En Guatemala: Foppa vive. Todos somos Foppa: ni un paso atrás en la construcción de un país distinto

Hay muertes que interrumpen una vida. Hay otras que, además, obligan a una sociedad a mirarse al espejo. El asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrido el 17 de octubre de 2026 en el Campo Marte de la Ciudad de Guatemala, pertenece a esta segunda categoría. En el mismo ataque murió Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, judoca, cuya memoria merece también un lugar en el duelo colectivo.

Cada uno tuvo su propia historia, sus vínculos, sus sueños y sus ausencias. No se trata de confundir sus trayectorias ni de atribuirles motivaciones comunes que no están demostradas, sino de reconocer la dignidad de ambos y de exigir que sus muertes se esclarezcan con rigor, independencia y respeto a la verdad. Mientras el nombre de Foppa convoca interrogantes sobre la fiscalización del poder, la muerte de Aguilar Gamarro recuerda que ninguna víctima puede reducirse a una noticia, una hipótesis o un expediente.

Por eso la consigna “Foppa vive. Todos somos Foppa” no puede ser una frase emotiva ni un homenaje pasajero. Es una interpelación ética, política y ciudadana, y ya tiene fecha y destinatarios. El 26 de octubre de 2026, a nueve días del abominable asesinato, los amigos, allegados y compañeros de lucha de Juan Francisco hicieron público un comunicado dirigido al presidente de la República, al fiscal general, a la sociedad guatemalteca y a la comunidad internacional. Denuncian la alarmante falta de resultados tangibles, advierten de la injerencia de las fuerzas de seguridad y del entorpecimiento de las pesquisas, y formulan cinco exigencias. Este texto las examina y las desarrolla.

Una historia familiar que Guatemala no ha terminado de llorar

La historia de Juan Francisco no comienza con los disparos. Detrás de su apellido está su abuela, Alaíde Foppa, poeta, feminista y mujer de palabra libre, desaparecida el 19 de diciembre de 1980 durante las dictaduras militares. Con ella, la familia conoció la ausencia, el exilio, la persecución y las preguntas sin respuesta que tantas familias guatemaltecas siguen cargando.

Sergio Vega, analista de la vida política guatemalteca, lo expresó en una elegía publicada en redes sociales dos días después del crimen, titulada: “Foppa. La palabra que no podrán enterrar”: hay familias que heredan tierras, fortunas y apellidos que abren las puertas del poder; la familia Foppa heredó ausencias.

Sus circunstancias no son idénticas, pero los une una pregunta que atraviesa generaciones: ¿qué sucede con una sociedad cuando la violencia interrumpe vidas, destruye vínculos y deja a las familias sin respuestas? Guatemala la conoce demasiado bien. Las desapariciones, los asesinatos políticos y el exilio dejaron heridas que no se cierran porque cambien los gobiernos.

Cuando la palabra incomoda al poder

Juan Francisco Solórzano Foppa no era un observador ajeno a las instituciones. Había dirigido la Superintendencia de Administración Tributaria y participado en investigaciones criminales del Ministerio Público, lo que le dio conocimiento de los mecanismos de investigación, de las estructuras delictivas y de la dificultad de establecer responsabilidades cuando los intereses políticos y económicos entran en juego. Luego trasladó esa experiencia al debate público: en sus publicaciones examinó la seguridad, el sistema penitenciario, la corrupción y los posibles vínculos entre actores políticos y estructuras criminales.

Sus afirmaciones, como las de cualquier ciudadano, debían someterse al contraste de los hechos; algunas de sus hipótesis requerían verificación, y ninguna denuncia debe convertirse automáticamente en sentencia. Pero esa exigencia de rigor no disminuye una pregunta fundamental: ¿puede una democracia garantizar que quienes denuncian posibles abusos hablen sin miedo?

En cualquier democracia, la fiscalización del poder es indispensable. El problema surge cuando los intereses afectados pretenden deslegitimar toda crítica y convertir al denunciante en enemigo. Como señala Vega, lo más incómodo de esta historia es la pretensión de que la ley alcance también a quienes siempre han estado por encima de ella. Una democracia que teme a las preguntas debilita las condiciones que la hacen posible, y un Estado que no protege a quienes ejercen la crítica compromete su propia credibilidad.

Huité: una pregunta que no puede quedar sin investigar

Dos días antes de su asesinato, Foppa publicó un video sobre la masacre de Huité, Zacapa, en la que murieron ocho personas. Expuso allí una interpretación que apuntaba a una operación clandestina con participación de la CIA y apoyo del ejército nacional. Esas conclusiones no están demostradas, y la cercanía temporal entre el video y el crimen tampoco permite, por sí sola, establecer una relación causal.

Pero las preguntas son legítimas y deben responderse: ¿de dónde procedía su información?, ¿qué podía verificarse?, ¿qué fuentes consultó?, ¿existe alguna relación entre sus denuncias y el crimen? La verdad no se construye eligiendo de antemano la versión que confirme nuestras convicciones, sino reuniendo pruebas, contrastando testimonios y sometiendo las hipótesis a una investigación independiente. Reclamar justicia para Foppa significa exigir que se examinen todas las líneas pertinentes, incluida cualquier conexión con sus denuncias, y rechazar por igual el encubrimiento y la fabricación de culpables.

Nueve días sin resultados: cuando el crimen se confunde con la autoridad

El tiempo es la primera variable de cualquier investigación criminal. En los primeros días se preservan o se pierden las evidencias, se recogen o se olvidan los testimonios, se aseguran o se contaminan los rastros. Por eso es tan grave que, a nueve días de un crimen cometido en un espacio público de la capital que conmocionó al país, no existan resultados tangibles que permitan confiar en que la verdad está al alcance. La ciudadanía tiene derecho a una respuesta rápida, rigurosa y verificable, no a la dilación, el silencio o las declaraciones que pronto se olvidan.

Más grave aún es lo que denuncia el círculo cercano de la víctima, que no habla como observador distante sino con dolor, indignación y firmeza: que agentes del Estado intentan empañar, entorpecer y desviar las averiguaciones, y que existe una clara injerencia de las fuerzas de seguridad.

No podemos afirmar sin pruebas concluyentes que una estructura clandestina haya cometido el asesinato. Pero la historia de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) obliga a no descartar esa línea si existen indicios verificables. Vega lo formula como esa frontera peligrosa donde el crimen busca confundirse con la autoridad. El desafío es determinar si hubo solo autores materiales o también actores que planificaron, facilitaron, encubrieron o intentaron desviar la investigación, y esclarecer cualquier irregularidad en las diligencias iniciales, que debían respetar la ley, preservar las evidencias y garantizar el debido proceso.

Una acusación de esta gravedad no se responde con descalificaciones ni con silencio. Corresponde al Estado demostrar con hechos quién dirige las diligencias, qué evidencias se han recogido y cómo se custodian, qué líneas están abiertas, qué actuaciones de las fuerzas de seguridad han sido revisadas y qué mecanismos impiden la interferencia. Si la denuncia fuera infundada, la manera de refutarla es la transparencia. Si tuviera fundamento, estaríamos ante la forma más grave de impunidad: no la que deja de investigar, sino la que investiga para que nada se esclarezca.

Rige además un principio elemental: nadie puede ser juez y parte en su propia causa. Cuando quienes reclaman justicia cuestionan a las fuerzas de seguridad, estas no pueden controlar el ritmo, el alcance ni las conclusiones de la investigación. Señalarlo no declara culpable a nadie; reconoce que la apariencia de imparcialidad forma parte de la garantía de la verdad. Una investigación en la que la sociedad no puede confiar es, en la práctica, una investigación que ya ha fallado. Guatemala conoce el costo de esa desconfianza: la historia de Alaíde enseña que la impunidad empieza mucho antes del archivo del expediente, con las primeras omisiones y los casos que se enfrían mientras el país mira hacia otro lado.

No necesitamos santos: necesitamos verdad

Una de las contribuciones más lúcidas de Vega es su negativa a convertir a Foppa en una figura perfecta. “No era un santo”, afirma la elegía. Tenía contradicciones, como todo ser humano, y por eso su dignidad no necesita una biografía idealizada. En un país que obliga a escoger entre héroes intocables y enemigos absolutos, una persona puede haber cometido errores o protagonizado controversias y conservar todos sus derechos fundamentales. Ninguna contradicción justifica un asesinato, ninguna diferencia ideológica autoriza la violencia y ninguna denuncia, por polémica que sea, elimina la obligación de investigar y respetar el debido proceso.

Defender a Foppa no significa convertir sus hipótesis en verdades oficiales ni usar su muerte para acusar indiscriminadamente a adversarios políticos. Significa defender su derecho a vivir, a expresarse, a equivocarse y a envejecer, como recuerda Vega. No hablamos solo de un exfuncionario o un denunciante, sino de un hombre, un padre, un familiar y una vida que merecía continuar.

Esa misma exigencia de humanidad vale para Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro. Su muerte no puede quedar como una mención secundaria porque la trayectoria pública de Foppa concentre la atención. Ser judoca era parte de su historia, pero no agota quién era: tenía su identidad, sus vínculos y un valor irreductible, y quienes lo querían merecen verdad, justicia y respeto. La centralidad de Foppa en este análisis responde a las preguntas políticas e institucionales que plantea su asesinato, no a una jerarquía entre vidas. Investigar un posible móvil político y reconocer la dignidad de todas las víctimas son obligaciones compatibles; ninguna investigación que esclarezca una muerte a costa de olvidar la otra cumplirá con la verdad debida a las dos familias.

La impunidad también produce miedo

El asesinato de alguien que participa activamente en el debate público proyecta sus efectos más allá de su entorno. Si no se esclarece, alimenta el temor de quienes investigan, denuncian, informan o cuestionan a los poderosos. El mensaje de un crimen impune es devastador: mejor no preguntar, mejor no denunciar, mejor no incomodar. No hace falta una amenaza explícita: basta con que se extienda la percepción de que criticar puede costar caro y de que las instituciones no siempre protegen a quien lo hace. Así se deteriora la democracia desde dentro: cuando la ciudadanía se autocensura, los denunciantes pierden confianza y la discusión pública queda condicionada por el miedo.

Esa responsabilidad alcanza a todos. Las instituciones deben investigar y proteger; el periodismo, verificar y preguntar; las organizaciones sociales y las universidades, defender los derechos fundamentales; la ciudadanía, rechazar la intimidación como forma de resolver diferencias políticas. Y todos debemos entender que la libertad de expresión no es una concesión de quienes gobiernan, sino el derecho que permite exigirles cuentas.

Foppa vive: una consigna que interpela a toda Guatemala

¿Qué significa afirmar que Foppa vive? No es negar su muerte ni refugiarse en el sentimiento. Es impedir que su asesinato consiga un segundo objetivo: que las preguntas desaparezcan con él. Foppa vive cuando la ciudadanía exige que se esclarezcan los hechos, cuando las denuncias de corrupción se examinan con seriedad, cuando los periodistas investigan sin intimidación y las instituciones responden por sus actos.

Y Foppa somos todos, no porque todos compartamos sus posiciones, sino porque todos tenemos derecho a vivir en un país donde disentir no sea peligroso, denunciar no sea una condena anticipada y la justicia no dependa de la posición que cada persona ocupa en la sociedad. Esta es la dimensión universal de su caso: no es una causa reservada a sus simpatizantes, sino una exigencia compartida por quienes piensan como él y por quienes discrepan, por quienes respaldan al gobierno y por quienes lo critican. De lo contrario, la justicia quedaría subordinada a la conveniencia de cada grupo.

Lo que se exige: acciones inmediatas, verdad y justicia

El comunicado del grupo de amigos de Foppa no se limita a lamentar. Formula cinco exigencias puntuales a quienes tienen en sus manos las decisiones capaces de cambiar el curso de la investigación: el presidente de la República y el fiscal general. En ellas se mide la distancia entre la palabra y los hechos.

Al presidente de la República

1. Destitución inmediata de la cúpula de la Policía Nacional Civil y de la cúpula militar. La exigencia es dura y debe entenderse con precisión: no presupone la culpabilidad de quienes ocupan hoy esos cargos, que solo podría establecerse con pruebas y debido proceso. Responde a una lógica institucional: si se denuncia que las fuerzas de seguridad interfieren en una investigación, la autoridad de la que dependen debe despejar de inmediato toda sospecha de manipulación, y la forma más inequívoca de hacerlo es apartar a quienes ejercen el mando. Mantenerlos envía el mensaje contrario: que la conveniencia de las estructuras pesa más que la verdad debida a las víctimas.
2. Garantías reales para una investigación independiente, seria e imparcial, que impidan que las fuerzas de seguridad y demás agentes del Ejecutivo interfieran o manipulen el proceso. La palabra decisiva es “reales”: las garantías declarativas abundan en Guatemala y han servido muchas veces para sustituir a los hechos. Una garantía real se puede verificar: cadena de custodia transparente de las evidencias, acceso de las familias y sus representantes a la información que la ley permite, peritajes independientes, informes públicos periódicos y consecuencias claras para quien interfiera. Si el Ejecutivo afirma que no hay interferencia, debe aceptar que terceros lo comprueben.
3. El inicio real de la transformación institucional y de la lucha contra la corrupción, la causa justa por la que, según el comunicado, Foppa entregó su vida. El móvil del crimen deberá establecerlo la investigación, pero la causa es justa con independencia de ello, y la expresión “inicio real” encierra una crítica: el discurso ha ido por delante de los hechos y las promesas de cambio no han alcanzado todavía a las estructuras que permiten silenciar a quien denuncia y dejar el crimen sin castigo. Sin esa transformación, cada caso esclarecido será una excepción y no una regla. Esa causa no pertenece a ningún gobierno ni partido: toda administración será juzgada por la distancia entre lo que proclama y lo que transforma.

Al fiscal general de la República

1. Fiscales respaldados, pero independientes, libres de presiones e interferencias que comprometan su imparcialidad y transparencia. Respaldados, porque nadie puede afrontar un caso así sin recursos, protección y el apoyo firme de la institución; independientes, porque ese respaldo no puede convertirse en subordinación al poder político, a las estructuras señaladas ni a las conveniencias internas del propio Ministerio Público, que además debe rendir cuentas públicas de sus decisiones para que su independencia sea visible y no un acto de fe.
2. Persecución penal rigurosa que alcance tanto a los autores materiales como a los intelectuales que planearon este cobarde crimen, para que enfrenten todo el peso de la ley. Es la exigencia más incómoda: en Guatemala es relativamente fácil castigar a quien ejecuta y mucho más difícil llegar a quien ordena, financia o encubre. Una condena que dejara intacta la cadena que instruyó a los ejecutores sería un cierre en falso, que calmaría la indignación sin devolver la verdad. Pero el rigor tiene su correlato: nadie puede ser presentado como culpable sin pruebas, y ninguna urgencia justifica fabricar responsables. El rigor de la ley protege por igual a víctimas y acusados.

Los sectores críticos advierten que no permitirán que este vil crimen quede impune ni caiga en el olvido, porque la memoria de Foppa exige acciones concretas y no discursos vacíos. Ese será el criterio para juzgar a cada institución: no por lo que declare, sino por lo que haga. Nueve días sin resultados ya son demasiados. La impunidad se fabrica con el paso del tiempo, y una sociedad que lo ha aprendido a costa de demasiadas víctimas debe llevar la cuenta de cada día.

Ni un paso atrás en la construcción de una Guatemala distinta

La Guatemala que necesitamos no se construirá solo con declaraciones de indignación. Requiere instituciones que investiguen sin interferencias, funcionarios sometidos a la ley, mecanismos efectivos de rendición de cuentas y una ciudadanía que no delegue por completo la defensa del bien común. Exige también romper con la normalización de la violencia: no podemos acostumbrarnos a que los asesinatos sean noticias pasajeras ni a que los expedientes permanezcan abiertos sin respuestas convincentes. La memoria de las víctimas debe traducirse en compromisos concretos: exigir el esclarecimiento de los crímenes, acompañar a las familias, proteger a quienes denuncian y rechazar toda utilización partidista de la justicia.

En vísperas del proceso electoral de 2027, esta responsabilidad cobra especial relevancia. La democracia no consiste solo en acudir a las urnas: supone garantizar que las personas puedan organizarse, expresarse, competir por cargos públicos y participar sin que la violencia determine quién puede hablar y quién debe callar. Si el asesinato de Foppa tuvo una motivación política, esclarecerla será también defender esas libertades; si las pruebas conducen a otras conclusiones, la obligación será la misma: establecer la verdad y hacer justicia.

Desde una perspectiva ética y cristiana, esta exigencia tiene una profundidad particular. La dignidad humana no depende del poder, la riqueza, la ideología o la popularidad; la justicia no puede tener una medida para los poderosos y otra para los débiles; y la paz auténtica no consiste en silenciar los conflictos, sino en crear condiciones para resolverlos mediante la verdad, el derecho y la participación ciudadana.

La palabra que no podrán enterrar

Alaíde Foppa dejó una ausencia y una memoria que atravesaron generaciones. Juan Francisco deja sus propias preguntas, su trayectoria pública y una muerte que exige esclarecimiento. La memoria debe ser crítica; la investigación, independiente; la justicia, imparcial; y la ciudadanía, perseverante.

No sabemos aún qué revelará el esclarecimiento definitivo. Precisamente por eso no podemos renunciar a las preguntas ni reemplazar las pruebas por sospechas. Lo que sí sabemos es que ninguna sociedad es verdaderamente democrática si la violencia impone silencio allí donde las instituciones deberían garantizar libertad y protección.

Foppa vive, Foppa somos todos: ni un paso atrás en la construcción de una Guatemala distinta. Que esta consigna no sea solo un grito de duelo, sino un compromiso sostenido con la verdad, la justicia, la libertad y la dignidad humana. Que la memoria de Juan Francisco y Gustavo Adolfo nos ayude a romper la indiferencia y a rechazar la impunidad. Porque una Guatemala distinta no se construye escogiendo qué víctimas merecen ser recordadas, sino reconociendo la dignidad de cada persona, esclareciendo cada crimen y negándonos a aceptar que la violencia tenga la última palabra.