Francisco podría excomulgar a los curas Corradi y Corbacho El Vaticano será "implacable" contra los abusadores del Instituto Próvolo
La Santa Sede será "implacable" contra los abusadores del Instituto Próvolo. Al menos esto es lo parece desprenderse del nombramiento de Alberto Bochatey como interventor de la congregación religiosa.
El propio Bochatey destacó que la decisión la tomó el papa Francisco a raíz de los primeros informes que los investigadores enviados del Vaticano -los curas Dante Simón y Juan Martínez- hicieron llegar a la Santa Sede sobre la investigación de las denuncias por abuso sexual y corrupción de menores en la sede mendocina del instituto religioso para chicos sordos. Este proceso involucra únicamente a los curas Nicola Corradi (81) y Horacio Corbacho (58), puesto que solo los miembros del clero están sujetos a las investigaciones eclesiásticas.
La decisión de intervenir la congregación responde a la falta de respuestas -ante las denuncias de abusos- por parte de quienes hasta hace unos días eran las autoridades de la Compañía de María para la Educación de Sordomudos, quienes fueron desplazadas. De hecho, fueron los propios investigadores quienes entregaron al Papa en sus manos el material, al tiempo que mantuvieron una reunión con el Sumo Pontífice.
La intervención, ordenada por la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, permanecerá "hasta que la Santa Sede lo disponga" y responde a fallas "gravísimas" que se han detectado. En segundo lugar, la investigación sobre la participación de Corradi y Corbacho en la comisión de los delitos denunciados.
El desenlace de esta historia está ahora en manos del Vaticano, que debe dirimir entre cinco resoluciones posibles. La primera es solicitar mayores precisiones al considerar que hay faltante de información; otra posibilidad es solicitar el archivo del caso por considerarlo inconsistente; mientras que la tercera alternativa es la imposición de una pena temporal (suspensión) o máxima (expulsión).
En caso de esta última, se eleva la resolución al Papa para que dimita del estado sacerdotal a los culpables. Incluso hasta puede haber excomunión. La Iglesia además puede ordenar un proceso penal canónico administrativo, para lo cual confía a un obispo que haga el proceso y que investigue, recoja pruebas y brinde al acusado la posibilidad de que se defienda con abogado. Es el obispo, en nombre de la Santa Sede, quien dicta el decreto penal. La quinta y última posibilidad es ordenar un proceso penal judicial.
(RD/Agencias)
