Una justicia que castiga: criminalización, racismo y cerco al gobierno electo en Guatemala (II y III)

PARTE II

Una justicia que castiga: criminalización, racismo y cerco al gobierno electo

El rostro represivo de la dictadura judicial

Introducción a la Parte II

La segunda parte se adentra en el funcionamiento concreto de la dictadura judicial. Aquí el análisis deja de ser abstracto y se vuelve encarnado: se examinan los mecanismos de criminalización selectiva, el castigo a la protesta social —especialmente indígena— y el cerco institucional impuesto al Ejecutivo electo. Esta parte muestra cómo opera el poder judicial cuando actúa como instrumento de dominación política, sin desconocer y valorar que existen jueces y magistrados honestos, que la independencia judicial es un pilar democrático irrenunciable. Precisamente por eso resulta más grave que, en Guatemala, ese principio haya sido vaciado de contenido por redes que utilizan el aparato judicial para fines contrarios a la justicia.

El derecho penal como arma política: la criminalización como método de control 

La criminalización se ha convertido en una de las herramientas más eficaces de dominación política en la Guatemala contemporánea. Ya no es necesario clausurar partidos por decreto ni recurrir abiertamente a la represión militar: basta con activar selectivamente el aparato penal para neutralizar adversarios, intimidar liderazgos incómodos y moldear el escenario político según los intereses del poder real. En este contexto, el sistema de justicia —lejos de proteger derechos— ha sido instrumentalizado como mecanismo de control político.

El papel del Ministerio Público resulta central en esta dinámica. Bajo el discurso de la lucha contra la impunidad, la institución ha desplegado una estrategia de persecución penal claramente selectiva, dirigida no contra las grandes redes de corrupción que han saqueado al país durante décadas, sino contra actores políticos, operadores de justicia independientes, periodistas, defensores de derechos humanos y líderes sociales. La ley no se aplica de manera universal: se usa contra unos y se suspende para otros.

Esta forma de criminalización no responde a hechos aislados ni a excesos individuales, sino a una lógica sistemática. Diversas misiones y observadores internacionales han descrito la existencia de una red articulada entre fiscales, jueces y, en algunos casos, actores privados con intereses políticos y económicos concretos. Esta “red clientelar” opera mediante la apertura de investigaciones débiles, la prolongación indebida de procesos, la imposición de medidas cautelares desproporcionadas y la filtración interesada de información, todo con el objetivo de desgastar, intimidar o expulsar del espacio público a determinados actores.

El derecho penal, que debería ser la última ratio del Estado, se transforma así en arma política preventiva. No se busca necesariamente una condena —aunque muchas veces se consigue—, sino el efecto disciplinador del proceso mismo: el señalamiento público, el desgaste económico y emocional, el exilio forzado o la parálisis de la acción política. La pena es el proceso. Bajo esta lógica, la justicia deja de ser un espacio de garantía y se convierte en un campo de batalla política.

La figura de la fiscal general Consuelo Porras simboliza esta deriva institucional. A pesar de los señalamientos nacionales e internacionales, el Ministerio Público ha insistido en negar la existencia de criminalización, mientras reproduce patrones que revelan una clara intencionalidad política. La persecución penal se dirige hacia abajo y hacia los márgenes, nunca hacia los centros históricos del poder económico y político. La impunidad se administra con el mismo rigor con el que se aplica la ley contra los críticos del sistema.

Este uso instrumental del derecho penal tiene efectos devastadores para la democracia. Genera un clima de miedo que inhibe la participación política, desalienta el disenso y normaliza la autocensura. Gobernar, opinar o protestar se vuelve una actividad de alto riesgo. En lugar de ciudadanos con derechos, el sistema produce sujetos vigilados, permanentemente expuestos a la amenaza de la judicialización.

Más grave aún, la criminalización erosiona la confianza social en la justicia. Cuando amplios sectores de la población perciben que la ley se usa como castigo político y no como garantía de equidad, el Estado de derecho pierde legitimidad. La justicia deja de ser sinónimo de protección y se asocia con arbitrariedad, persecución y abuso de poder.

En Guatemala, la criminalización no es un daño colateral del sistema judicial: es una estrategia deliberada de control político. A través de ella, la dictadura judicial consolida su dominio sin necesidad de suspender formalmente la democracia. Basta con vaciarla desde dentro, utilizando la ley como instrumento de exclusión y preservación del statu quo.

Protesta como delito: Racismo estructural y persecución del liderazgo indígena  

La criminalización de la protesta social en Guatemala no puede comprenderse únicamente como una estrategia de control político: es también la expresión contemporánea de un racismo estructural profundamente arraigado en el Estado. Cuando quienes protestan son pueblos indígenas, autoridades comunitarias o liderazgos ancestrales, la respuesta institucional no es el diálogo ni el reconocimiento de derechos, sino la persecución penal y el castigo ejemplar. La dictadura judicial se sostiene, en buena medida, sobre esta matriz histórica de exclusión.

La criminalización selectiva de líderes indígenas y defensores de derechos humanos, ampliamente documentada por organismos nacionales e internacionales, muestra que no se trata de hechos aislados sino de una política judicial de disciplinamiento social. Como ha sido ampliamente demostrado en los casos de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exdirectivos de los 48 Cantones de Totonicapán, que revelan con crudeza esta lógica. Ambos fueron capturados y acusados de terrorismo, asociación ilícita y obstaculización a la acción penal por su participación en las protestas de 2023, cuando comunidades indígenas se movilizaron pacíficamente para defender los resultados electorales frente a los intentos del Ministerio Público por revertirlos. La defensa del voto y del orden democrático fue reinterpretada como una amenaza al Estado.

El mensaje implícito es devastador: cuando los pueblos indígenas ejercen ciudadanía activa, el sistema judicial los reconvierte en enemigos internos. Prácticas comunitarias legítimas —asambleas, coordinación territorial, bloqueos pacíficos— son criminalizadas mediante figuras penales desproporcionadas, diseñadas para combatir el crimen organizado o el terrorismo, no la protesta social. Así, la ley se utiliza para deslegitimar formas históricas de organización indígena que han sobrevivido a siglos de exclusión y violencia estatal.

Esta lógica no es excepcional ni circunstancial. El anuncio de antejuicios y procesos penales contra otras autoridades indígenas, como Edgar Tuy Bixcul o la persecución sostenida contra líderes comunitarios como Esteban Toc Tzay, confirma un patrón: el Estado tolera la protesta cuando es marginal o simbólica, pero la reprime cuando cuestiona estructuras de poder o pone límites a la impunidad.

El racismo estructural opera aquí como criterio de selección penal. Difícilmente se habría calificado de terrorismo una protesta similar protagonizada por élites urbanas o sectores empresariales. En cambio, cuando la movilización surge desde territorios indígenas, el aparato judicial reacciona con dureza, reforzando una visión colonial del orden social: los pueblos indígenas deben obedecer, no deliberar; acatar, no disputar poder.

De este modo, la dictadura judicial no solo erosiona la democracia, sino que reproduce y actualiza la exclusión histórica. Castiga la protesta indígena porque desafía no solo decisiones coyunturales, sino la estructura misma de un Estado que nunca terminó de reconocerse como plurinacional. La criminalización del liderazgo indígena es, en el fondo, el intento de preservar un orden profundamente desigual, ahora legitimado por sentencias y expedientes judiciales.

Gobernar sin poder: El cerco judicial al Ejecutivo 

El cerco judicial al Ejecutivo constituye una de las expresiones más claras de la dictadura judicial en la Guatemala contemporánea. No se trata de un control constitucional legítimo sobre el poder político, sino de un asedio sistemático que ha reducido al gobierno electo a una condición paradójica: ejercer formalmente la Presidencia sin capacidad real para gobernar. El Ejecutivo existe, pero su margen de decisión ha sido estrechado por una red de resoluciones, amparos, antejuicios y amenazas penales que condicionan cada movimiento.

Desde que el triunfo electoral de Bernardo Arévalo comenzó a perfilarse en 2023, el sistema de justicia se activó como muro de contención política. Antes incluso de la toma de posesión, se desplegó una ofensiva jurídica orientada a deslegitimar el resultado electoral, obstaculizar la transición y enviar un mensaje inequívoco: el nuevo gobierno sería tolerado, pero no autorizado a transformar las reglas del juego. Según diversos recuentos periodísticos, Arévalo acumuló decenas de resoluciones adversas provenientes de juzgados, salas y de la Corte de Constitucionalidad, configurando un cerco institucional sin precedentes en la etapa democrática reciente.

Este asedio no ha sido caótico ni improvisado. Por el contrario, muestra una coherencia política: bloquear iniciativas del Ejecutivo, paralizar nombramientos clave, condicionar políticas públicas y mantener intactos los enclaves de poder heredados de gobiernos anteriores. La judicialización constante de la acción gubernamental ha convertido cada decisión en un riesgo jurídico, obligando al Ejecutivo a actuar con extrema cautela o, en muchos casos, a la inacción. Gobernar se vuelve así un ejercicio defensivo, marcado por el temor a represalias judiciales.

A este cerco externo se sumó una estrategia política débil por parte del propio Ejecutivo. Durante la campaña, Arévalo prometió poner fin al “oscuro ciclo” de criminalización y cooptación institucional, particularmente en relación con el Ministerio Público. Sin embargo, ya en el gobierno, optó por una vía de espera: evitar la confrontación directa con la fiscal general y apostar a un relevo institucional en 2026, cuando corresponda la designación de nuevas autoridades. Esta estrategia, presentada como prudente y responsable, terminó revelándose frágil frente a un poder judicial que no mostró ninguna disposición a retroceder.

El problema de fondo es que esta apuesta se dio en un contexto político adverso. El oficialismo careció de una base sólida en el Congreso, enfrentó divisiones internas y no logró articular alianzas estables que le permitieran disputar el control del Estado. La fractura entre diputados electos por el partido Semilla y el Ejecutivo debilitó aún más la capacidad de respuesta frente al asedio judicial. Así, el gobierno quedó atrapado entre un poder judicial hostil y un sistema político incapaz de respaldarlo.

El resultado es un Ejecutivo neutralizado, cuya autoridad formal contrasta con su impotencia práctica. El cerco judicial no busca necesariamente derrocar al gobierno, sino vaciarlo de contenido, impedir cualquier reforma estructural y garantizar la continuidad del statu quo. En este escenario, la democracia se reduce a una fachada: hay elecciones, pero no soberanía; hay gobierno, pero no poder. Gobernar sin gobernar se convierte en la condición impuesta por una dictadura judicial que tolera la alternancia, siempre que no amenace los intereses que controla desde los tribunales.

Cierre de la Parte II

Cuando la ley se convierte en instrumento de miedo y exclusión

La dictadura judicial no es neutra ni abstracta: castiga, excluye y paraliza. Su ejercicio es selectivo y profundamente desigual. Criminaliza a quienes desafían el orden establecido, reprime la organización indígena y neutraliza gobiernos electos sin necesidad de golpes de Estado. Esta parte II revela que el derecho penal y la interpretación judicial se han convertido en instrumentos de control, produciendo miedo, autocensura y una democracia cada vez más vaciada de contenido real.

Hay que denunciar con toda la fuerza que este poder judicial desbordado no actúa en el vacío. Se sostiene en un entramado donde el Congreso manipula procesos de elección, sectores empresariales garantizan protección e impunidad, universidades y colegios profesionales legitiman perfiles funcionales, y determinados medios normalizan el abuso presentándolo como legalidad.

PARTE III

Democracia vaciada y responsabilidad histórica

Continuidades autoritarias, implicaciones éticas y futuro del país

Introducción a la Parte III

La tercera parte ofrece una lectura de profundidad sobre lo que está en juego. Sitúa la dictadura judicial en una continuidad histórica del autoritarismo, analiza sus implicaciones para la democracia y propone claves éticas y políticas para comprender y enfrentar este momento. Aquí la reflexión pasa del diagnóstico a la interpelación histórica, porque este régimen judicial solo ha sido posible también por una sociedad golpeada por el miedo, el cansancio y la fragmentación, donde amplios sectores han normalizado el abuso en nombre del orden o han preferido el silencio como estrategia de supervivencia.”

De las botas a las togas: lo que cambió y lo que no cambió en el autoritarismo guatemalteco 

La afirmación de que Guatemala pasó de las dictaduras militares a una dictadura judicial no pretende equiparar mecánicamente dos momentos históricos distintos, sino poner en evidencia una continuidad profunda en la lógica del poder autoritario, aun cuando hayan cambiado sus formas, lenguajes y dispositivos. El país no transitó plenamente hacia una democracia sustantiva; más bien, reconfiguró el autoritarismo para hacerlo compatible con un orden formalmente democrático.

Existen, sin duda, rupturas evidentes. Las dictaduras militares se sostenían en la violencia directa, el control territorial, los estados de excepción, la censura explícita y la eliminación física del adversario político. El poder se ejercía sin ambigüedades, desde las botas, los cuarteles y la cadena de mando castrense. En cambio, la dictadura judicial no necesita suspender la Constitución ni cerrar el Congreso. Opera dentro de la legalidad formal, se ampara en procedimientos, resoluciones y tecnicismos jurídicos, y se presenta como defensora del Estado de derecho. El autoritarismo ya no se impone por la fuerza bruta, sino por la fuerza normativa del expediente.

Sin embargo, más allá de estas diferencias de forma, las continuidades son inquietantes. En ambos casos, el poder se concentra en actores no sometidos al control democrático, se margina a las mayorías sociales y se neutraliza cualquier intento de transformación estructural. Ayer fueron los militares; hoy son jueces, fiscales y magistrados cooptados. Ayer se perseguía al opositor político por “subversivo”; hoy se le persigue por “terrorista”, “asociado ilícito” o “obstructor de la justicia”. Cambia el lenguaje, pero permanece la función represiva.

Otra continuidad clave es la impunidad estructural. Las dictaduras militares garantizaron protección a las élites económicas y políticas responsables de violaciones masivas de derechos humanos. La dictadura judicial actual cumple una función similar: protege a los grandes poderes históricos —económicos, políticos y criminales— mientras dirige todo el peso del aparato penal contra actores incómodos, especialmente líderes sociales, periodistas, operadores de justicia independientes y autoridades indígenas. La ley sigue sin ser igual para todos.

También persiste el uso del miedo como herramienta de control social. Si antes el temor provenía de la desaparición forzada o la represión abierta, hoy proviene de la amenaza constante de la criminalización, el exilio, la ruina económica o el desgaste judicial interminable. El efecto es el mismo: inhibir la participación, desalentar el disenso y reducir el espacio público a una obediencia resignada.

La gran paradoja guatemalteca es que esta nueva forma de autoritarismo convive con elecciones periódicas y discursos democráticos. Hay alternancia en el Ejecutivo, pero no soberanía real; hay instituciones, pero capturadas; hay legalidad, pero sin justicia. La dictadura judicial no necesita eliminar la democracia: le basta con vaciarla de contenido, conservar sus rituales y neutralizar su potencial transformador.

Así, la transición inconclusa de Guatemala no fue de la dictadura a la democracia, sino de una dictadura visible a una dictadura sofisticada, más difícil de nombrar y de enfrentar. Comprender estas continuidades y rupturas es clave para no caer en la ilusión de que el problema se reduce a excesos individuales o coyunturas pasajeras. Lo que está en juego es una forma histórica de ejercer el poder que, una vez más, se rehace para garantizar que, en Guatemala, todo cambie para que nada cambie.

Las consecuencias de una justicia capturada: democracia debilitada y sociedad paralizada 

La consolidación de una dictadura judicial en Guatemala tiene implicaciones profundas y duraderas para la democracia, el Estado de derecho y el futuro colectivo del país. No se trata únicamente de una coyuntura institucional adversa, sino de un proceso de degradación estructural que amenaza con normalizar el autoritarismo bajo formas legales y con vaciar de sentido los principios democráticos conquistados tras décadas de lucha social.

En primer lugar, se produce una erosión acelerada del Estado de derecho. Cuando la ley deja de aplicarse de manera universal y se convierte en instrumento selectivo de persecución, la justicia pierde su función de garantía y se transforma en mecanismo de control. La ciudadanía percibe —con razón— que no todos son iguales ante la ley y que la legalidad puede ser utilizada para castigar la disidencia y proteger privilegios. Esta percepción mina la legitimidad de las instituciones y debilita la cohesión social.

En segundo lugar, la dictadura judicial desarticula la participación política. El uso del derecho penal como amenaza permanente genera miedo, autocensura y retraimiento del espacio público. Dirigentes sociales, autoridades locales, periodistas y ciudadanos comunes aprenden que participar, protestar u opinar puede tener consecuencias penales. La democracia, reducida a un acto electoral periódico, pierde su dimensión deliberativa y participativa, y se convierte en una formalidad vacía.

Otro efecto grave es la desconfianza generalizada en la justicia. Cuando los tribunales y el Ministerio Público son percibidos como actores políticos parcializados, la ciudadanía deja de verlos como instancias de protección de derechos. Esta desconfianza no conduce automáticamente a una democratización alternativa, sino que abre la puerta al cinismo, la resignación o incluso a la legitimación social de salidas autoritarias más abiertas. Un sistema de justicia desacreditado es terreno fértil para la violencia y la ley del más fuerte.

A mediano y largo plazo, estas dinámicas comprometen seriamente el futuro democrático del país. La normalización de la judicialización de la política sienta un precedente peligroso: cualquier gobierno electo puede ser neutralizado sin necesidad de golpes de Estado, bastando la activación de redes judiciales cooptadas. La soberanía popular queda subordinada a poderes no electos que deciden los límites de lo posible.

Finalmente, la dictadura judicial profundiza las desigualdades históricas. Los sectores más vulnerables —pueblos indígenas, comunidades rurales, defensores de derechos humanos— son los más expuestos a la criminalización, mientras las élites económicas y políticas permanecen protegidas. Así, el futuro que se perfila no es solo menos democrático, sino más injusto y excluyente.

Si este proceso no es confrontado con decisión ética y política, Guatemala corre el riesgo de consolidar un régimen híbrido: con elecciones sin poder real, instituciones sin credibilidad y justicia sin justicia. La defensa de la democracia pasa hoy, inevitablemente, por desmontar la dictadura judicial y recuperar la ley como instrumento de equidad, no de dominación.

Claves éticas y políticas: cuando lo legal deja de ser justo 

La comprensión de la dictadura judicial en Guatemala exige una lectura que vaya más allá del análisis jurídico o institucional y se sitúe en el terreno ético y político, allí donde se evalúa la legitimidad del poder y su orientación hacia el bien común. No todo lo legal es justo, ni toda resolución judicial es moralmente legítima. Cuando la ley se separa de la ética pública y de la dignidad humana, se convierte en una forma sofisticada de violencia.

Desde una perspectiva ética, el primer criterio fundamental es la centralidad de la persona y de sus derechos. Un sistema de justicia que produce miedo, silencio y exclusión traiciona su razón de ser. La justicia no puede medirse solo por la corrección procedimental, sino por sus efectos reales sobre la vida de las personas, especialmente de las más vulnerables. Cuando el derecho penal se utiliza para intimidar a líderes sociales, criminalizar la protesta o disciplinar a actores políticos incómodos, deja de proteger la dignidad humana y pasa a vulnerarla.

En clave política, la dictadura judicial plantea un problema grave de legitimidad democrática. El poder que decide el rumbo del país debe estar sujeto a control ciudadano, rendición de cuentas y límites claros. Jueces y fiscales cumplen una función esencial, pero no pueden sustituir la voluntad popular ni erigirse en árbitros supremos de la política sin control alguno. Un poder que no responde ante la sociedad tiende inevitablemente al abuso, incluso cuando se ejerce en nombre de la ley.

Otro elemento central es la responsabilidad histórica. La justicia no opera en el vacío: actúa en un país marcado por la desigualdad, el racismo estructural y una larga tradición de impunidad. Ignorar este contexto y aplicar la ley de manera selectiva reproduce las mismas lógicas de exclusión que han sostenido la violencia histórica. Éticamente, no es aceptable una justicia ciega al contexto cuando ese contexto es profundamente injusto.

Asimismo, la dictadura judicial obliga a repensar la relación entre orden y justicia. El orden impuesto mediante el miedo y la criminalización no es orden democrático, sino control autoritario. La estabilidad lograda a costa de derechos y libertades es una falsa estabilidad, destinada a estallar tarde o temprano. La verdadera gobernabilidad solo es posible cuando se funda en la justicia, la inclusión y la participación.

Finalmente, esta lectura ética y política interpela a la ciudadanía. El silencio, la indiferencia o la normalización del abuso jurídico también son formas de complicidad. Defender la democracia en Guatemala hoy implica defender una justicia ética, sometida a la ley pero también al escrutinio moral y social. Sin ética pública, el derecho se vuelve instrumento de dominación; sin ciudadanía activa, la dictadura judicial se consolida.

Cierre de la Parte III

Sin justicia ética no hay democracia posible

La dictadura judicial es la forma contemporánea de un autoritarismo que nunca fue desmontado del todo. Cambiaron los actores y los lenguajes, pero persiste la lógica de concentración del poder, impunidad y exclusión. Esta parte subraya que el problema no es solo institucional, sino ético y político: una justicia sin control democrático deja de servir al bien común y se convierte en una forma sofisticada de dominación.

Conclusión General: Cuando la ley gobierna sin justicia

El recorrido realizado confirma una constatación incómoda pero ineludible: Guatemala no logró completar su tránsito hacia una democracia sustantiva. Salió formalmente de las dictaduras militares, pero no desmontó las estructuras de dominación que las hicieron posibles. Esas estructuras se adaptaron, se refinaron y reaparecieron bajo nuevas vestiduras. Hoy, el autoritarismo no se expresa principalmente en cuarteles ni en estados de excepción, sino en resoluciones judiciales, procesos penales selectivos y un uso instrumental de la ley que concentra poder sin rendir cuentas.

La llamada dictadura judicial no es una anomalía pasajera ni el resultado de excesos individuales. Es la consecuencia de un vacío político prolongado, de la captura de instituciones clave y de la renuncia colectiva a disputar el sentido democrático del derecho. Cuando la política abdica de su responsabilidad histórica, la justicia se politiza; cuando la justicia se politiza sin controles, la democracia se vacía. El resultado es un régimen híbrido: con elecciones sin soberanía, legalidad sin justicia y gobierno sin poder real.

Este modelo ha mostrado una notable eficacia para preservar el statu quo. Neutraliza gobiernos electos sin derrocarlos, criminaliza la protesta sin prohibirla formalmente y disciplina a la sociedad sin recurrir a la represión abierta. Todo ocurre dentro de la apariencia de normalidad institucional. Pero esa normalidad es engañosa: detrás de ella se profundizan la desigualdad, la exclusión y la impunidad histórica que han marcado al país.

La consecuencia más grave es la normalización del autoritarismo. Cuando amplios sectores sociales aceptan que la política se decida en tribunales, que protestar sea un riesgo penal y que la justicia actúe selectivamente, la democracia deja de ser un horizonte compartido. Se convierte en un ritual vacío, administrado por poderes que no representan ni responden a la ciudadanía.

Frente a este escenario, la salida no pasa por deslegitimar la justicia en sí misma, sino por recuperarla para la democracia. Desmontar la dictadura judicial implica reconstruir la política, fortalecer la participación ciudadana, exigir rendición de cuentas al sistema de justicia y restituir el principio básico de que la ley existe para proteger derechos, no para disciplinar disidencias. Implica, también, enfrentar el racismo estructural y la impunidad que alimentan este modelo de dominación.

Guatemala se encuentra ante una disyuntiva histórica: aceptar la consolidación de un autoritarismo sofisticado o asumir el desafío —difícil pero impostergable— de democratizar la justicia y devolverle a la política su función transformadora. De lo contrario, el país seguirá atrapado en su paradoja más cruel: cambiar de formas para no cambiar de fondo, y repetir, una vez más, que todo cambie para que nada cambie.

Por eso, romper esta dictadura judicial exige, al menos, tres primeros pasos: recuperar la vigilancia ciudadana sobre los procesos de nombramiento, proteger a quienes defienden la legalidad desde dentro y fuera del sistema, y reconstruir una cultura política que entienda la justicia no como castigo selectivo sino como bien público.”

Epílogo

Responsabilidades y rendición de cuentas: cuando la justicia causa daño

La consolidación de una dictadura judicial en Guatemala no es un fenómeno abstracto ni una desviación ocasional del sistema democrático. Es un modo concreto de ejercicio del poder, sostenido en el tiempo, con efectos verificables sobre la vida política, los derechos fundamentales y la soberanía popular. Allí donde la ley se ha utilizado para neutralizar la política, criminalizar la protesta social y condicionar la gobernabilidad, surge una pregunta ineludible: ¿quiénes son responsables y cómo deben rendir cuentas?

Nombrar responsabilidades no equivale a dictar sentencias ni a promover vendettas. Es, por el contrario, una exigencia democrática mínima. Todo ejercicio de poder que produce daño debe ser interpelado; toda institución que se aparta de su mandato constitucional debe ser evaluada; todo funcionario público debe responder por sus decisiones y omisiones. La justicia no puede situarse por encima del escrutinio ciudadano ni quedar exenta de responsabilidad cuando sus actos erosionan la democracia.

En este marco, existen responsabilidades institucionales claras. El Ministerio Público, particularmente bajo su conducción actual, ha sido señalado por patrones reiterados de persecución penal selectiva, criminalización de la protesta social y uso instrumental del derecho penal contra actores políticos, judiciales y sociales específicos. Estas prácticas han sido documentadas y observadas por instancias nacionales e internacionales, lo que constituye un indicio serio de responsabilidad funcional que amerita auditorías e investigaciones independientes.

Asimismo, determinados jueces y magistrados —especialmente en instancias constitucionales y penales de alto impacto— han asumido un rol político activo, excediendo de manera sistemática los límites de su función jurisdiccional. Resoluciones que interfieren en la organización del Congreso, condicionan al Ejecutivo o redefinen procesos electorales no pueden considerarse actos neutros. Cuando la Corte de Constitucionalidad produce efectos de gobernanza y altera el equilibrio entre poderes, asume una responsabilidad política que no puede eludirse bajo el argumento de la mera interpretación jurídica.

A estas responsabilidades se suman las responsabilidades políticas por omisión. Autoridades que, teniendo el deber constitucional de frenar abusos y defender el orden democrático, optaron por la pasividad, la espera calculada o el cálculo político, contribuyeron de facto a la consolidación del daño. En democracia, no solo se responde por lo que se hace, sino también por lo que se deja de hacer cuando se tiene la obligación y la posibilidad de actuar.

Desde una perspectiva jurídica y ética, el daño causado por la dictadura judicial —derechos fundamentales vulnerados, exilios forzados, paralización institucional, criminalización del liderazgo social e indígena y erosión de la confianza ciudadana— no es irreparable, pero exige un proceso serio de verdad, responsabilidad y justicia. En un escenario democrático real, ello implicaría la apertura de investigaciones independientes sobre el uso abusivo del derecho penal, las violaciones al debido proceso, la criminalización de la protesta social, la discriminación estructural y el abuso o desviación de poder, siempre bajo estándares internacionales, con garantías plenas y sin revanchismos.

La salida a esta crisis no pasa por el descrédito generalizado de la justicia, sino por su recuperación democrática. Esto supone auditorías externas, procesos disciplinarios y administrativos cuando corresponda, revisión de criterios jurisprudenciales con impacto político y una responsabilidad política efectiva. La vía penal debe reservarse —con prudencia y rigor— a aquellos casos en que existan indicios sólidos y verificables, investigados por instancias verdaderamente independientes. Sin debido proceso no hay justicia; sin justicia, no hay democracia.

Este epílogo no busca cerrar el debate, sino abrir una ruta de no repetición. Nombrar patrones, identificar roles y exigir rendición de cuentas no es un acto de venganza, sino una condición indispensable para que la ley vuelva a ser límite del poder y garantía de derechos, y no instrumento de dominación.

Guatemala se encuentra ante una decisión histórica: aceptar la consolidación de un autoritarismo sofisticado, legal en la forma, pero devastador en sus efectos, o asumir el desafío —difícil pero impostergable— de democratizar la justicia y reconstruir la política. La democracia no se defiende solo con diagnósticos lúcidos, sino con verdad, responsabilidad y coraje cívico. Cuando la justicia causa daño, callar no es prudencia: es complicidad. Y cuando la ley gobierna sin ética ni control democrático, deja de ser justicia.