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El auxiliar de Valencia era el presidente ejecutivo de la Fundación que organizó el evento
El obispo auxiliar de Valencia, Esteban Escudero, quien fue presidente ejecutivo de la Fundación de la Comunidad Valenciana para el V Encuentro Mundial de las Familias, evento al que asistió y en el que participó el Papa Benedicto XVI, en junio de 2006, se negó a declarar en la sesión del juicio celebrada hoy en la sección segunda de la Audiencia Nacional.
El juicio tiene por objetivo esclarecer las circunstancias en que se dilapidó y saqueó 7 millones de euros de la caja de Radio Televisión Valenciana, con contratos presuntamente amañados de pantallas gigantes y megafonía, que fueron a parar a un entramado de empresas y personajes de la banda Gürtel, asunto en el que figura como “partícipe a título lucrativo” la Fundación de la Comunidad Valenciana V Encuentro Mundial de la Familia.
— ¿Manifiesta querer declarar?, le preguntó el presidente del Tribunal a monseñor Esteban Escudero.
— Pues, por indicaciones de mis abogados, me acojo a mi derecho a no declarar y, si usted tiene la amabilidad, no contestaré a ninguna pregunta, respondió éste, quien estaba acompañado de su letrado.
Aunque estaba citado como testigo, y a decir verdad con advertencia de penalidad si mintiere o no dijere toda la verdad, un auténtico dilema moral, el Obispo Escudero se ha acogido a este derecho al encontrarse imputado actualmente en otros procedimientos por similares motivos abiertos en tribunales de la Comunidad Valenciana, donde se investiga otras contrataciones extrañas de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (FVEMF), en aquella ocasión.
La Fundación fue creada por el Arzobispado de Valencia que invitó a sumarse a ella a la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia. La mayor parte de su presupuesto lo proporcionaba el Gobierno autonómico, que entonces encabezaba Francisco Camps, quien en su comparecencia en jucio ya se desvinculó de todas las adjudicaciones investigadas en este juicio y de cualquier decisión relacionada con la vista del Papa a la Comunidad.
En junio de 2016, El expresidente de las Corts Juan Cotino apuntó a la responsabilidad de dos cardenales (Trujillo y García Gasco) ya muertos en la decisión de contratar a Ràdio Televisión Valenciana (RTVV) para la visita del Papa en 2006 para exculparse ante el juicio por el cobro de comisiones en la cobertura del evento.
Ante estas declaraciones, el Arzobispado de Valencia mostró su «rechazo a quienes, de forma maliciosa tengan la pretensión de sembrar dudas, respecto a la participación de la Santa Sede en lo que fue el V Encuentro Mundial de las Familias».
Se trataba de la primera ocasión en la que el Arzobispado se manifestaba en relación a una información sobre la participación de la trama Gürtel en la visita del Papa. Y añade que «nos duele especialmente que se aluda a dos personas ya desaparecidas, al cardenal Alfonso López Trujillo y al entonces Arzobispo de Valencia, Agustín García Gasco, que merecen nuestro mayor reconocimiento». Y muestra su «repulsa a que se hubiera podido instrumentalizar la visita del Papa para otros fines, con intencionalidad de beneficio o lucro por terceros. Cualquier acto de esta naturaleza es reprobable y duele especialmente a la Archidiócesis de Valencia si se destina a otros fines en algo tan importante para la Iglesia y los valencianos, como la visita del Santo Padre».
La comparecencia de Escudero, ahora que podía aclarar muchas cosas y dejar a la Iglesia en buen lugar, iba a ser uno de los platos fuertes del largo juicio que se prolongara durante los meses de junio y julio en esta segunda etapa, pues hubo de suspenderse por la pandemia al poco de comenzar en marzo.
La Fiscal Anticorrupción que intenta confirmar las teorías que ya tiene como hipótesis de trabajo, después de la diligencias e investigaciones realizadas a los largo de los siete últimos años, sabe que la Iglesia en Valencia es clave para determinar lo ocurrido y las consiguientes responsabilidades económicas y penales que se derivan del caso donde han florecido diversos y graves delitos, de los que se han lucrado personas que pudieron tener información y consideración privilegiada con motivo del encuentro de las familias y el viaje papal.
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