El obispo Silvio Báez critica el "asesinato civil" de los desterrados nicaragüenses: "Son crímenes y serán juzgados, tarde o temprano"

El obispo nicaragüense desnacionalizado Silvio Báez tildó este domingo de «criminales» a los «regímenes totalitarios» que privan de la nacionalidad a sus ciudadanos, y abogó para que sean juzgados quienes lo ejecutan porque «son auténticos crímenes».

El Gobierno de Nicaragua que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha despojado de su nacionalidad a 452 nicaragüenses, incluido al obispo Báez, desde febrero de 2023.

«En los regímenes totalitarios privar de libertad, denigrar con falsedades o tratar con crueldad son también acciones homicidas. Son criminales quienes encarcelan a personas inocentes solo por pensar diferente. También lo son quienes obligan al destierro o privan de la nacionalidad provocando la muerte civil», lanzó el jerarca católico, quien está exiliado, en su homilía desde una iglesia de EE.UU..

El 9 de enero de 2023, el Gobierno de Nicaragua desterró hacia Estados Unidos a 222 expresos políticos, a quienes posteriormente los privaron de su nacionalidad y de sus bienes en Nicaragua, y quienes eran jubilados de su pensión de vejez

El obispo, a quien el fallecido papa Francisco ordenó dejar Nicaragua en 2019 por razones de seguridad, dijo que «estos actos abominables no son solo caprichos de gente desquiciada y malvada, irregularidades jurídicas o incumplimiento de normas internacionales … Son auténticos crímenes y quienes los han cometido deberán comparecer ante la justicia tarde o temprano», sentenció el religioso, muy crítico con el Gobierno de Ortega y Murillo.

Un 9 de febrero de 2023, hace tres años, las autoridades nicaragüenses desterraron hacia Estados Unidos a 222 expresos políticos, a quienes posteriormente los privaron de su nacionalidad y de sus bienes en Nicaragua, y quienes eran jubilados de su pensión de vejez.

La cifra de apátridas se incrementó seis días después cuando fueron desnacionalizados otros 94 nicaragüenses, más el excarcelado obispo de la diócesis de Matagalpa (norte), Rolando Álvarez.

Luego, el 5 de septiembre de 2024, fueron desterrados a Guatemala 135 nicaragüenses a quienes se les privó de su nacionalidad, para totalizar 452.

El lunes pasado, la ONG Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua expresó su «más enérgico rechazo a la política sistemática de desnacionalización ejecutada por el régimen» de Ortega y Murillo, y advirtió que esa práctica constituye una violación grave del derecho internacional, de los derechos humanos y un «atentado directo» contra los principios fundamentales recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia».

Ese organismo indicó que esos casos son «solo comparables con dictaduras como las de Adolfo Hitler, en Alemania y de Augusto Pinochet, en Chile», por lo que demandó «el restablecimiento inmediato de la nacionalidad a todas las personas afectadas, la devolución de todos sus bienes confiscados, la derogación de las leyes utilizadas para justificar estas medidas arbitrarias».

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de «golpistas» y «traición a la patria».