Mensaje de denuncia ante la crisis energética y la inacción del Gobierno Obispos de Puerto Rico, indignados: "Vivmos una nueva amenaza, el colapso de los servicios de energía eléctrica"

Puerto Rico. Colapso de Energía elécrica
Puerto Rico. Colapso de Energía elécrica

"La vulnerabilidad que vive el país desde que comenzó la crisis económica, hace poco más de quince años, agravada por los fenómenos naturales y la pandemia de los últimos cuatro, tiene ahora una nueva amenaza"

"La ausencia de este servicio esencial menosprecia a los puertorriqueños. Pocas responsabilidades públicas impactan tan directamente a los ciudadanos"

"La dependencia de combustibles cada vez más caros y limitados y la carga económica que se impone a los consumidores en vez de ser asumida por los responsables de esta crisis merece nuestra denuncia"

"Repudiamos el claro abandono de responsabilidades que termina creando un vacío de servicio del país, en vez de luchar para dar una mejor vida a nuestro pueblo"

"Hoy, más que nunca, es necesario velar por la eficacia y la eficiencia de las instituciones gubernamentales y por el uso adecuado de los recursos públicos"

"Acogemos las múltiples alternativas que se han propuesto por parte de peritos y personas muy al tanto de la situación energética. Nuestro Gobierno no puede evitar su responsabilidad, su deber, su obligación"

"Esperar, después de los acontecimientos del verano 2019, que los puertorriqueños y puertorriqueñas se mantengan adormecidos ante lo que representa injusticia y opresión social, es desconocer el cambio de actitud que se refleja en nuestra sociedad"

"Con el papa Francisco llamamos a la solidaridad, a construir puentes y buscar soluciones efectivas, eficientes y que, ante todo, protejan la dignidad y adelanten el bien común, desde la compasión y el acompañamiento misericordioso"

"De poco sirve al país que los poderes públicos se enfrasquen en una controversia de carácter político, más dirigido a evitar la responsabilidad"

Mensaje de la CEP ante la crisis energética

4 de octubre de 2021

Memoria San Francisco de Asís

Queridos fieles, hermanos y hermanas puertorriqueños:

Una vez más, las circunstancias que atraviesa el País nos obligan a expresarnos como pastores del pueblo de Dios que peregrina en esta bendita tierra, conscientes de que todo lo que afecta la dignidad humana, su cuidado, sostenimiento y desarrollo, requiere ser iluminado por la verdad de la fe, aun en sus dimensiones sociales y prácticas más complejas. La vulnerabilidad que vive el país desde que comenzó la crisis económica, hace poco más de quince años, agravada por los fenómenos naturales y la pandemia de los últimos cuatro, tiene ahora una nueva amenaza: el colapso de los servicios de energía eléctrica. Como siempre que hay vulnerabilidad, el riesgo es el del descarte, particularmente de aquellos que de tantas maneras dependen de este servicio.

La ausencia de este servicio esencial menosprecia a los puertorriqueños, nos empobrece en nuestras vidas, en nuestro espíritu, en nuestra libertad y en el ejercicio libre de nuestro albedrío. Impacta negativamente a todos en la seguridad, en la salud, en la educación, en la cultura, en el libre ejercicio de nuestras creencias religiosas, en la economía. Pocas responsabilidades públicas impactan tan directamente a los ciudadanos.

Nuestra preocupación sobre este tema había quedado patente en el mensaje que dirigimos previo a las elecciones del año pasado. Allí expresamos:

"Igual preocupación merece la manera en que se continúa respondiendo a la crisis económica que vive el país y a la crisis energética que se ha agravado desde el huracán María. (…) Se necesitan nuevas formas de generación de energía que no dependan de los combustibles fósiles o que resulten en desperdicios nocivos que ponen en riesgo a tantas personas. Cualquier propuesta en esta dirección debe basarse en estudios serios y confiables sobre su viabilidad y su impacto socioeconómico en el país y no por vías expeditas que no garantizan sus resultados." (De la tribulación a la esperanza, núm. 15)

La falta de planificación, mantenimiento y desarrollo adecuado del sistema, la privatización en la que se sobrepone el interés privado al bien común y el bienestar general del pueblo, la administración de los fondos de emergencia para proteger esos intereses ajenos, la dependencia de combustibles cada vez más caros y limitados y la carga económica que se impone a los consumidores en vez de ser asumida por los responsables de esta crisis merece nuestra denuncia. El deber de suplir energía eléctrica a nuestro país es un deber público.

No importa el modelo organizacional que se utilice, es el Gobierno de Puerto Rico el que tiene la obligación de ofrecer a todos los puertorriqueños el nivel de calidad mínima en el servicio eléctrico que nos permita una vida plena.

De poco sirve al país que los poderes públicos se enfrasquen en una controversia de carácter político, más dirigido a evitar la responsabilidad de cada uno que a obtener la solución para todos. La calidad de vida que provee un sistema eléctrico que sirve bien al país es una manifestación del respeto a la dignidad de cada ser humano. No es tolerable que ya pasado más de una quinta parte del Siglo XXI se pretenda que en Puerto Rico se viva de la forma en que se vivía hace más de ochenta años en cuanto al acceso a servicio eléctrico. Sobre todo, cuando el riesgo, al igual que después del huracán María, es el de la posibilidad de miles de pérdidas de vidas humanas.

Expresamos nuestro repudio a que los puertorriqueños seamos peones en un tablero de discusiones y peleas pequeñas entre los responsables de la actividad pública. Repudiamos el claro abandono de responsabilidades que termina creando un vacío de servicio del país, en vez de luchar para dar una mejor vida a nuestro pueblo. Ese vacío reduce la capacidad del país de atender y resolver sus problemas. Reiteramos por ello lo expresado en nuestro mensaje Puerto Rico: hora de fe y esperanza, para los comicios electorales del 2016:

Hoy, más que nunca, es necesario velar por la eficacia y la eficiencia de las instituciones gubernamentales y por el uso adecuado de los recursos públicos en un balance entre las necesidades actuales de los ciudadanos y los proyectos que garantizan nuestro desarrollo hacia el futuro. Las políticas públicas de gasto e inversión, de préstamos y obra pública han sacrificado la estabilidad de nuestra economía y han puesto en riesgo el futuro y el desarrollo real del País y sus generaciones venideras, particularmente, en obras que no han redundado en una mejora en nuestra calidad de vida. ¡Basta de políticas económicas basadas en contribuciones e impuestos que recaen, mayormente, en la clase media y en los menos afortunados! El efecto de estas políticas ha sido la ruina económica y la motivación de muchos para abandonar el País. (Núm. 16)

Acogemos las múltiples alternativas que se han propuesto por parte de peritos y personas muy al tanto de la situación energética, por ejemplo:

Hacemos un llamado a la responsabilidad de cada uno de los sectores con autoridad sobre este asunto.

Es necesario exigir la liberación de los fondos de emergencia asignados para la recuperación del sistema eléctrico que totalizan sobre $9,600 millones de dólares.

Hay que hacer las reparaciones de emergencia y sostenimiento del sistema que permitan atender la crisis presente y evitar que continúe agravándose.

Debe evaluarse una moratoria en la conversión de las plantas generadoras al uso de gas ante los costos cada vez más crecientes y ante el hecho de que no resuelve los problemas de dependencia de combustibles fósiles ni de distribución de los que adolece actualmente el sistema.

Deben favorecerse y financiarse proyectos de micro redes que se sustenten en sistemas fotovoltaicos, particularmente en los sectores más vulnerables y donde la distribución sujeta a riesgos climáticos y ambientales hace más patente la necesidad de atender la dependencia del sistema actual.

Así mismo, debe evitarse penalizar mediante el llamado “impuesto al sol” a quienes han tenido que asumir el costo de garantizarse a sí mismos y a sus familias la provisión del servicio.

Es claro que la situación actual no es nueva y viene acumulándose por años y condiciones atribuibles a distintos sectores y administraciones. Sabemos también que las relaciones actuales entre LUMA, la Autoridad de Energía Eléctrica, los sectores gremiales y la forma en que se ha manejado la transición de producción y distribución no ha sido efectiva ni satisface a las necesidades del país. Igual resulta ser de los planes que se esbozan a corto, mediano y largo plazo. Todo plan de reconstrucción y desarrollo del país tiene como base la provisión de un servicio eléctrico que sea económico estable, robusto y del cual se pueda depender.

Nuestro Gobierno no puede evitar su responsabilidad, su deber, su obligación. Corresponde al Señor Gobernador y a los funcionarios del ejecutivo, en particular al Negociado de Energía de Puerto Rico y a los funcionarios legislativos, superar las diferencias pequeñas que los dividen y aunar esfuerzos para el logro de las soluciones, que repetimos, no son lujos o privilegios, si no derechos de cada puertorriqueño. A la incomodidad y al sufrimiento que causa el mal servicio, no se le puede añadir la carga a los consumidores de mayor costo económico.

Finalmente, no se puede pretender que el pueblo se resigne y acepte un servicio ineficiente y los costos que se le suman. Pretender llamarle a ello resiliencia ofende la actitud real que ha asumido nuestro pueblo valiéndose por sí mismo y en su propia capacidad y comunidades para superar las circunstancias que se han generado y sucedido desde María. No fue en vano nuestra advertencia sobre este tema en el mensaje electoral de 2020:

En estos pasados años se nos ha identificado como un pueblo resiliente y se ha hecho de esta cualidad un valor. Sin embargo, corremos el riesgo de no darnos cuenta que ello puede ser una manera de acostumbrarnos a las condiciones existentes o a su empeoramiento. Así se convierte en una manera de subsistencia, de ser así porque no nos queda más remedio, porque no hay otra alternativa. Entonces nos sumiremos en un letargo que imposibilitará el verdadero despertar que merecemos como pueblo. No se trata de la mera adaptación y asumir el cambio de circunstancias. Tiene que ser la fuente de nuestra fuerza, perseverancia y esperanza para levantarnos. (Núm. 24)

Esperar, después de los acontecimientos del verano 2019, que los puertorriqueños y puertorriqueñas se mantengan adormecidos ante lo que representa injusticia y opresión social, es desconocer el cambio de actitud que se refleja en nuestra sociedad.

Con el papa Francisco llamamos a la solidaridad, a construir puentes y buscar soluciones efectivas, eficientes y que, ante todo, protejan la dignidad y adelanten el bien común, desde la compasión y el acompañamiento misericordioso. Ponemos en manos de María, nuestra madre y protectora, esta circunstancia y tiempo que enfrentamos.

 Que el Señor los bendiga y proteja siempre,

 +Rubén A. González Medina, CMF

Obispo Diócesis de Ponce

Presidente de la CEP

+Roberto O. González Nieves, OFM

Arzobispo Metropolitano de San Juan

+Eusebio Ramos Morales

Obispo Diócesis de Caguas

Vicepresidente de la CEP

Alberto A. Figueroa Morales

Obispo Auxiliar de San Juan

Secretario–Tesorero de la CEP

+Daniel Ferؘnández Torres

Obispo Diócesis de Arecibo

+Ángel Luis Ríos Matos

Obispo Diócesis de Mayagüez

+Luis F. Miranda Rivera, O.Carm.

Obispo Diócesis de Fajardo-Humacao

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