En Guatemala: La hora de la verdad para la Iglesia y la Nunciatura Apostólica a los 90 años de relaciones diplomáticas

Las relaciones diplomáticas entre Guatemala y la Santa Sede no pueden evaluarse únicamente por la estabilidad de los vínculos institucionales ni por la continuidad del protocolo. Su verdadero significado se revela cuando se examina la capacidad de la Iglesia para acompañar a un pueblo en los momentos en que la justicia, la democracia y la dignidad humana se ven amenazadas. Este fue el núcleo de mi planteamiento en una entrega anterior. Ahora en esta reflexión busco adentrarme en la crisis del Estado de derecho en Guatemala, en las expectativas que despertó la presencia de la Nunciatura Apostólica durante los años más difíciles de la vida institucional del país y en la permanente llamada del Evangelio a una Iglesia que, como sus profetas y mártires, está llamada a permanecer del lado de las víctimas antes que de los privilegios del poder.

Guatemala y el desafío del Estado de derecho

Las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. Con frecuencia se erosionan lentamente. Van perdiendo independencia, confianza y legitimidad. Hasta que un día las instituciones continúan existiendo, pero dejan de cumplir plenamente la misión para la que fueron creadas. Ésa ha sido una de las mayores preocupaciones de amplios sectores de la sociedad guatemalteca durante los últimos años. Ingenuamente pensamos que el gobierno actual se esforzaría en retomar el camino, pero quedó atrapado entre los mismos núcleos de poder que rechazan el cambio.

Tras la firma de los Acuerdos de Paz, Guatemala alimentó la esperanza de consolidar un Estado de derecho capaz de garantizar la independencia judicial, combatir la corrupción y fortalecer la confianza ciudadana. Sin embargo, ese proceso encontró obstáculos cada vez más profundos, que evidenciaron la captura del Estado por una casta política corrupta y un poder económico depredador.

Diversos organismos nacionales e internacionales, algunas universidades, organizaciones sociales, sectores empresariales democráticos, comunidades eclesiales y analistas independientes advirtieron sobre un progresivo debilitamiento institucional. Las denuncias relativas a la captura de espacios del Estado, la persecución de operadores de justicia, el exilio de jueces y fiscales, la criminalización de periodistas y defensores de derechos humanos, así como el deterioro de la confianza pública en el sistema judicial, configuraron un escenario que trascendió la confrontación política ordinaria.

En ese contexto, los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei marcaron un punto de inflexión agravando la ya caótica situación del país, que venía en un creciente deterioro desde 1954.

Más allá de las legítimas diferencias ideológicas, numerosos observadores coincidieron en señalar que durante esos años se profundizó la crisis de las instituciones encargadas de garantizar el Estado de derecho. El debate dejó de girar únicamente en torno a decisiones gubernamentales concretas y comenzó a centrarse en una cuestión más profunda: la capacidad real del sistema democrático para asegurar que la ley se aplicara con independencia y sin privilegios.

Ésa no es una discusión partidista. Es una cuestión ética. Porque cuando la justicia pierde autonomía, quienes primero padecen las consecuencias son siempre los sectores más vulnerables: mujeres y niñez, indígenas y campesinos, obreros y jóvenes.

La corrupción no sólo desvía recursos públicos. También destruye confianza, debilita la democracia y priva a millones de personas de oportunidades que les pertenecen por derecho. Por eso la Doctrina Social de la Iglesia insiste en que el bien común exige instituciones fuertes, independientes y transparentes. Sin justicia no existe paz duradera. Sólo existe una estabilidad aparente.

Fue precisamente en medio de esa crisis cuando muchos creyentes esperaban de la representación pontificia una palabra pública capaz de iluminar la conciencia nacional. No una intervención partidista ni una injerencia en las competencias propias del Estado, sino una voz pastoral que recordara la centralidad de la justicia, la independencia institucional y la defensa de la dignidad humana.

Aquella expectativa, para una parte significativa de la sociedad, no encontró una respuesta suficientemente visible. Mientras que el llamado “Pacto de Corruptos” celebraba aquel silencio escandaloso.

Sería injusto afirmar que la Nunciatura Apostólica permaneció completamente ausente. La diplomacia de la Santa Sede actúa con frecuencia mediante gestiones discretas cuyo contenido rara vez trasciende al espacio público.

Ese hecho merece ser tenido en cuenta. Pero también merece ser escuchada la inquietud de quienes, desde comunidades eclesiales, algunas universidades, organizaciones sociales y diversos sectores ciudadanos, sintieron que la gravedad del momento reclamaba una palabra más clara y de compromiso con la ciudadanía. No para condenar. Sino para acompañar. No para dividir. Sino para fortalecer la esperanza de los más empobrecidos y de quienes eran víctimas inocentes del Estado y de sus instituciones.

La cuestión, en consecuencia, no radica en juzgar las intenciones personales de quienes desempeñaron aquella misión. Radica en discernir si la Iglesia logró expresar, con suficiente claridad, la cercanía del Evangelio hacia quienes contemplaban con preocupación el deterioro del Estado de derecho. Este es un planteamiento legítimo. Y precisamente porque nace del amor a la Iglesia merece ser escuchado con serenidad.

Las instituciones también crecen cuando aceptan examinarse a sí mismas. La Iglesia lo sabe mejor que nadie. Porque la conversión constituye el corazón mismo del Evangelio. Y ninguna institución está llamada con tanta fuerza a vivir esa conversión permanente como aquella que anuncia a Jesucristo.

Una Iglesia examinada por el Evangelio

El Evangelio nunca permite que la Iglesia se convierta únicamente en observadora de la historia. La obliga a formar parte de ella. Cada generación cristiana debe responder una pregunta decisiva: ¿cómo anunciar a Jesucristo cuando el sufrimiento humano adopta nuevas formas y el poder encuentra maneras cada vez más sofisticadas de justificar la injusticia?

Ésa es también la pregunta que plantean estos noventa años de relaciones diplomáticas entre Guatemala y la Santa Sede. No basta preguntarse qué hicieron los gobiernos. Ni siquiera basta preguntarse qué hizo la diplomacia pontificia. También la Iglesia está llamada a revisar su propio testimonio. Porque su primera responsabilidad no consiste en conservar prestigio institucional, sino en transparentar el rostro de Cristo en medio de la historia.

Ese examen alcanza a toda la comunidad eclesial: al Sucesor de Pedro, a la diplomacia vaticana, a la Nunciatura Apostólica, a los obispos, a los presbíteros, a la vida consagrada y a los laicos. Nadie queda fuera de esa interpelación.

La autoridad moral de la Iglesia nunca ha dependido del reconocimiento que le conceden los poderosos. Ha nacido siempre de su capacidad para permanecer junto a quienes sufren. Así ocurrió con las primeras comunidades cristianas. Así sucedió con quienes defendieron la dignidad de los pueblos indígenas. Así lo testimonian los innumerables hombres y mujeres que, a lo largo del siglo XX, prefirieron compartir la suerte de los perseguidos antes que acomodarse a los privilegios del poder.

Guatemala conoce bien esa tradición. No es una teoría. Es una historia escrita con nombres, con lágrimas y con sangre. Monseñor Juan Gerardi comprendió que la reconciliación sólo podía edificarse sobre la verdad. Presentó el informe Guatemala: Nunca Más sabiendo que la memoria incomoda a quienes desean perpetuar la impunidad. Su asesinato no logró silenciar aquella convicción; por el contrario, convirtió su testimonio en una referencia moral para la Iglesia universal.

La misma fidelidad resplandece en el próximo beato fray Augusto Ramírez Monasterio y en los 14 beatos mártires de la Iglesia en Guatemala de: Quiché, 10; Izabal, 2; Huehuetenango, 1; y Sololá, 1. Su martirio no fue fruto del enfrentamiento, sino de la coherencia evangélica. Permanecieron junto a su pueblo cuando hacerlo significaba poner en riesgo la propia vida. Respondieron al odio sin renunciar a la mansedumbre. Vivieron convencidos de que un pastor no abandona a su comunidad precisamente cuando arrecian los lobos.

Ellos representan la mejor tradición de la Iglesia guatemalteca. No porque buscaran el conflicto. Sino porque nunca aceptaron que la prudencia pudiera convertirse en excusa para abandonar a las víctimas. Su memoria ilumina el presente. Porque los desafíos han cambiado. Pero el criterio del Evangelio permanece.

Hoy los nuevos crucificados no sólo aparecen en los escenarios de la guerra. También están presentes allí donde la corrupción condena a millones de personas a la pobreza; donde la justicia pierde independencia; donde el poder criminaliza a quienes denuncian la impunidad; donde los pueblos indígenas continúan padeciendo exclusión; donde los migrantes son tratados como amenaza y no como personas; donde los niños mueren por desnutrición mientras otros acumulan privilegios; donde comunidades enteras contemplan impotentes cómo se degrada el Estado de derecho.

La cruz adopta nuevos rostros. Cristo sigue habitándolos. Por eso la Iglesia no puede limitarse a conservar la memoria de sus mártires. Está llamada a prolongar su testimonio. Honrar a los mártires exige algo más que admirar su ejemplo. Exige preguntarnos quiénes son hoy los crucificados de nuestra historia y de qué manera estamos caminando junto a ellos. Sólo entonces la memoria deja de ser homenaje para convertirse en responsabilidad.

Cuando la diplomacia encuentra a los profetas

Existe una tensión que atraviesa toda la historia bíblica. Los reyes buscaban asegurar la estabilidad del reino. Los profetas velaban porque esa estabilidad no se construyera sobre la injusticia. Los reyes protegían las instituciones. Los profetas protegían la alianza. Los reyes hablaban el lenguaje del poder. Los profetas recordaban el lenguaje de Dios. Natán se levantó frente a David cuando el poder olvidó sus límites.

Elías denunció a Ajab cuando la autoridad se convirtió en despojo. Amós proclamó que Dios rechazaba un culto incapaz de escuchar el clamor del pobre. Isaías recordó que la verdadera adoración comienza cuando se hace justicia al huérfano y a la viuda. Jeremías desmontó la ilusión de quienes creían que bastaba refugiarse en el templo mientras toleraban la opresión.

Todos ellos comprendieron una misma verdad. La fidelidad a Dios nunca puede separarse de la fidelidad al ser humano. Jesucristo llevó esa tradición a su plenitud. No buscó la cercanía del poder. Buscó la cercanía del Reino. No murió porque fracasara políticamente. Murió porque permaneció fiel a la verdad hasta las últimas consecuencias.

 Por eso el Evangelio no presenta la cruz como el fracaso de un proyecto. La presenta como la victoria definitiva de la verdad sobre el miedo. Ése sigue siendo el horizonte de la Iglesia. También de su diplomacia. La misión de la Santa Sede no consiste únicamente en mantener relaciones con los Estados. Consiste en recordar permanentemente que ninguna razón de Estado puede situarse por encima de la dignidad de la persona humana.

La misión de una Nunciatura Apostólica no se agota en representar al Papa ante un gobierno. También consiste en hacer visible, en medio del sufrimiento de un pueblo, la cercanía del Sucesor de Pedro con quienes cargan el peso de la injusticia.

Y la misión de la Iglesia que peregrina en Guatemala nunca podrá reducirse a administrar sacramentos o preservar instituciones. Está llamada a ser conciencia crítica cuando la verdad es manipulada; consuelo cuando las víctimas son olvidadas; esperanza cuando el miedo parece imponerse sobre la libertad.

Ésa es la gran enseñanza que deja este aniversario. Las relaciones diplomáticas pueden durar noventa años. La autoridad moral debe renovarse cada día. Las efemérides terminan. Los protocolos concluyen. Los discursos se olvidan. Pero llega siempre el momento en que toda institución comparece ante tres tribunales de los que nadie puede escapar.

El primero es el tribunal de la historia. Allí las generaciones futuras preguntarán qué hicieron las naciones cuando la dignidad humana era pisoteada por la guerra, por el genocidio, por la corrupción o por la impunidad.

El segundo es el tribunal de la conciencia. En él, cada creyente, cada gobernante, cada diplomático y cada ciudadano deberá responder si eligió la comodidad del silencio o el riesgo de la verdad.

Y existe un tercer tribunal. El único verdaderamente definitivo. El tribunal del Evangelio. Allí no se preguntará cuántos años duraron las relaciones diplomáticas entre Guatemala y la Santa Sede. No importarán los reconocimientos oficiales. Ni los comunicados. Ni las condecoraciones. Ni las fotografías. Sólo permanecerá una pregunta. La misma que atraviesa discretamente toda la Escritura y toda la historia de la Iglesia.

“Cuando los pueblos fueron crucificados por el genocidio, por la guerra, por la corrupción, por la impunidad y por el desprecio de la dignidad humana, ¿de qué lado estuvimos?”

Ésa es la pregunta que da verdadero sentido a este aniversario. Y quizá sea también la única capaz de preservar la autoridad moral de la Iglesia en el siglo XXI. Porque la historia recordará nuestros discursos. La conciencia recordará nuestros silencios. Pero el Evangelio recordará, sobre todo, si fuimos capaces de reconocer el rostro de Cristo allí donde la humanidad seguía siendo crucificada.