Miguel Tomás V.N., de 40 años de edad, de nacionalidad peruana, presunto autor del homicidio del canónigo de la catedral de Valencia, Alfonso López Benito, durmió anoche en la cárcel. No tiene ya la incertidumbre de dónde lo hará cada día en la calle a la intemperie del invierno. Los pocos días que ha durado el tiempo que tardó la policía nacional en detenerle los ha invertido en comer de menú de poca monta en bares y en dormir en la habitación de una pensión al resguardo del frío de la noche. Su situación era inmigrante sin papeles, fracasado y en situación de calle. Vivía como podía, buscándose la vida, a salto de mata.

Ha dado la impresión de que él mismo ha facilitado la detención. No ha huido de la ciudad, no se ha escondido, incluso como hoy cuenta Levante, buscó un hostal, para salir de la calle, muy cerca de la Jefatura Superior de Policía, desde donde le seguían los rastros los agentes que iba dejando el teléfono móvil y la tarjeta de crédito de su víctima, objetos que se llevó de la casa del canónigo y que le van a incriminar e implicar en el asesinato, pues él de momento, a consejo de su abogado, Jorge Carbó, se ha acogido al derecho a no hablar ni ante la Policía, ni ante el Juez de Guardia que lo ha enviado a prisión, al tiempo que lo ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción n. 19 de Valencia, competente por reparto en el asunto.

Poco más de 2.000 euros ha gastado en consumo de comida y otros gastos como el del hostal donde se alojó el presunto homicida. No se ha extralimitado. Teléfono y tarjeta de crédito del fallecido en manos del causante de su muerte han sido las vías rápidas y eficaces que han conducido a su localización y detención. Conocía bien las claves para activar ambos elementos, lo que remite a una cierta relación de confianza entre uno y otro, a no ser que hubiera forzado al canónigo a facilitarle los pins.

Miguel Tomás el día de su detención comió en “El rinconcito peruano”, un barecito gestionado por chinos, de la calle Jesús. Pagó con la tarjeta bancaria, poca cosa, y se fue.  Como en las anteriores extracciones o consumiciones, no dio tiempo a la policía a pillarlo. Llegaron al establecimientos los agentes de homicidios, vieron que ya no estaba, pero no cejaron en su empeño. Cerca de allí estaba el hostal, distrito de Abastos, donde se alojó, cuya geolocalización tenían por el móvil. Entraron y se lo encontraron.

De ahí a Jefatura y a Extranjería. Se le asignó abogada de oficio, que le aconsejó a acogerse a su derecho a no declarar. La policía se dedicó a acumular pruebas. Fotos en cajeros extrayendo dinero, triangulaciones del móvil, huellas dactilares, declaraciones de testigos, entrevistas a familiares indirectos residentes en Valencia. Fue nutriendo su argumentario. Los familiares que tiene aquí explicaron el contexto social en el que había vivido en España desde el 2022 en que llegó a nuestro país en busca de mejor vida. Sin papeles trabajó en dos sitios donde no duró mucho. Se vio obligado a sobrevivir en la calle. De hecho, cuando se le ofreció la posibilidad de llamar por teléfono a su familia en Perú no quiso hacerlo ni que se le comunicara.

En la calle, lo debió conocer el canónigo fallecido, quien entabló una relación de amistad con él, pues había estado varias veces en su domicilio. La rumorología de estos días habla de relaciones afectivas y sexuales, citándose fuentes policiales. En qué ocurría, qué pasaba en esa relación, es cosa de los dos, pues uno ha fallecido y el otro no ha querido hablar. Ahí entrará su defensor que debe estudiar la estrategia a seguir.

Ha llamado la atención que el detenido ha pasado de tener una abogada de oficio gratis a contar con la asistencia jurídica de un prestigioso penalista, experto en Derechos Fundamentales, que estuvo toda la mañana de ayer en las dependencias del Juzgado de Guardia, de donde entró y salió a la calle varias veces para hablar por teléfono. Es de suponer que la línea de la defensa va a estar en aceptar lo claramente probado, móvil y tarjeta, pero desentenderse de lo demás. Dependerá del cúmulo de pruebas que reúna la policía y de la efectividad de la acusación ante un jurado popular que se supone ha de conocer, juzgar y sentenciar esta causa con preso.

Ayer el Juez firmó Auto de prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido, tras solicitarlo el Fiscal de Guardia y la representación letrada del Arzobispado de Valencia, que, al final, tras una postura fría e indecisa, decidió contratar el despacho del prestigioso abogado Molpeceres –expertos en casos de abusos sexuales- para que ejerza la acusación popular, pues no puede ejercer la particular, y defienda los derechos del fallecido.

Se espera que la autoridad judicial conceda autorización este lunes para el enterramiento del canónigo y se desconoce de momento qué habrán decidido familia y Cabildo sobre su funeral y sepelio, donde y en qué forma, ni tampoco quien los va a presidir.