En una televisión afín. Con nocturnidad y con la premeditación de quien sabe que necesita aguantar un año más al frente del Gobierno. Así anunciaba ayer Pedro Sánchez que reformará el Código Penal español para rebajar las penas asociadas al delito de sedición. El anuncio no por esperado y conocido ha causado menos impacto en una opinión pública que ve cómo el presidente del Ejecutivo suaviza, a la carta, las consecuencias de un gravísimo ilícito cometido por sus socios de legislatura a cambio de mantenerse en el poder. Así las cosas, Sánchez reducirá las penas asociadas a quienes, el aciago 1 de octubre de 2017, trataron de «imponer de hecho» la independencia en Cataluña y derogar la Constitución a través de «indiscutibles episodios de violencia», como elemento de presión.

Según anuncia la prensa gubernamental afín, la Proposición de Ley que el PSOE y Podemos registrarán hoy en el Congreso implica la desaparición en el Código Penal del delito de sedición. Este delito tiene en la actualidad una pena de hasta 15 años. Así, los líderes del procés fueron condenados a 13 años de prisión. Ahora, este delito será sustituido por uno de desórdenes públicos agravados, con una pena máxima de cinco años; es decir, un tercio de la actual; un hecho que en la práctica hace dudoso el ingreso en prisión de las personas que cometan este delito en el futuro.

El Gobierno consumará la modificación legislativa para favorecer la «desjudicialización» del denominado «conflicto político» de los independentistas catalanes con el Estado español, tal y como él mismo ha confirmado. La modificación del delito de sedición –causante de la última ruptura de las negociaciones entre el PSOE y el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)– se hará a través de proposiciones de ley en el Congreso de los Diputados. Es decir, una fórmula que evitará al Ejecutivo el trámite de consultas preceptivas, que no vinculantes, al propio CGPJ o al Consejo de Estado.

Los más favorecidos por el polémico anuncio desde el punto de vista jurídico serán, sin duda, los dirigentes de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Oriol Junqueras y Marta Rovira, prófuga de la Justicia española en Suiza, se verán gratamente beneficiados por la disminución de las penas de prisión e inhabilitación puestas en marcha por el Gobierno.

Si como el propio Pedro Sánchez ha sugerido en el marco de la entrevista televisiva donde confirmaba sus planes, las penas asociadas al delito se sitúan, a partir de ahora, como en el caso más leve de Alemania -en un rango de cinco años de cárcel- Junqueras podría presentarse como candidato en las próximas elecciones autonómicas de 2025 y Rovira eludir la cárcel tras su regreso desde el cantón helvético donde se encuentra fugada, desde 2018.

Más allá de la convulsión en sede doméstica, la reforma del delito de sedición para abaratar las penas a los políticos ya condenados, la decisión del Gobierno supondrá blanquear el procés a ojos de Europa. No en vano, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) está pendiente de pronunciarse sobre los hechos condenados y sentenciados por el Supremo español y el fallo de Estrasburgo quedará desactivado para los líderes indultados.

Cabe recordar que la falta de proporcionalidad de las penas impuestas por el Alto Tribunal, presidido por el magistrado Manuel Marchena, ha sido uno de los argumentos utilizados por las defensas de los sediciosos ante la Corte comunitaria. La rebaja de las mismas por parte del propio Ejecutivo será un balón de oxígeno a las pretensiones de los políticos catalanes condenados en el marco del procés.

Además, el escenario sería favorable a un futuro y eventual regreso pactado del expresidente catalán Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia española quien, si bien tendría que ingresar en prisión, podría ser indultado con mayor facilidad y rapidez y, además, rehabilitado en sus pretensiones de participación política.

El Supremo impuso penas de entre 9 y 13 años de cárcel a los nueve líderes independentistas catalanes condenados por sedición en el juicio del procés. Para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras el Alto Tribunal reservó la pena más alta, 13 años, por un delito de sedición en concurso medial con malversación como líder de quienes, el 1-O, se alzaron «pública y tumultuariamente para promover la inobservancia de las leyes o el incumplimiento de las resoluciones judiciales» que, previamente, había dictado el Constitucional en contra del referéndum convocado por los separatistas catalanes.

De los otros ocho acusados que fueron parcialmente indultados por el Gobierno –sólo en lo relativo a las penas privativas de libertad– los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa resultaron sentenciados por sedición y malversación a 12 años de cárcel; otros dos Josep Rull y Joaquim Forn, absueltos por malversación, condenados a 10 años y medio de prisión. Mientras, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, era condenada a 11 años y medio por un delito de sedición. Por el mismo que fue impuesta una pena de nueve años a los líderes de la ANC y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente.

Así las cosas, con la reforma del Código Penal que arranca este viernes en la Moncloa, Sánchez enmendará el resultado de un procedimiento judicial celebrado durante cuatro meses, con luz y taquígrafos, en el resto de las cuestiones pendientes. Esto es, en lo relativo a la inhabilitación que, con toda seguridad quedará eliminada de entre las consecuencias aguadas de quienes, a futuro, traten de reeditar un intento similar.

El pasado mes de julio el presidente Pedro Sánchez deslizó, entre líneas, unas de sus críticas más directas sobre la sentencia de los ERE, recientemente confirmada por el Supremo, al asegurar que con el fallo dictado «pagan justos por pecadores». Ahora, con la modificación legal de la sedición se apuntala el descrédito, sobre todo internacional, del Gobierno al Supremo español. Una institución debilitada, a sabiendas desde hace meses por el Ejecutivo.

No en vano, la parálisis en la renovación del Poder Judicial, que impide al CGPJ cubrir las más de 17 vacantes que ya acumula el Supremo buscaba, como único fin, forzar al Partido Popular a pactar un intercambio de nombres que ponga en marcha un Consejo en funciones recortadas, desde hace más de cuatro años que, precisamente por la reforma de la sedición, no se ha producido.

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