Los políticos, al tren de Urda

Hay trenes que llegan tarde y políticos que siempre llegan a tiempo: a la cámara, al plató de televisión y al reparto de culpas ajenas. En Urda, mientras las víctimas sufren lo irreparable y sus familias afrontan un dolor que ninguna declaración puede aliviar, algunos dirigentes ya compiten por controlar el relato. Unas familias lloran a sus muertos; ciertos políticos calculan el coste electoral de la tragedia.

La tragedia tiene víctimas; la política, portavoces. Unas necesitan verdad y justicia; otros parecen necesitar, ante todo, una buena estrategia de comunicación.

La ironía sería grotesca si no fuera trágica. Todavía deben esclarecerse las causas del accidente. Las primeras informaciones apuntan a una avería del sistema de seguridad ferroviaria y a una posible concatenación de fallos, instrucciones y decisiones que los investigadores deben reconstruir. No cabe dictar sentencias desde un micrófono. Pero tampoco aceptar que la prudencia se convierta en una coartada para eludir preguntas incómodas.

¡Qué prodigio de clarividencia! Los investigadores necesitan examinar registros, comunicaciones y protocolos; algunos políticos parecen necesitar apenas unos minutos para señalar al adversario o declararse inocentes.

El arte de gobernar sin responder

Cuando ocurre una catástrofe, comparecen los responsables, expresan su consternación, prometen llegar hasta el final y garantizan que se conocerá toda la verdad. El repertorio de la solemnidad institucional funciona a la perfección. El problema comienza después, cuando las palabras no se traducen en explicaciones, las promesas no desembocan en reformas y la rendición de cuentas termina convertida en una ceremonia sin consecuencias.

«Llegaremos hasta el final», aseguran. Pero ¿hasta qué final? ¿Hasta el último informe técnico o hasta que la opinión pública se canse de preguntar?

Gobernar no consiste en inaugurar infraestructuras, presentar estadísticas optimistas y comparecer cuando las cámaras están encendidas. Consiste, ante todo, en garantizar que los servicios públicos funcionen cuando nadie está mirando. La seguridad ferroviaria no puede depender de la fortuna ni convertirse en una cuestión secundaria frente a las prioridades presupuestarias, administrativas o electorales.

Si fallaron los protocolos, deben revisarse. Si existían advertencias desatendidas, habrá que determinar quién las conocía y cómo actuó. Si hubo negligencias, deberán acreditarse y exigirse las responsabilidades correspondientes. Y si determinadas decisiones políticas contribuyeron a crear o mantener condiciones de riesgo, sus responsables no podrán esconderse detrás de la complejidad técnica.

Un ministro no es culpable penalmente por el mero hecho de que ocurra un accidente durante su mandato. Pero tampoco puede desentenderse de la gestión de la que es responsable. La responsabilidad política no consiste en cargar con todas las culpas, sino en responder por las decisiones propias y por el funcionamiento de las instituciones dirigidas.

Isaías, Miqueas y san Agustín frente al cinismo político

Mucho antes de los gabinetes de comunicación, los asesores de imagen y las estrategias de control de daños, la Biblia ya advertía a quienes ejercen la autoridad: «¡Ay de los que dictan leyes injustas!» (Is 10,1).

El profeta no habla de trenes ni de señalización ferroviaria, pero denuncia una perversión que atraviesa los siglos: utilizar la autoridad sin atender a las exigencias de la justicia. El cargo público no es una propiedad privada ni una licencia para anteponer los intereses propios al bien común.

Miqueas resume esa exigencia en tres imperativos: «Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios» (Mi 6,8). Justicia para esclarecer los hechos; misericordia para respetar el sufrimiento de las víctimas; humildad para reconocer los errores sin convertir cada crítica en una conspiración del adversario.

El problema no es que nuestros políticos desconozcan estas exigencias, sino que algunos las recuerdan con extraordinaria facilidad cuando afectan a sus adversarios y las olvidan cuando les conciernen a ellos. La ética parece funcionar con una curiosa flexibilidad: implacable para el contrario, comprensiva para el propio.

San Agustín formuló en La ciudad de Dios una pregunta que conserva toda su fuerza: «Suprimida la justicia, ¿qué son los reinos sino grandes latrocinios?» (IV, 4). No se trata de equiparar sin pruebas a un Gobierno con una organización criminal, sino de recordar que la autoridad pierde legitimidad moral cuando deja de servir a la justicia y se dedica a proteger sus propios intereses.

Cuando cada partido convierte sus errores en accidentes inevitables y los del adversario en pruebas definitivas de corrupción, la política deja de ser una búsqueda del bien común para transformarse en una competición de hipocresías. Las víctimas aportan el decorado; la indignación, el combustible; y el calendario electoral decide cuándo conviene pasar página.

León XIV: las personas no son propaganda

En Magnifica humanitas, León XIV insiste en la dignidad de la persona y en la obligación de orientar el progreso técnico al servicio del ser humano y del bien común. Su reflexión interpela también a una política fascinada por los resultados inmediatos, las disputas ideológicas y la rentabilidad de sus decisiones.

El pueblo del que hablan los dirigentes no es una abstracción estadística. Está compuesto por personas concretas que trabajan, viajan, cuidan de sus familias y confían legítimamente en que los servicios públicos funcionan. No tienen por qué conocer los mecanismos de seguridad de un tren; tienen derecho a exigir que quienes los gestionan cumplan sus obligaciones.

El progreso no se mide únicamente por la velocidad de los convoyes, la modernidad de las instalaciones o las cifras de inversión. También se mide por la capacidad de prevenir riesgos, detectar fallos y evitar que una sucesión de errores termine en una catástrofe.

La tecnología debe estar al servicio de la vida, no la vida a merced de las deficiencias de la tecnología y de quienes tienen la obligación de supervisarla.

Las víctimas de Urda no necesitan discursos sobre el progreso. Necesitan verdad, justicia, reparación y garantías de que se corregirán las deficiencias que la investigación llegue a demostrar.

¿Y los intelectuales? ¿También viajan en el vagón de la complacencia?

La tragedia interpela igualmente a periodistas, profesores, escritores, filósofos y teólogos. Su obligación no consiste en repetir las consignas de un partido ni en justificar a quienes comparten sus preferencias ideológicas. Consiste en investigar, contrastar, distinguir los hechos de las conjeturas y exigir responsabilidades sin obedecer a conveniencias partidistas.

Quien denuncia los errores ajenos y disculpa los propios no ejerce la crítica: administra lealtades.

Existe, además, una complicidad más discreta: el silencio de quienes prefieren no incomodar a los suyos. Se llama prudencia a lo que a veces es miedo; se invoca la complejidad para evitar preguntas; se exige cautela ante las responsabilidades propias mientras se reclama una condena inmediata para las ajenas.

La prudencia es indispensable cuando evita acusaciones injustas. Se convierte en coartada cuando sirve para eludir la verdad. Por eso, la independencia intelectual exige rigor en la investigación, garantías para los acusados y transparencia institucional. Ni condenas anticipadas ni impunidad disfrazada de cautela.

El intelectual que merece ese nombre no está al servicio del poder político ni de la oposición, sino de la verdad. Y su independencia se demuestra, precisamente, cuando decirla incomoda a quienes preferiría defender.

Señores políticos: el tren no es suyo

Urda no necesita una competición de indignaciones, sino una investigación rigurosa, conclusiones verificables, responsabilidades proporcionadas y reformas efectivas. Si hubo errores individuales, habrá que determinar su alcance. Si fallaron los sistemas de seguridad, deberán corregirse. Si existieron responsabilidades políticas, tendrán que asumirse. Todo ello con pruebas, garantías y sin privilegios partidistas.

Los trenes no pertenecen a los Gobiernos, las infraestructuras no son patrimonio de los partidos y las víctimas no tienen siglas. La seguridad colectiva no constituye un botín electoral.

Por eso, el título admite una última ironía: Los políticos, al tren de Urda. Que suban dispuestos a escuchar las preguntas que siguen abiertas; que acompañen a las víctimas sin convertir su dolor en propaganda; que lleguen hasta el final de la investigación y no se bajen cuando aparezcan responsabilidades incómodas. Y que, cuando llegue el momento de rendir cuentas, no pretendan viajar en primera clase mientras la ciudadanía paga las consecuencias.

Isaías seguirá preguntando por la justicia; san Agustín, por la legitimidad de la autoridad; León XIV, por la dignidad humana. Ninguno de ellos ofrece refugio moral a quienes subordinan el bien común a sus intereses.

Los políticos pueden disputar el relato, intercambiar acusaciones y multiplicar comparecencias. Lo que no pueden exigir es que confundamos el olvido con la absolución.

En Urda, antes que el prestigio de los partidos, está la dignidad de las víctimas. Antes que la propaganda, la verdad. Y antes que cualquier cálculo electoral, la obligación de proteger la vida.