Señor Nann, ¿la palabra de una persona solo vale cuando le conviene?

Hay una forma particularmente miserable de ejercer la crítica y consiste en decidir que el testimonio de una persona merece credibilidad únicamente cuando confirma nuestras convicciones políticas, algo que me preocupa al leer la columna de Reinaldo Nann, «Los pecados del Padre Omar», publicada en Religión Digital. No comparto la línea política ni teológica de Omar Sánchez, mucho menos su conservadurismo militante y su discurso contra quienes identifica como enemigos del cristianismo, pero tengo razones suficientes para confrontar sus posiciones sin necesidad de adelantar conclusiones sobre acusaciones tan graves ni aprovecharlas para desacreditarlo personalmente.

Precisamente por eso me indigna leer un texto que, bajo la preocupación legítima por los abusos sexuales, parece conceder a la sospecha un alcance difícil de delimitar, porque cuando los elementos disponibles no permiten acreditar una acusación, el razonamiento se desplaza hacia otras posibilidades y, cuando una persona niega haber sido víctima, su declaración parece recibir menos consideración que las hipótesis construidas alrededor de ella, hasta que la discusión acaba trasladándose hacia un presunto pecado sexual. Da la impresión de que nos cuesta aceptar la posibilidad de que alguien a quien rechazamos políticamente no resulte responsable de aquello que se le atribuye.

Nicolás Arosemena compareció públicamente en una entrevista difundida en mayo de 2026, reconoció que era él quien aparecía en las fotografías junto al sacerdote y afirmó que nunca presentó una denuncia contra Sánchez, al tiempo que atribuyó a su madre la firma del documento al que se hacía referencia en las acusaciones.

También negó haber sido víctima de abusos y describió su relación con el religioso de una manera distinta de la presentada en las informaciones que dieron a conocer el caso, por lo que conviene recordar que existe una entrevista grabada en la que una persona adulta habla públicamente sobre su propia experiencia. ¡Y aun así Nann continúa refiriéndose a él como «supuesta víctima» y, en otros pasajes, simplemente como «víctima», pese a que Nicolás ha rechazado públicamente esa identificación!

Si su testimonio no basta por sí solo para cerrar todas las preguntas, tampoco debería recibir menos consideración simplemente porque resulta inconveniente para determinada lectura del caso, ya que las circunstancias de una posible situación de abuso merecen una investigación seria, mientras que la voz de la persona involucrada exige un respeto que no puede depender de nuestras preferencias. De lo contrario, ¿qué clase de escucha estamos defendiendo? ¿Una donde las personas tienen derecho a hablar siempre que digan lo que esperamos escuchar?

La parte más reveladora de la columna aparece cuando Nann, después de examinar la acusación de abuso, plantea la posibilidad de una relación homosexual consentida y llega a afirmar que, de haber existido, Nicolás sería «cómplice del pecado» y que la perjudicada sería la Iglesia. ¡Qué formidable pirueta moral! Porque la persona cuya posible vulnerabilidad motivaba inicialmente la preocupación termina situada en el terreno de la responsabilidad moral, mientras que una institución religiosa aparece ocupando el lugar de quien habría sufrido el daño, y todo ello mediante una interpretación de fotografías y capturas de conversaciones que, aun cuando puedan justificar preguntas, no permiten por sí solas establecer con certeza la naturaleza de una relación ni las circunstancias en que se habría desarrollado o que de haber existido hayan sido confesadas y absueltas.

Que las normas canónicas contemplen determinadas infracciones contra las obligaciones clericales no convierte una sospecha en un hecho demostrado, ni autoriza a tratar una eventual relación consentida entre personas adultas como si fuera equivalente a una agresión sexual, aunque la columna parece acercar peligrosamente discusiones que requieren criterios distintos.

Nann tiene derecho a defender la disciplina de su Iglesia y a solicitar que se investiguen posibles infracciones canónicas, pero debería reconocer cuándo está discutiendo esa disciplina y cuándo está hablando de violencia sexual, sobre todo porque no deja de llamar la atención que quien ha relatado públicamente su salida del episcopado y su posterior matrimonio, cuestionando además la obligatoriedad del celibato, recurra ahora al lenguaje del pecado para examinar una intimidad ajena sobre la que todavía existen interrogantes.

Uno pensaría que su propia experiencia podría favorecer una reflexión especialmente cuidadosa sobre los límites de la vigilancia eclesiástica de la sexualidad, precisamente porque él mismo ha defendido la necesidad de reconocer la complejidad de las decisiones afectivas frente a las exigencias institucionales. Y es que resulta inquietante que una preocupación legítima por los abusos termine desplazándose hacia una discusión sobre la vida sexual de otras personas, por lo que no puedo evitar preguntarme si estamos distinguiendo adecuadamente la investigación de posibles violencias del interés por determinar quién se acostó con quién.

El 27 de octubre, Omar Sánchez anunció que las investigaciones preliminares de la Fiscalía peruana y del tribunal eclesiástico habían sido archivadas por falta de sustento, aunque habría que conocer las resoluciones, examinar sus fundamentos y determinar exactamente qué investigó cada instancia, porque el comunicado del propio sacerdote no sustituye los documentos oficiales. Sin embargo, Nann tampoco presenta esas resoluciones y, pese a reconocer la falta de información sobre su contenido, plantea la posibilidad de que la autoridad episcopal no haya examinado otras infracciones y advierte sobre eventuales riesgos para las personas atendidas en la institución asistencial dirigida por Sánchez. ¡Pero así el terreno de la sospecha puede ampliarse indefinidamente!

Me parece que el señor Nann debería ser más honesto con quienes le han leído y distinguir cuidadosamente entre lo documentado y las hipótesis que considera necesarias investigar, porque la gravedad de una acusación exige precisión, pero no solo cuando es el «otro bando » el atacado.

Me irrita especialmente que algunas personas parezcan dispuestas a reproducir las mismas prácticas que denuncian cuando proceden de la derecha, como si tantos años cuestionando a las instituciones religiosas que relativizan testimonios o protegen a sus referentes mediante interpretaciones interesadas no hubieran servido para reconocer el riesgo de aplicar criterios diferentes según nuestras afinidades. ¿Vamos a permitirnos ahora una selección semejante de aquello que merece ser escuchado o investigado?

Me pregunto qué ocurriría si Omar Sánchez fuera un sacerdote cercano a posiciones progresistas y si aceptaríamos con tanta facilidad que unas fotografías bastaran para sostener determinadas insinuaciones sobre su vida sexual, mientras se plantean dudas sobre la seguridad de los espacios donde trabaja. Quizás algunas voces exigirían mayor prudencia y respeto por la intimidad, como, de hecho, corresponde. Por eso mismo, esas garantías solicitadas para unos parecen recibir un trato distinto cuando se trata de alguien con quien discrepamos profundamente. Nada de esto absuelve por sí mismo al sacerdote, pero sí nos obliga a reconocer el peligro de que nuestras disputas ideológicas terminen por condicionar la manera en que valoramos las denuncias gravísimas que existen, porque estoy seguro de que el conservadurismo de Sánchez merece una crítica política contundente y documentada, pero ello no implica suspender sus derechos o sospechar arbitrariamente. Si desde los sectores progresistas defendemos las garantías con mayor convicción cuando se trata de quienes comparten nuestras posiciones, corremos el riesgo de reproducir aquello que tantas veces hemos denunciado.

Creo que «cuidar al enemigo» es la parte incómoda de una ética que pretende sostenerse más allá de nuestras simpatías, porque resulta relativamente sencillo defender la dignidad de quienes piensan como nosotros, mientras que hacerlo con alguien cuyas posiciones rechazamos exige una coherencia que no siempre estamos dispuestos a practicar.

Sé que hubo un linchamiento social contra Omar Sánchez y no me sumaré a quienes lo presentan como un mártir de la persecución ideológica. Creo que sus declaraciones en público deben ser cuestionadas de manera directa y enérgica. Pero no permitiré que nuestros rivales políticos invaliden el testimonio de alguien que no se considera una víctima, ni tomaré como certezas lo que no son más que indicios que requieren pruebas que los corroboren. Por eso me interesa hablar de cuidar al enemigo, porque esto exige defender su dignidad incluso cuando nuestras propias convicciones se encuentren en contra, y mucho más cuando se ha escuchado al mismo Nicolás, cuya palabra y cuya intimidad no deberían quedar subordinadas a ninguna disputa ideológica.

No necesito que Omar Sánchez sea inocente para exigir una investigación rigurosa, ni que sea culpable para combatir sus ideas, aunque sí necesito conservar la coherencia suficiente para cuestionar, cuando afecta a un adversario, una práctica que también consideraría injusta si recayera sobre alguien de nuestro lado. Porque cuando nuestros principios dejan de proteger a quienes rechazamos, corremos el riesgo de que aquello que llamamos justicia termine dependiendo demasiado de nuestros intereses.