Guatemala, Israel y Gaza (I) La memoria del genocidio frente al silencio de los poderosos

Mientras Guatemala sigue enterrando a las víctimas del genocidio perpetrado contra los pueblos mayas, el Estado mantiene relaciones militares con Israel, se niega a llamar genocidio a la devastación de Gaza y continúa atrapado en una arquitectura internacional de impunidad donde convergen el sionismo de Estado, el respaldo político de Estados Unidos y el silencio de gobiernos que conocen demasiado bien el precio de la barbarie.

Ofrezco estas reflexiones en el contexto de la beatificacón del Siervo de Dios fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio, OFM, ha realizarse en el próximo 7 de novimebte en Antigua Guatemala, Guatemala. El país, que en la década de los 80, fue testigo del "mártir de la Caridad", aún sigue manteniendo su estructuras de eclusión y muerte. Que su beatificacion y su memoria lleven fortaleza y esperanza a las familias que aún siguen buscando a sus hijos e hijas que el Estado les arrebató y a la nación entera le ayude a mentener viva la memoria y firme la esperanza de llegar a forjar una país distinto.

Las heridas que todavía sangran

En pequeños ataúdes avanzaban lentamente. No eran féretros de unos personajes ilustres ni el de unos soldados caídos en combate. Eran sesenta y ocho cajas de madera que contenían los restos de hombres, mujeres y niños mayas asesinados por el Ejército guatemalteco entre 1981 y 1982 en San Martín Jilotepeque, Chimaltenango. Durante cuarenta y cuatro años esperaron una sepultura digna. Durante veinte permanecieron hacinados en una bodega del Estado, reducidos a un expediente más de una justicia siempre aplazada.

El pasado 29 de junio, finalmente, regresaron a la tierra. Mientras los familiares acompañaban la procesión silenciosa hacia los nichos recién construidos, Guatemala volvía a mirar de frente uno de los capítulos más oscuros de su historia. Aquella ceremonia no fue únicamente un acto de piedad hacia los muertos. Fue también una acusación contra la impunidad y una advertencia: el genocidio no concluye cuando cesan los disparos. Continúa mientras las víctimas permanecen sin nombre, sin justicia y sin memoria.  

Entre quienes cargaban aquellos pequeños féretros estaba Simeón Atz Tzutuj. Tiene setenta y seis años. Recuerda con absoluta nitidez el instante en que los soldados llegaron a su casa. Vio salir a su esposa embarazada. Escuchó los insultos. Después, un disparo en la frente. Ese mismo día perdió también a sus tres hijas. Cuarenta y cuatro años después seguía esperando el momento de poder despedirse de ellas con la dignidad que el Estado les había negado.

También estaba Cleto Martín Yool. Su madre sobrevivió porque fingió estar muerta mientras los soldados ejecutaban a varios miembros de su familia. Él pudo salvarse porque aquel día trabajaba en los cañaverales de la costa sur. Ahora, al depositar los restos de once familiares en un nicho digno, confesaba sentir una mezcla de alivio y tristeza: por fin podía encender una vela para cada uno de ellos, como durante décadas soñó hacerlo su padre.

Aquellos testimonios eran la memoria viva de Guatemala. Porque el llamado conflicto armado interno dejó más de doscientas mil personas asesinadas o desaparecidas. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico concluyó que más del noventa por ciento de las violaciones a los derechos humanos fueron responsabilidad de las fuerzas estatales y paramilitares y que la estrategia de tierra arrasada constituyó actos de genocidio contra comunidades mayas. No se trató únicamente de combatir a la insurgencia, sino de destruir sistemáticamente aldeas enteras, convertir a la población civil en objetivo militar e intentar borrar pueblos completos del mapa nacional.

Las heridas siguen abiertas porque muchos responsables nunca fueron juzgados, miles de personas permanecen desaparecidas y la justicia continúa avanzando con una lentitud desesperante. Cada nueva exhumación demuestra que el genocidio no pertenece únicamente al pasado: sigue habitando los cementerios, las comunidades indígenas, la memoria de los sobrevivientes y el dolor de quienes continúan buscando a sus familiares.

Por eso resulta imposible contemplar lo que sucede hoy en Gaza sin que la historia guatemalteca golpee nuestra conciencia. Hay pueblos que conocen el horror no porque lo hayan estudiado, sino porque lo padecieron. Guatemala es uno de ellos. Y precisamente por esa experiencia tiene el deber moral de reconocer en otros el sufrimiento que un día reclamó para sí.

Guatemala sabe reconocer un genocidio

Hay países que contemplan la tragedia palestina desde la distancia geográfica o desde la comodidad política. Guatemala no puede permitirse ninguna de las dos. Su propia historia le impide mirar Gaza como si fuera un conflicto ajeno. Cada fosa común abierta en territorio guatemalteco recuerda que existen crímenes cuya magnitud obliga a llamar las cosas por su nombre.

Cuando las comunidades de San Martín Jilotepeque, Nebaj, Chajul, Cotzal, Río Negro, Dos Erres, Plan de Sánchez y centenares de aldeas mayas fueron arrasadas, tampoco faltaron quienes prefirieron hablar de "conflicto", "excesos militares", "guerra interna" o "daños colaterales". Durante años se evitó pronunciar la palabra genocidio. Solo el trabajo paciente de historiadores, antropólogos forenses, jueces y sobrevivientes consiguió desmontar aquella estrategia de negación y devolver a los hechos su verdadero nombre.

La experiencia guatemalteca enseña que el primer triunfo de todo proyecto de exterminio consiste en colonizar el lenguaje. Cuando el horror deja de nombrarse, comienza también a normalizarse. Por eso la memoria no es un ejercicio arqueológico ni una ceremonia destinada únicamente a honrar el pasado: es una responsabilidad ética que protege el presente.

Cada osamenta recuperada de una fosa clandestina, cada pequeño ataúd entregado finalmente a su familia y cada ceremonia de inhumación digna constituyen una advertencia dirigida al presente. Los sobrevivientes no reclaman únicamente justicia para sus muertos; recuerdan a la humanidad el camino que conduce de la deshumanización del otro al exterminio de pueblos enteros.

Precisamente porque pagó ese aprendizaje con un costo humano insoportable, Guatemala debería alzar hoy una de las voces moralmente más autorizadas dentro de la comunidad internacional. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario. Mientras las familias siguen enterrando a las víctimas del genocidio cometido contra los pueblos mayas, el Estado mantiene relaciones militares con Israel, conserva su embajada en Jerusalén y continúa evitando reconocer públicamente como genocidio la devastación que hoy sufre Gaza.

Esa contradicción representa uno de los dilemas éticos más profundos de la política exterior guatemalteca. Comprenderla exige volver sobre un capítulo que durante demasiado tiempo permaneció relegado en la memoria nacional: la decisiva cooperación militar que Israel brindó al Estado guatemalteco durante los años más sangrientos del genocidio contra los pueblos mayas. Sin esa historia resulta imposible entender plenamente el silencio oficial de hoy.

Un pueblo que exige al mundo el reconocimiento de su propio genocidio no puede guardar silencio cuando percibe en otro pueblo los signos de un crimen semejante. La memoria pierde su legitimidad cuando se convierte en un privilegio reservado únicamente para las propias víctimas.

Israel en la historia del genocidio guatemalteco

La memoria tiene una forma incómoda de regresar. Mientras las familias de San Martín Jilotepeque depositaban los restos de sus seres queridos en un nicho digno, no solo daban sepultura a las víctimas de una masacre: también desenterraban una dimensión internacional del genocidio guatemalteco que durante décadas permaneció relegada a los márgenes del relato oficial.

El genocidio contra los pueblos mayas no fue únicamente una tragedia nacional. También fue posible gracias a una compleja red de apoyos políticos, militares y estratégicos que permitió al Estado guatemalteco sostener su capacidad represiva durante los años más intensos de la política de tierra arrasada.

Entre esos apoyos internacionales destacó la estrecha cooperación militar entre Israel y Guatemala. Diversas investigaciones históricas han documentado que, cuando otros países comenzaron a restringir la venta de armamento debido a las crecientes denuncias por violaciones masivas de los derechos humanos, Israel se convirtió en uno de los principales proveedores del régimen guatemalteco. El apoyo incluyó armamento, sistemas de comunicación, asesoría en inteligencia, entrenamiento especializado y transferencia tecnológica, fortaleciendo la capacidad operativa del Ejército precisamente durante los años en que la estrategia de tierra arrasada alcanzó su máxima intensidad.

Los hallazgos de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico permiten comprender el alcance de aquella cooperación internacional. La destrucción sistemática de comunidades mayas no puede analizarse aislando las responsabilidades internas de los apoyos externos que contribuyeron a sostener la capacidad militar del Estado.

Recordar estos hechos no implica atribuir una responsabilidad colectiva al pueblo judío ni cuestionar la legitimidad del Estado de Israel. Hacerlo sería históricamente falso y moralmente inaceptable. La crítica debe dirigirse siempre a decisiones concretas de gobiernos y aparatos estatales, nunca a un pueblo ni a una tradición religiosa marcada también por el sufrimiento del antisemitismo y del Holocausto.

Precisamente por respeto a esa historia resulta aún más doloroso comprobar que un Estado nacido después de una de las mayores tragedias del siglo XX desempeñó un papel relevante en el fortalecimiento militar de otro Estado que terminaría siendo señalado por la comisión de actos de genocidio contra su propia población indígena. Esa paradoja interpela tanto a Guatemala como a Israel.

No se trata únicamente de una discusión sobre el pasado. Las relaciones entre ambos Estados no pertenecen a los archivos: continúan proyectando consecuencias políticas y morales sobre el presente. Precisamente por ello, revisar críticamente esa historia no constituye un ejercicio de resentimiento, sino una condición indispensable para construir una política exterior coherente con la memoria, los derechos humanos y el derecho internacional.

La memoria no es un privilegio reservado a las propias víctimas. Es una responsabilidad moral. Solo honra verdaderamente a sus muertos el pueblo que aprende a reconocer el sufrimiento de otros con la misma sensibilidad con que exige el reconocimiento del suyo. Cuando la memoria deja de ser universal y se convierte en patrimonio exclusivo de una causa, corre el riesgo de transformarse en una nueva forma de silencio.

La historia, sin embargo, no termina ahí. Queda todavía una pregunta más incómoda: ¿puede un Estado que conoce el peso del genocidio guardar silencio cuando la comunidad internacional debate si otro pueblo está siendo víctima de un crimen semejante? Esa es la cuestión que abordaremos en la segunda parte.