Una vez autorizada la prórroga, nadie puede obligar al Gobierno a ponerle fin antes del termino convenido (salvo el Tribunal Constitucional que, si saben contar, no cuenten con él)
El estado de alarma es una situación anómala desde el punto de vista constitucional, pues el Ejecutivo goza de facultades extraordinarias que lo habilitan para limitar nuestros derechos y libertades fundamentales en determinados supuestos tasados, como sería una pandemia. Por eso se aprueba inicialmente por un periodo de quince días, cuya prórroga debe contar con la aprobación de la sede de la soberanía nacional.
Sin entrar de nuevo en el debate sobre cuál puede ser la duración máxima de una prórroga, sí que conviene recordar que la propia Ley Orgánica 4/1981 dispone que esta será la estrictamente necesaria para “asegurar el restablecimiento de la normalidad”, que no es lo mismo que decir “hasta que se regrese a la normalidad”. Y es que los estados excepcionales siempre han de interpretarse de forma restrictiva en lo que a su duración se refiere: porque una vez autorizada la prórroga, nadie puede obligar al Gobierno a ponerle fin antes del termino convenido (salvo el Tribunal Constitucional que, si saben contar, no cuenten con él).
De ahí que muchos juristas insistamos en que los plazos por los que se aprueben las prórrogas han de ser cortos: a menor duración, mayor capacidad del Parlamento para controlar que el Ejecutivo no se excede en el ejercicio de los poderes tan amplios que le confiere la ley.
Hoy, mediante la aprobación en el Congreso de una prórroga del estado de alarma de seis meses, se han dinamitado los contrapesos que el sistema ideó para evitar los abusos que el Gobierno pudiera cometer durante nada menos que medio año. La voladura del Estado de derecho que puso en marcha el Gobierno en el mes de marzo coge impulso.
El momento para el Estado de derecho es siempre, imponer a los ciudadanos un falso dilema entre ley y salud es inaceptable. Sin ley no hay salud, y viceversa
Que buena parte de los socios independentistas del Gobierno de coalición PSOE-Podemos hayan votado a favor de seguir ahondando en la demolición del sistema no sorprende a nadie. Al fin y al cabo, es uno de sus sueños más húmedos. Pero hay síes y abstenciones que resultan inexplicables, como los de Ciudadanos y el Partido Popular, respectivamente. Tanto presumir de la etiqueta de constitucionalistas para acabar intercambiándola como si fuera un cromo en un juego obsceno de reposicionamiento electoral. Y que se parapeten tras las manidas justificaciones propias de la izquierda del tipo “no es el momento de debates jurídicos” o “proteger la salud es lo primero” es insoportable.
El momento para el Estado de derecho es siempre, imponer a los ciudadanos un falso dilema entre ley y salud es inaceptable. Sin ley no hay salud, y viceversa. Ustedes, señorías, son quienes pueden y deben hacerlo posible. Y si no son capaces, márchense y dejen paso a otros para que lo intenten, pero no traten de insultar nuestra inteligencia. Sus razones electoralistas (“cuanto peor, mejor”) me importan poco, pero les agradecería al menos la honestidad. Para que vean con qué poco nos conformamos, teniendo en cuenta el alto precio que vamos a pagar a costa de nuestras libertades.
Este jueves la sede de nuestra soberanía nacional ha entrado en un coma inducido por el Gobierno y por quienes no han votado en contra de esta tropelía. Ahórrenme por favor la vergüenza de tener que explicar que lo de recurrir a la Comisión de Venecia tiene la misma eficacia que envolverse en papel higiénico: es un mero órgano consultivo integrado en el Consejo de Europa que sólo emite recomendaciones. Desde este mismo organismo llevan años demandando a España la despolitización del poder judicial y ya ven el caso que le hacen.
Lo más descorazonador de todo, al menos para mí, es que a buena parte de mis compatriotas todo esto le da igual. En nuestro país no existe conciencia cívica, sino de partido. Muchos están dispuestos a tragar con cualquier mercancía averiada si se la oferta el vendedor adecuado. Pero la realidad es tozuda y va a seguir estando ahí: mientras consumimos la medicina homeopática que nos recetan desde los partidos políticos en forma de transición ecológica, paridad de género, patrioterismo, encuestas electorales y reposicionamientos tácticos, el hambre y la miseria avanzan inexorables, a la par que la muerte provocada por el coronavirus.
Las imágenes de las lágrimas de un transportista en televisión pidiendo que le dejen trabajar porque está arruinado, las de las colas del hambre, la de los camareros consolándose sentados en un bordillo frente a una tasca vacía, son el preludio de lo que está por llegar. Las olas se pueden surfear montados en una tabla de surf, pero no los tsunamis. Estos arrasan con todo y sólo dejan tras de sí vacío, que es justo lo que hay en el fondo del abismo al que nos han obligado a saltar.
Fuente: Guadalupe Sánchez: España salta al vacío
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