Red Clamor Chile denuncia “la cultura de la delación” sobre migrantes

La Red Clamor Chile, junto con más de 180 personas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil, ha hecho pública su denuncia sobre lo que considera que supone fomentar una "cultura de la delación", en relación a la "indicación que pretende obligar a centros de salud y escuelas a reportar la situación migratoria de quienes buscan atención o educación".

Este pretensión gubernamenta, señala esta organización eclesial en una carta, "nos genera una pregunta que no podemos dejar de hacer: ¿estamos dispuestos como sociedad a convertir los lugares donde se cuida la vida en lugares donde se denuncia a las personas?".

"En nuestros barrios y escuelas conviven personas sin antecedentes delictuales que han demostrado arraigo, voluntad de insertarse y trabajar, pero que han incumplido normas administrativas a menudo inalcanzables debido a la crisis en sus países de origen o a una gestión migratoria interna deficiente que les ha dejado en situación irregular", reconocen los firmantes, etre los que se encuentra Moisés Atisha, obispo de San Marcos de Arica.

En estas circunstancias, la Red Clamor Chile estima que "impulsar una “cultura de la delación” en servicios básicos de salud no solo vulnera la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes y el Código Sanitario, como ha reconocido la propia ministra de Salud; sino que obstruye el acceso a necesidades humanas imprescindibles para la paz social". 

Diferencia entre regular y deshumanizar

"Hacer que una madre sienta temor de vacunar a su hijo o mandarlo al colegio, o que un enfermo prefiera sufrir en soledad en vez de ir a un consultorio por miedo, puede llevar a nuestra sociedad a un profundo deterioro", añade la carta, en la que también se señala que "entendemos que el Estado tiene el deber de ordenar la política migratoria. Pero existe una diferencia entre regular y deshumanizar".

"Usar el acceso a derechos básicos como mecanismo de control daña la cohesión social y contradice los principios que nos constituyen como país", argumenta la organización, cuya secretaria ejecutiva es la hermana Gabriela Herrera. Y añade: "La dignidad humana no puede estar condicionada a un documento vigente", por lo que "pedimos a las autoridades reconsiderar estas medidas buscando caminos de orden que no sacrifiquen ese principio, protegiendo especialmente los derechos de la niñez que deben primar sobre cualquier lógica punitiva".