En Guatemala: ¿Por qué el sistema de justicia se convirtió en el principal obstáculo para la democracia?

Guatemala vive hoy bajo el peso de una dictadura judicial al servicio del reinado de la corrupción y la impunidad, donde políticos, militares, élite económica, injerencia trumpista, sionismo de estado israelita  y hasta el crimen organizado se han aliado en un pacto perverso que pone en riesgo la paz social y la frágil democracia.

En ese contexto nos preguntamos: ¿Por qué el sistema de justicia se convirtió en el principal obstáculo para la democracia? Esta es la principal interrogante que muchos ciudadanos y comunidades eclesiales se hacen actualmente en Guatemala, liderados por un grupo de jóvenes profesionales que han estudiado la Constitución de Guatemala, a los 40 años de su promulgación, y también se han interrogado, cómo ha funcionado en la práctica a partir de “lo que pudo ser y lo que es”.

Esta inquietud académica, más el espíritu de aportar a un mejor país, los ha llevado a fundar una organización civil apartidaria  denominada Poder Ciudadano Guatemala, que busca fortalecer la participación ciudadana y, particularmente, transformar las reglas constitucionales que regulan el sistema de justicia del país.

En la nota que hoy les comparto, recojo su análisis sobre la realidad de la justicia en Guatemala, expuesto en el ensayo jurídico del abogado Edgar Ortíz Romero denominado “La Constitución de Guatemala. Lo que pudo ser y lo que es”. (Taurus, 2026). En una segunda entrega ofreceré la propuesta que ellos están haciendo al país, contenida en el misma obra, sobre la reforma de la Constitución.

Los directivos y voluntarios de Poder Ciudadano están recorriendo todo el país. En el área urbana se reúnen en plazas, parques, restaurantes, salones; en el área rural ocupan salones comunales, templos y otros van de casa en casa, con el fin de informar, formar y concientizar al ciudadano para que se involucre en el proyecto y descubra la capacidad que tiene de incidir sobre el diseño institucional del Estado y reformar constitucionalmente el sistema de justicia para hacerlo más independiente, profesional, transparente y menos susceptible a la captura política.

Ellos sostienen que, si  las instituciones encargadas de impartir justicia pueden ser capturadas, entonces la democracia queda gravemente debilitada, aunque formalmente existan elecciones.

La diócesis de Jutiapa, con su obispo Antonio Calderón Cruz, su presbiterio y las diferentes fuerzas vivas de la iglesia local se han sumado a esta valiosa iniciativa, que está en sintonía con su “Proyecto Pastoral Misionero, 2020-230”, que entre sus grandes objetivos pastorales, le apuesta a la transformación integral de la sociedad, además, de llevar a las comunidades eclesiales al encuentro con Jesucristo vivo, camino de conversión para un discipulado misionero al servicio de la vida digna; también a vivir en una Iglesia en salida samaritana, sinodal, misionera y profética, signo del reino en la sociedad jutiapaneca y guatemalteca.

Cuando la justicia deja de servir al derecho y comienza a servir al poder establecido

Durante décadas, Guatemala ha vivido una contradicción que ha terminado por convertirse en una de las principales causas de su crisis institucional. Sobre el papel, posee una Constitución que reconoce derechos, garantiza libertades y proclama la igualdad de todos ante la ley. En la práctica, sin embargo, millones de ciudadanos han aprendido a convivir con una realidad muy distinta: una justicia que suele ser severa con los débiles y extraordinariamente indulgente con quienes concentran poder político, económico o criminal, tal como dijera Eduardo Galeano y repetía con frecuencia san Oscar Arnulfo Romero: "La justicia es como las serpientes, solo muerde a los descalzos".  

La consecuencia de esta contradicción es devastadora. Cuando la ciudadanía deja de creer que los tribunales pueden proteger sus derechos, la democracia comienza a vaciarse lentamente de contenido. La ley deja de ser un instrumento de convivencia para convertirse en una herramienta al servicio de quienes tienen la capacidad de manipularla. Y cuando eso ocurre, el problema ya no es solamente jurídico; se transforma en un problema moral, político y social que afecta la vida entera de una nación.

Por eso resulta insuficiente explicar la crisis actual señalando únicamente a determinados jueces, fiscales, magistrados o funcionarios. Aunque las personas tienen responsabilidades innegables, el problema de fondo es mucho más profundo. Guatemala enfrenta una enfermedad estructural que durante años ha permitido que intereses particulares y muy poderosos por sus vínculos con redes de corrupción y del crimen organizado hayan  capturado instituciones que deberían servir exclusivamente al bien común.

Mucho más que corrupción

Con frecuencia se habla de corrupción como si se tratara de una suma de actos individuales: un soborno aquí, una negociación ilícita allá, una resolución irregular en determinado expediente, una resolución amañada de las cortes. Sin embargo, la experiencia nacional demuestra que el problema es más complejo. Lo que ha ido consolidándose en Guatemala es una auténtica cultura de captura institucional en la que participa la kakistocracia guatemalteca aliada del crimen organizado y de redes de corrupción para la impunidad.

Diversos actores —políticos marrulleros, operadores de justicia venales, grupos corporativos elitistas, estructuras criminales y sectores económicos depredadores con capacidad de influencia— han aprendido a utilizar las debilidades del sistema para intervenir en los procesos de selección de autoridades, influir en nombramientos estratégicos, bloquear investigaciones incómodas y garantizar niveles significativos de impunidad. Se han sumado a esta influencia de modo descarado el “trumpismo” norteamericano y el sionismo israelita.  

Esto parece ya una conspiración permanente de una estructura única y centralizada, y también de una dinámica de poder nefasto que se reproduce una y otra vez porque las reglas institucionales lo permiten. Los nombres cambian. Los gobiernos pasan. Los partidos desaparecen. Pero los mecanismos sobreviven. Ese es precisamente el dato más preocupante.

Si después de cada crisis aparecen los mismos problemas, si después de cada elección reaparecen las mismas denuncias y si después de cada intento de reforma vuelven a manifestarse idénticas prácticas, entonces la raíz del problema no se encuentra únicamente en las personas. Se encuentra en el diseño mismo del sistema.

La justicia convertida en territorio de disputa

Uno de los fenómenos más preocupantes de los últimos años ha sido la transformación de las instituciones de justicia en espacios permanentes de confrontación política y de persecución violenta, como lo hicieron con el periodista José Ruben Zamora, y numerosos fiscales y jueces que colaboraron con la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, en el derrumbe de estructuras de corrupción.

Las elecciones de magistrados para las altas cortes, el Tribunal Supremo Electoral, fiscales generales, contralores del erario y otras autoridades han dejado de percibirse como procedimientos destinados a garantizar la aplicación imparcial de la ley. Se han convertido en verdaderas batallas por el control de instituciones estratégicas. Cada proceso de nombramiento activa negociaciones, presiones, campañas de influencia, alianzas coyunturales, injerencias extranjeras y disputas de poder que terminan erosionando aún más la confianza ciudadana.

El problema no radica únicamente en quién resulta electo. El problema es que la propia ciudadanía ha comenzado a asumir como normal que los procesos de selección de autoridades judiciales estén sometidos a intereses ajenos a la búsqueda de independencia e imparcialidad. Cuando una sociedad llega a considerar inevitable la politización de la justicia, el deterioro democrático ha alcanzado niveles alarmantes.

Las Comisiones de Postulación: una promesa incumplida

Pocas instituciones ilustran mejor esta crisis que las Comisiones de Postulación. Originalmente fueron concebidas como un mecanismo para reducir la influencia política en la elección de magistrados y otras altas autoridades. Su propósito era noble: incorporar criterios académicos y profesionales que permitieran seleccionar a los mejores candidatos. Sin embargo, la experiencia acumulada durante años ha demostrado que ese objetivo no siempre se ha cumplido.

Las denuncias sobre negociaciones paralelas, influencias indebidas, pactos corporativos y presiones de diversos sectores han terminado debilitando seriamente la credibilidad de estos procesos. Como prueba de ello hasta los magistrados de la Corte de Constitucionalidad interfirieron para tener por segundo periodo a la señora “Consuelo Porras, la Fiscal de la Impunidad”, en el Ministerio Púbico.

Lo más grave es que el debate público ha terminado concentrándose exclusivamente en quiénes integran las listas o quiénes resultan finalmente electos, mientras permanece intacto el modelo que hace posible la repetición constante de las mismas controversias.

Cada nuevo proceso parece confirmar una dolorosa realidad: el sistema fue diseñado de tal manera que resulta vulnerable a la captura por parte de intereses organizados.

La tragedia de las instituciones prolongadas

Otro síntoma del deterioro institucional ha sido la incapacidad del Estado para garantizar la renovación oportuna de sus propias autoridades. La prolongación de magistraturas más allá de los períodos establecidos constitucionalmente no constituye únicamente un problema jurídico. Representa una señal inequívoca de que las reglas democráticas han comenzado a perder eficacia frente a los intereses políticos.

Cuando los órganos encargados de renovar las instituciones no cumplen sus obligaciones, se produce una situación particularmente peligrosa: las excepciones se convierten en costumbre y la provisionalidad termina sustituyendo a la legalidad.

La democracia necesita certezas. Necesita instituciones que funcionen de acuerdo con reglas claras, previsibles y respetadas por todos. Cuando esas reglas dejan de cumplirse, la confianza ciudadana se deteriora y la legitimidad institucional comienza a resquebrajarse.

Los más perjudicados siempre son los mismos

Existe un error frecuente cuando se habla sobre justicia. Muchas personas consideran que se trata de un asunto reservado para abogados, jueces o especialistas en derecho constitucional. Nada más alejado de la realidad.

Las consecuencias de una justicia débil o podrida como la guatemalteca se sienten principalmente en la vida de quienes tienen menos poder:

• La familia que no encuentra respuesta frente a un acto de corrupción.
• La mujer víctima de violencia que espera protección del Estado.
• El trabajador cuyos derechos laborales han sido vulnerados.
• La comunidad afectada por actividades económicas que dañan el medio ambiente.
• El campesino que enfrenta conflictos relacionados con la tierra.
• Pueblos indefensos ante la voracidad de las industrias extractivas y los monocultivos.

Todos ellos dependen, en última instancia, de la existencia de tribunales independientes y confiables. Y Guatemala no los tiene.

Cuando la justicia se vuelve selectiva, quienes primero quedan indefensos son precisamente quienes carecen de recursos económicos, influencias políticas o acceso a redes de poder. Por eso la crisis judicial no constituye solamente un problema institucional. Es también una cuestión profundamente humana. Y desde la perspectiva cristiana, es además una cuestión moral.

Una democracia no puede sobrevivir sin justicia confiable

Las democracias sólidas no se construyen únicamente mediante elecciones periódicas. También necesitan instituciones capaces de limitar el abuso del poder y proteger efectivamente los derechos de los ciudadanos, porque:

• Allí donde los tribunales pierden independencia, la corrupción encuentra terreno fértil.
• Allí donde la impunidad se vuelve habitual, el crimen organizado gana espacio.
• Allí donde la ley deja de aplicarse de manera igualitaria, la ciudadanía pierde confianza en la democracia.

Guatemala conoce demasiado bien estas dinámicas. Por eso resulta cada vez más evidente que el problema no puede resolverse simplemente sustituyendo funcionarios o esperando que aparezcan personas excepcionalmente honestas capaces de resistir todas las presiones.

Las instituciones deben estar diseñadas para proteger a los funcionarios íntegros y para dificultar la captura del poder. La independencia judicial no puede depender del heroísmo individual. Debe estar garantizada por las reglas del sistema.

La pregunta que Guatemala ya no puede seguir posponiendo

Durante años el debate nacional se ha concentrado en los nombres:

• ¿Quién será fiscal general?
• ¿Quién integrará la Corte Suprema de Justicia?
• ¿Quién llegará a la Corte de Constitucionalidad?
• ¿Quién encabezará las instituciones de control?
• ¿Quién integrará el Tribunal Supremo Electoral

Todas esas preguntas son importantes. Pero existe una pregunta todavía más decisiva. ¿Puede Guatemala seguir administrando justicia mediante estructuras que han demostrado una y otra vez su vulnerabilidad frente a la captura política, económica y corporativa? La experiencia histórica parece sugerir que no.

Y precisamente porque cada vez más ciudadanos comienzan a reconocer esa realidad, han surgido iniciativas que ya no buscan únicamente cambiar personas, sino transformar las reglas que permiten la reproducción permanente de estas crisis. Ese es el debate que Guatemala empieza a abrir, liderado por una asociación civil denominada Poder Ciudadano, que sostieneque la verdadera transformación de la justicia comienza cambiando las reglas del sistema y no únicamente a quienes ocupan temporalmente los cargos.