Las dinastías políticas y los obispos

El Tribunal Supremo de Filipinas dictó una sentencia histórica en la que ordenó al Congreso filipino aprobar una ley contra las dinastías políticas. El mismo tribunal hizo esta decisión el 26 de agosto de 2026, reprochando la inacción del congreso filipino desde 1987, es decir, 39 años después de la ratificación de la Constitución tras la revolución de febrero de 1986.

             Esta realidad trágica ha demostrado con creces que en gran parte la política en Filipinas no tiene la finalidad de servir al pueblo sino la de los intereses propios de figuras políticas en el país y su deseo de perpetuarse en el poder, para poder disponer de los fondos públicos conforme a sus caprichos.

             A tenor de todo ello, la conferencia episcopal filipina (CBCP) este viernes ha exigido la promulgación de una ley auténtica y eficaz contra las dinastías políticas. A través del presidente de la misma, Mons. Gilbert Garcera, arzobispo de Lipa, los obispos han afirmado que las dinastías políticas no son ‘meramente una cuestión política’, sino también constituyen una ‘preocupación moral y ética’. Siendo así, el bien común sufre cuando la autoridad pública se trata como un privilegio privado.

             La política es el mayor negocio familiar en Filipinas sobre todo por sus beneficios que se pasan de generación a generación. La realización histórica de esta verdad, tras la ratificación de la Constitución de 1987, ha puesto de manifestó que el sistema, encargado por el congreso, sigue violando el Artículo II, Sección 26 de la Constitución de 1987.Esta sección estipula que el Estado garantizará el acceso equitativo a las oportunidades de servicio público y prohibirá las dinastías políticas ‘según lo defina la ley’, por lo que el Tribunal Supremo ha sentenciado que dicha disposición impone un deber imperativo al Congreso, a la ve que deja en manos de los legisladores la definición y el alcance de la prohibición. Esto se debe a que compete al Congreso la tarea de la definición mientras que la de interpretar la ley corresponde al Tribunal Supremo que en estos momentos se ve incapacitado para dictaminar acerca de abusos de las dinastías política por la falta de la legislación en la que el mismo Tribunal basará su jurisprudencia.

             En una carta pastoral, fechada el 25 de septiembre, los obispos han mostrado apoyo a una iniciativa de la ciudadanía denominada ‘Iisa lang’ que consiste en una mayor educación y concienciación del pueblo todavía condicionado por una cultura de masas que se dejan atraer por personalidades y familias, en vez de votar según su conciencia, pensando en el bien común y en este ‘nuevo’ principio de diseminar las oportunidades de ocupar cargos en la esfera pública para eliminar el mal de las dinastías políticas.

Este nuevo principio de mirar más allá de los límites impuestos por las dinastías que, en efecto, cierran las vías de la participación gubernamental a otros está vinculado a la triste realidad económica del país en que es dominante la compra de los votos, la coerción y la desinformación puesto que las dinastías disponen de medios materiales para perpetuarse en el poder.

Amén de invitar a la oración, la Iglesia, sobre todo ahora a partir de la iniciativa del Tribunal Supremo y de la ciudadanía, ha de implementar cursos de formación, sobre todo desde los púlpitos desde donde muchas dinastías habían encontrado su apoyo.

Todo ello nos llama a recordar que la inacción de congreso tras casi cuarenta años pone de manifiesto su composición que se nutre de la política de las personalidades y de las dinastías en vez de la de los ideales compartidos, que necesariamente no ha de reducirse a una guerra de ideologías.

Mas, hasta la fecha, todo se ha reducido a una guerra enconada de intereses encarnados por familias o grupos adheridos a las dinastías.