Fallece el jesuita Javier Giraldo, defensor de las víctimas y de los derechos humanos en Colombia

El sacerdote jesuita Javier Giraldo Moreno, símbolo de la memoria resistente desde los oprimidos de Colombia y guardián ético de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, falleció este martes 25 de agosto en Bogotá.

El deceso del padre, una de las voces más rigurosas en la documentación del conflicto armado colombiano, fue confirmada por fuentes directas de su entorno. El sacerdote se encontraba hospitalizado en estado crítico en el Hospital San Ignacio de Bogotá, luego de haber sufrido una caída en su domicilio la noche del lunes 17 de agosto. La gravedad del golpe llevó a su traslado de urgencia.

Defensores de derechos humanos y comunidades religiosas ya habían manifestado preocupación por su estado. Horas más tarde llegó la noticia que temían.

Para muchos, Giraldo era el principal referente ético de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, a la que acompañó durante casi tres décadas.

Formado en la teología de la liberación

Giraldo nació en 1944 y se ordenó dentro de la Compañía de Jesús. Estudió Filosofía y Teología en la Pontificia Universidad Javeriana, con una especialización posterior en análisis regional en la Universidad de París.

Sus primeros años como sacerdote transcurrieron en barrios populares de Bogotá. Allí lo marcó el pensamiento de Camilo Torres Restrepo, el sacerdote al que la prensa bautizó como el «cura guerrillero» y que había muerto en combate en 1966. A diferencia de Torres, Giraldo optó por la vía civil y encontró en la teología de la liberación su forma de compromiso social.

Ese compromiso se consolidó en el Centro de Investigación y Educación Popular, el CINEP, donde coordinó el Banco de Datos de derechos humanos e impulsó la revista Noche y Niebla. Su registro sistemático de masacres desmontó durante años las narrativas oficiales sobre el conflicto.

En 1988 cofundó, además, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que reúne a decenas de congregaciones católicas dedicadas al acompañamiento de víctimas del conflicto armado.

Contra el paramilitarismo de Estado

Pocos investigadores colombianos documentaron con tanto rigor la génesis institucional del paramilitarismo. Con pruebas reunidas durante décadas, Giraldo sostuvo que estos ejércitos privados de extrema derecha no nacieron de forma espontánea, sino amparados en el Decreto 3398 de 1965.

La norma, impulsada tras una misión militar estadounidense, autorizó por primera vez armar civiles bajo la doctrina contrainsurgente. El paramilitarismo le permitía al Estado ejercer el terror sin pagar el costo político de hacerlo por cuenta propia.

Fue también un crítico frontal de la Ley de Justicia y Paz de 2005. Para Giraldo, la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia fue una ficción, y sus estructuras siguieron operando bajo nuevas siglas, como las Águilas Negras o el Clan del Golfo. Esa pregunta —quién sostiene al paramilitarismo, y no solo quién lo ejecuta— ocupó buena parte de sus últimos años de investigación, centrados en el capital privado.

Reunió buena parte de esos hallazgos en libros como «El paramilitarismo en Colombia»: su origen, sus estructuras, su impunidad (2004) y Víctor Carranza, alias El Patrón (2012, escrito junto al entonces senador Iván Cepeda).

A ellos se suma ¿Del paramilitarismo al paramilitarismo? Radiografías de una paz violenta en Colombia (2023). Buena parte de esa obra está reunida en el sitio Desde los Márgenes.

Multinacionales, tierra y armas

El capital privado tampoco escapó al análisis de Giraldo. Sostuvo que las multinacionales que operaron en Colombia durante el conflicto actuaron como socias activas del despojo de tierras y de la persecución a sindicalistas y campesinos, no como simples víctimas de extorsión.

El caso más documentado fue el de Chiquita Brands, heredera de la antigua United Fruit Company, en el Urabá antioqueño. Giraldo reconstruyó cómo la bananera costeó a bloques de las AUC bajo la fachada de pagos por seguridad privada, a través de las cooperativas Convivir.

Según sus cálculos, ese esquema canalizó 1,7 millones de dólares hacia las estructuras armadas. También registró el ingreso de miles de fusiles y millones de cartuchos por puertos controlados por las bananeras, a bordo de buques como el Otterloo, con destino al llamado Bloque Bananero.

Cuando la justicia estadounidense condenó después a la empresa a indemnizar a las víctimas, Giraldo consideró la sanción insuficiente. En Colombia, recordaba, ningún empresario ni filial local había sido condenado penalmente.

Extendió esa misma tesis al sector petrolero, al carbón y a la agroindustria de la palma. Documentó allí el mismo patrón —empresas que financiaron estructuras armadas para proteger su operación, silenciar sindicatos o desplazar comunidades enteras— y reunió esos casos en el libro Justicia PARACOlombia.

Ese patrón, insistía Giraldo, no fue casual. Fue el mecanismo mismo de apertura económica del país. El vaciamiento violento de territorios estratégicos despejó el camino a los grandes proyectos de infraestructura y explotación de recursos, siempre con el respaldo del aparato estatal.

Apartadó, la trinchera sin armas

Giraldo acompañó, desde 1997, a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el Urabá, un experimento de resistencia civil no violenta frente a todos los actores del conflicto. Documentó más de 200 crímenes cometidos contra sus integrantes, entre ellos la masacre de 2005, en la que fueron asesinados el líder Luis Eduardo Guerra y varios miembros de su familia.

Esas pruebas las llevó ante instancias judiciales e internacionales, para exponer cómo actuaban de forma coordinada la guerrilla, los paramilitares y la fuerza pública.

Seis décadas buscando a Camilo Torres

Si algo definió el temple de Giraldo fue la persistencia. Durante seis décadas insistió en la búsqueda de los restos de Camilo Torres Restrepo, el sacerdote que había marcado su vocación. Torres estaba desaparecido desde 1966, cuando murió en combate en Patio Cemento, Santander como integrante de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La desaparición, afirmó siempre Giraldo, fue producto de una estrategia militar deliberada para impedir que su tumba se convirtiera en un símbolo de resistencia. Esa espera terminó el 15 de febrero de este año. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas había iniciado la investigación humanitaria en 2019.

Reconstruyó la ruta del cuerpo desde el sitio del combate hasta un cementerio de Bucaramanga, y confirmó su identidad mediante una coincidencia genética con el padre de Camilo, Calixto Torres. Giraldo recibió los restos en una ceremonia íntima, rodeado de sacerdotes que habían compartido esa misma búsqueda. Sobre la urna depositaron ornamentos que Camilo había usado en su vida religiosa.

También recordaron sus textos evangélicos y las proclamas que publicó en el periódico Frente Unido.

En la crónica que Giraldo publicó al día siguiente en su sitio web, Desde los Márgenes, describió aquel encuentro como «un hito que no me pertenece a mí, sino al pueblo colombiano» que se identifica con el legado de Camilo.

Recordó también a Isabel Restrepo, la madre de Camilo, que murió sin conocer el paradero de su hijo.

Los restos, anticipó, descansarían en un nicho de la capilla Cristo Maestro de la Universidad Nacional, donde Camilo había sido capellán y profesor, y donde ayudó a fundar la Facultad de Sociología. Allí, escribió Giraldo, Camilo regresaba para interpelar sobre la vigencia del «amor eficaz», esa necesidad imperativa de transformar las estructuras sociales para que la justicia dejara de ser privilegio de pocos.

Lo que deja Giraldo

Javier Giraldo Moreno fue uno de los últimos testigos directos de la construcción del paramilitarismo en Colombia. También fue de los pocos dispuestos a nombrar, con nombre propio, a quienes lo financiaron. Quedan el Banco de Datos del CINEP, la Comisión de Justicia y Paz, la Comunidad de Apartadó y una decena de libros sobre el capital y las armas que sostuvieron la guerra.

Todo ese archivo seguirá siendo, para quien quiera entender cómo operó y cómo persiste el paramilitarismo en Colombia, un punto de partida obligado. Su nombre se suma, desde hoy, al de Camilo Torres. El país los recordará juntos, como a los dos curas que no callaron frente al horror.