insuficientes como para responder a tal situación”.
“Queramos o no queramos los penitenciarios dependen de grupos organizados, que trafican droga, que tienen mucho dinero y al final son los que imponen también sus decisiones”. Lo dice monseñor Cabrera en un tono lapidario que narra una realidad que “viene desde hace muchos años, muchas décadas y, por eso muy difícil para el gobierno”.
De un sistema punitivo al curativo
El problema de fondo para el presidente del episcopado ecuatoriano es que los sistemas penitenciarios siempre están pensados desde una perspectiva punitiva, de castigo, de humillación, de control y de anulación de las personas.
“Mientras tengamos este tipo de leyes punitivas – advierte monseñor Cabrera - concentradas únicamente en el castigo, es muy difícil encontrar la solución, sobre todo porque tenemos que pasar de un sistema punitivo a un sistema curativo donde las personas comiencen a descubrir dentro de sus condiciones en la cárcel, sus capacidades, que tienen mucho que ofrecer y, a partir de allí, viene la educación, la formación en todos los sentidos, ético, espiritual, laboral, social, familiar.
En este contexto, el prelado considera que el problema se presenta en muchas cárceles a nivel mundial porque el problema está en la concepción del mismo Código de derecho penal, que está pensado en delitos y penas. Sin embargo, para monseñor Cabrera, de nada valen más penas y castigos porque psicológicamente, hasta que el ser humano no tome conciencia de su dignidad, del propio valor como persona, de su libertad y sus convicciones, el cambio será muy difícil.
La Iglesia en primera línea
Monseñor Cabrera subraya que la pastoral carcelaria de la Iglesia ecuatoriana está bien organizada y cuenta con numerosos voluntarios y agentes en los distintos centros de rehabilitación. Es un apoyo motivacional, espiritual, celebrativo, pero también de desarrollo de iniciativas, como por ejemplo en la cárcel de Ambato, donde se ha creado un fondo de microcréditos, que ayuda a que las personas privadas de la libertad a recomenzar y capacitarse en diferentes actividades que luego ponen al servicio de la sociedad.
Al manifestar la preocupación y dolor por la masacre en el penitenciario de Santo Domingo, el presidente del episcopado asegura que hechos como estos refuerzan el compromiso de la Iglesia para seguir trabajando primero en la prevención, buscando fuentes de trabajo, de educación y, sobre todo, en el campo de la rehabilitación, para que las personas no recaigan en la delincuencia. “Nosotros – concluye - estamos dispuestos a ofrecer lo mejor de tal forma que las personas se rehabiliten, y no solo a nivel físico sino espiritual”.
