Violencia estudiantil en Filipinas

Además de aquel horrible terremoto en el sur de Filipinas, del que escribí en su día por la mención que mereció esta hecatombe natural tras el Ángelus del Santo Padre del domingo pasado, día 21, este mes de junio también fue el escenario de otras calamidades en estas islas pero hechas por las manos de los seres humanos.

             El 16 del corriente una estudiante de 14 años de octavo grado entró en aula de quinto grado en General Trias, Cavite. Llevaba un cuchillo de cocina. Atacó a siete niños, todos más jóvenes que ella. El día 20, es decir, cuatro días después, en la misma provincia de cavite pero en otra escuela, es decir, en la Escuela Secundaria Nacional de Cavite.  Aquí un alumno de undécimo grado apuñaló a su compañero de clase de 18 años repetidas veces.  Todo esto ocurrió en la Isla de Luzón, en el norte de Filipinas.

              Dos días después, el 22 de junio, en el sur dos estudiantes, uno de 14 años y el otro de 15, entran en el aula de la Escuela Secundaria Nacional San José en la ciudad de Tacloban. Ambos llevaban armas de fuego cortas. Tiroteos. Según los informes, hasta otros 13 resultaron heridos, aunque las cifras de la policía han variado entre 5 y 13. Pero 3 alumnos murieron.

       Y, ¿el origen de las armas utilizadas en Tacloban? La policía dice que se cree que provenía de una tía de uno de los sospechosos, una oficial de policía que ahora se encuentra bajo investigación. Y el sobrino, un admirador de Rodrigo Duterte.

        La vida en Filipinas es dificilísima. Es admirable la resiliencia y la paciencia de los filipinos. De estos dos rasgos del carácter nacional se aprovechan los líderes corruptos. No podemos echarle toda la culpa al ahora expresidente encarcelado en La Haya por crímenes de lesa humanidad, pues existen muchos factores, como la pobreza, el bullying, las presiones sociales, etc. Pero sí se cultivó una cultura de exaltación de la muerte y violencia durante el mandato nefastísimo de Duterte. Su mandato fue un período de tejeduría de las telarañas interiores que ahora asfixian y ensucian las cavernas íntimas de la fibra moral de esta sociedad en que ya, desde tiempos antiguos, la impunidad y el privilegismo elitistas prevalecen.

             No se puede dudar que en el caso de lo ocurrido en Tacloban fue modélico aquel dirigente más alto de la nación quien se jactaba de cometer asesinatos para aquellos jóvenes, y posiblemente muchos otros de la generación que crecieron en tiempos de Duterte. Para este la brutalidad es poder, la crueldad es justicia y matar es una respuesta legítima al conflicto. Esta novedad no la trajo Duterte.   No hay que buscar otros instantes muy antiguos. Solo hace falta dirigir la mirada hacia aquellos 20 años del régimen del dictador Marcos, padre del actual presidente filipino, en su día aliado del mismo Duterte hasta que la hija de este resultara vicepresidente del mismo príncipe heredero de la dinastía de los Marcos. Lamentablemente, los sucesores de Marcos, padre, no han podido eliminar esta ola de violencia durante sus respectivos mandatos. Incluso hubo episodios muy violentos durante el mandato de la santa Corazón Aquino, por ejemplo, aquella masacre deplorable de demostradores a las puertas del palacio presidencial. No me acuerdo de haber oído al entonces arzobispo de Manila, el que canonizó a la santa Corazón, denunciar este episodio vergonzoso y detestable.

             El resultado de aquella onda violenta en el espíritu colectivo filipino desembocó en esta metástasis que es la violencia estudiantil en la subconciencia de una nación en donde los menores imitan la brutalidad de la gente mayor hasta llegar a pensar que uno puede llegar a ser exitoso, hasta presidente de la nación, cuando las manos de uno están manchadas de sangre. La tragedia de Tacloban no es un fracaso de la ley juvenil. Las leyes son medidas necesarias. Imperfectas sí y más imperfectas aún en la manera con la que se ejecutan, sobre todo en este ambiente de impunidad y privilegismo cuya manifestación más común es la corrupción en las más altas esferas del poder en este país. Y no solo se limita a las esferas civiles o políticas. También hay que incluir aquí los casos de corrupción eclesiástica, junto a los casos de violencia eclesial (sobre todo el abuso de menores), que de momento no son numerosos en el archipiélago magallánico.

             Es de lamentar que la violencia vaya normalizándose en esta sociedad nuestra, pues el cáncer de la impunidad, del privilegismo y de la corrupción sin duda favorece esta metástasis maléfica.

             A la raíz de todo esto se halla la deplorable vida familiar (o la falta de ella) de estos estudiantes violentos. Yo mismo he presenciado episodios parecidos a nivel universitario. No les corresponde a las escuelas, a los docentes, a los pastores, a los empleadores la tarea ardua pero necesaria educar en la disciplina a los niños. Esta tarea corresponde a la familia, sobre todo a los padres quienes son insustituibles en esta tarea. Mas cabe preguntarse a la vista de muchos casos: ¿y si estos estudiantes violentos no tienen padres o no tienen una vida familiar estable? ¿A quién correspondería, entonces, la tarea indicada arriba?

             Es deplorable que hay quienes piensen que estos niños violentos son víctimas de la sociedad. En primer lugar, estos niños aunque sí no tienen la culpa de nacer y crecer en condiciones deplorables no son las víctimas. Las verdaderas víctimas no solo son los dañados directamente. Las verdaderas víctimas somos todos nosotros. Y como víctimas sí todos merecemos justicia.

            Contamos con la ley RA 9344. Conforme a esta los niños de 15 años o menos están exentos de responsabilidad penal mas no se les deja simplemente en libertad. Se someten a una intervención obligatoria. Además, siguen teniendo responsabilidad civil a través de sus padres o tutores. Los menores de entre 15 y 18 años pueden ser declarados penalmente responsables si se demuestra que actuaron con ‘discernimiento’, esto sí, si comprendían el peso moral y psicológico de sus actos junto a las consecuencias de los mismos. Si el menor tiene más de 15 años, actuó con discernimiento y cometió un delito sancionable con más de 12 años de prisión, puede ser juzgado y condenado por un tribunal.

             Pero la polémica está servida. Este tema espinoso y candente seguirá suscitando debates. Desafortunadamente incluso los charlatanes y los trolls pagados por bienhechores de carácter tendencioso participan en estas actividades rebajando el nivel y el respeto exigidos por la seriedad del tema. Por el momento, solo quiero señalar que es preciso corregir o remediar la cultura que envuelve a todo esto. Me refiero a la tejeduría ética de nuestra sociedad que sigue padeciendo del cáncer de la impunidad, del privilegismo y de la corrupción. Se necesita una voluntad de hierro que imponga la coherencia y la constancia en la aplicación de las medidas penales y la verdad y la determinación en la investigación y evaluación de los hechos con la finalidad de proponer un modelo de comprensión adecuado para entender y ofrecer soluciones con vistas al futuro.

             Para rematar estas reflexiones es preciso afirmar aquí que para comenzar con esta tarea deberíamos dejar de ser un país ofuscado por la brillantez falsa y maligna de ciertos personajes violentos que carecen de los atributos necesarios para ser dirigentes de los destinos de este país. Los Marcos y los Duterte siguen teniendo unos imitadores o emuladores incondicionales que se presentan como unos Robin Hood. Este arquetipo de una moralidad carente de todo sentido de responsabilidad ha de expulsarse de nuestras entrañas, pues no son astros sino agujeros negros que nos llevarían todos a un vacío ético sin fin.

Dicho esto, me temo que nos encontremos solo a unos pasos antes de la ruptura definitiva de nuestro tejido ético social como nación. A tenor de ello, séame permitido cerrar con estas palabras: eso de confundir los agujeros negros con astros es el origen de la locura colectiva que sigue generando o desovando las enfermedades mentales y éticas que provocan la delincuencia generalizada de la que estos episodios de violencia juvenil recientes son una pequeña pero pavorosa muestra.