«Salid de la ciudad, pueblo mío»: El Apocalipsis contra la idolatría del dinero, los desahucios y los poderes que nos gobiernan

«Salid de ella, pueblo mío, no sea que os hagáis cómplices de sus pecados y os alcancen sus plagas» (Apocalipsis 18,4).

«Salid de ella, pueblo mío» (Apocalipsis 18,4). La orden se dirige a quienes viven dentro de un sistema cuya prosperidad descansa sobre la injusticia y cuya capacidad de seducción hace difícil reconocer sus contradicciones. Babilonia no se sostiene únicamente por la fuerza de sus gobernantes, sino también por los intereses que protege, los privilegios que distribuye y las complicidades que consigue. Su denuncia plantea una cuestión incómoda para cualquier época: ¿cómo vivir sin participar en aquello que degrada la dignidad humana? La pregunta alcanza hoy a la economía que convierte las necesidades básicas en oportunidades de negocio, a la política que tolera desigualdades persistentes y a las instituciones religiosas cuando anteponen su influencia a las exigencias del Evangelio.

¿De qué ciudad hay que salir? ¿De qué sistema? ¿De qué complicidades?

¿De qué ciudad hay que salir? ¿De qué sistema? ¿De qué complicidades? ¿Qué significa escuchar hoy esta llamada cuando la riqueza se acumula, la vivienda se convierte en un negocio inaccesible para muchos y una persona anciana puede terminar sus días lejos de la casa en la que ha vivido durante décadas?

El Apocalipsis no ofrece una respuesta técnica a los problemas políticos y económicos de nuestro tiempo. Ofrece algo más incómodo: un criterio para juzgarlos. Denuncia una sociedad que confunde prosperidad con justicia, poder con legitimidad y acumulación con bienestar. Una sociedad en la que los gobernantes, los comerciantes y quienes se benefician del orden establecido lamentan su caída, pero apenas parecen reparar en las vidas sacrificadas para sostenerlo.

Babilonia es la imagen de ese mundo. Y su advertencia alcanza hoy a la economía, a la política y también a la Iglesia.

Babilonia no ha desaparecido

En Apocalipsis 17–18, Babilonia representa un poder que seduce a los gobernantes, enriquece a los mercaderes y extiende su influencia mediante el lujo, el comercio y la dominación. La referencia remite a Roma, centro del poder imperial, pero el símbolo desborda las circunstancias históricas en las que fue escrito.

Babilonia no es solamente una ciudad. Es una lógica de poder: aquella que convierte sus intereses particulares en necesidades colectivas, presenta sus privilegios como inevitables y considera aceptables los sufrimientos que permiten mantener su prosperidad.

Su grandeza tiene un precio. Los gobernantes se benefician de sus alianzas; los comerciantes prosperan con sus negocios; quienes participan de sus ventajas temen perderlas. Cuando la ciudad cae, todos lloran. Pero ¿quién llora por quienes fueron explotados para hacer posible aquella riqueza?

El capítulo 18 contiene una de las denuncias más contundentes de toda la Escritura. La enumeración de las mercancías con las que comercia Babilonia culmina con una expresión estremecedora: «esclavos, es decir, vidas humanas» (Ap 18,13).

El problema no es el comercio en sí mismo, ni toda riqueza constituye una injusticia. El problema aparece cuando la acumulación deja de reconocer límites y las personas terminan convertidas en instrumentos de beneficio. La pregunta atraviesa los siglos: ¿Qué sucede cuando el dinero deja de ser un medio para sostener la vida y se convierte en la medida que determina qué vidas merecen ser sostenidas?

Babilonia no necesita que todos sus habitantes sean malvados. Le basta con que demasiados consideren normales sus privilegios, inevitables sus consecuencias y demasiado costoso cambiar las reglas.

No hace falta identificar Babilonia con un país, un partido o una ideología para reconocer su presencia. Puede manifestarse allí donde el poder económico condiciona las decisiones políticas, donde la rentabilidad se antepone a la dignidad y donde el sufrimiento de los más vulnerables se acepta como un coste inevitable del progreso.

Babilonia no necesita que todos sus habitantes sean malvados. Le basta con que demasiados consideren normales sus privilegios, inevitables sus consecuencias y demasiado costoso cambiar las reglas.

Una ciudad que expulsa a sus habitantes

Una ciudad debería ser un lugar para vivir. Sin embargo, nuestras ciudades corren el riesgo de convertirse en espacios donde resulta cada vez más difícil permanecer. La vivienda es una necesidad humana fundamental, pero también un activo financiero, una inversión y una fuente de rentabilidad. El conflicto comienza cuando su dimensión económica termina imponiéndose sobre su función social.

Una casa deja entonces de ser el lugar donde alguien duerme, cuida a sus hijos, acompaña a sus mayores y construye sus relaciones. Se convierte, ante todo, en un activo cuyo valor debe aumentar. El barrio pasa a ser una oportunidad de negocio; sus habitantes, variables de una operación económica; la permanencia de una familia, un obstáculo para mejorar la rentabilidad.

La contradicción es evidente: puede aumentar el valor de los inmuebles mientras disminuyen las posibilidades de acceder a una vivienda. Puede crecer la inversión inmobiliaria mientras jóvenes con empleo no consiguen emanciparse, familias destinan una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler y personas mayores temen perder el hogar en el que han vivido durante décadas.

¿Qué significa el progreso cuando quienes sostienen una ciudad con su trabajo no pueden permitirse vivir en ella?

La crisis de la vivienda no es exclusivamente un problema de precios. Afecta a la libertad efectiva, a la seguridad personal, a la salud, a las relaciones familiares y a la posibilidad de construir un futuro. Quien carece de un hogar estable no pierde solamente un techo: puede perder también la continuidad de sus vínculos, su autonomía y su lugar en la comunidad.

Por eso, la vivienda no puede tratarse como un bien cualquiera. Su regulación debe conciliar los derechos legítimos de los propietarios con la necesidad de garantizar un acceso digno y razonable a un bien indispensable. No todos los propietarios tienen la misma capacidad económica ni todas las situaciones de impago son iguales. Tampoco todos los desahucios responden a las mismas circunstancias. Precisamente por eso hacen falta políticas que distingan las situaciones, protejan a quienes se encuentran en mayor vulnerabilidad y ofrezcan alternativas cuando el desamparo resulta evitable.

Una ciudad puede enriquecerse y empobrecer a sus habitantes al mismo tiempo. Babilonia comienza cuando el crecimiento económico deja de preguntarse para quién crece y a costa de quién lo hace.

Maricarmen: el rostro humano de una injusticia

El caso de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada el 23 de septiembre de 2026 de la vivienda madrileña en la que había vivido durante más de siete décadas, ha hecho visible la dimensión humana de la crisis habitacional. Falleció el 7 de octubre, después de permanecer hospitalizada desde su expulsión. Su historia ha provocado una amplia reacción social y ha reabierto el debate sobre los desahucios y la protección de las personas vulnerables.

No es necesario atribuir al desahucio una causalidad médica que no corresponde establecer para comprender la gravedad de lo sucedido. Basta con mirar la situación: una mujer anciana, con discapacidad, expulsada de la casa que había sido su hogar durante décadas y fallecida sin poder regresar a ella.

Una vida entera puede quedar condensada en una escena: una puerta que se cierra, una camilla que sale a la calle, una persona que pierde el lugar donde había construido sus recuerdos.

El lenguaje jurídico puede describir el procedimiento. El económico, calcular los costes. El administrativo, determinar las competencias. Pero ¿qué lenguaje expresa la pérdida de un hogar cuando ese lugar contiene décadas de pertenencia, afectos y memoria?

Una sociedad debe preguntarse qué salvaguardas establece para evitar que una persona termine en el desamparo.

Conviene distinguir entre la legalidad de un procedimiento y la justicia de sus consecuencias. Que una actuación se ajuste a derecho no elimina la obligación de examinar sus efectos humanos, especialmente cuando afecta a personas vulnerables. Tampoco significa que todo desahucio sea ilegítimo o que los derechos de los propietarios carezcan de protección. Significa que una sociedad debe preguntarse qué salvaguardas establece para evitar que una persona termine en el desamparo.

El caso de Maricarmen obliga a plantear una cuestión elemental: ¿puede considerarse justa una sociedad que dispone de mecanismos para expulsar a una anciana de su casa, pero no consigue garantizar a tiempo una solución que preserve su dignidad?

La indignación pública es comprensible, pero no basta. Tampoco basta convertir una tragedia en símbolo durante unos días y regresar después a la normalidad. El verdadero homenaje consistiría en evitar que otras personas atraviesen situaciones semejantes. La compasión que no modifica nada corre el riesgo de convertirse en una forma respetable de indiferencia. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) correspondientes al primer trimestre de 2026, en España se practicaron 4.005 lanzamientos judiciales, lo que equivale a una media de 44,5 al día. Esta cifra incluye los lanzamientos derivados del impago del alquiler, las ejecuciones hipotecarias y otras causas.

León XIV: no basta con atender las emergencias

El 28 de septiembre de 2026, durante la rueda de prensa en el vuelo de regreso de Francia a Roma, León XIV fue preguntado por el problema de la vivienda y por el desahucio de Maricarmen.

Su respuesta merece atención porque desplazó la pregunta desde el caso particular hacia las causas que lo hacen posible. El papa afirmó que el problema de la vivienda no puede resolverlo por sí sola una parroquia, una diócesis o la Iglesia. También pidió exigir a los dirigentes políticos y a las autoridades que busquen soluciones, ante un problema que, señaló, está aumentando.

La importancia de esta intervención reside en una distinción decisiva: una cosa es atender a quienes sufren las consecuencias de un problema y otra, muy diferente, modificar las condiciones que lo producen. Una parroquia puede proporcionar alojamiento temporal. Una diócesis puede movilizar recursos. Una comunidad puede acompañar a una familia amenazada de desahucio. Todas estas actuaciones son necesarias. Pero ninguna sustituye la responsabilidad de los poderes públicos de desarrollar políticas de vivienda eficaces. La asistencia inmediata no puede convertirse en una coartada para mantener intactas las causas del desamparo.

Es necesario preguntarse por qué se producen estas situaciones, qué intereses intervienen, qué decisiones las favorecen y qué alternativas podrían evitarlas.

León XIV apunta así a una cuestión que supera la coyuntura: cuando una injusticia se repite, hay que examinar las estructuras que la hacen posible. No basta con reaccionar ante cada emergencia, como si cada caso fuera una desgracia aislada. Es necesario preguntarse por qué se producen estas situaciones, qué intereses intervienen, qué decisiones las favorecen y qué alternativas podrían evitarlas.

Aquí se encuentran la voz del papa y la denuncia del Apocalipsis. Ambas obligan a mirar más allá de las apariencias y a examinar la lógica que gobierna una realidad cuando sus resultados entran en conflicto con la dignidad humana.

La Iglesia no tiene que dictar una solución técnica única ni convertirse en un partido político. Pero tampoco puede refugiarse en la beneficencia para eludir la dimensión pública de la justicia. Su responsabilidad incluye acompañar a las víctimas, interpelar a los gobernantes y examinar críticamente las estructuras económicas y sociales. La caridad es imprescindible, pero no sustituye a la justicia.

Cuando la vivienda se convierte en un ídolo

La denuncia de Babilonia alcanza una actualidad particular cuando se aplica a una economía en la que el acceso a la vivienda depende cada vez más de la capacidad adquisitiva. No se trata de demonizar el mercado inmobiliario ni de considerar culpable a todo propietario. Se trata de preguntar qué sucede cuando un bien indispensable para vivir queda sometido a una lógica que puede premiar su escasez, favorecer la acumulación y relegar las necesidades de quienes disponen de menos recursos.

Una vivienda puede ser legítimamente una propiedad privada. Pero no deja de ser, al mismo tiempo, un bien con una función social. La tradición cristiana mantiene ambas afirmaciones sin reducir una a la otra.

El Catecismo de la Iglesia Católica recuerda que la propiedad privada está subordinada al destino universal de los bienes (n. 2403). Pablo VI, en Populorum progressio (n. 23), cuestionó la concepción de la propiedad como un derecho incondicional y absoluto. Francisco retomó esa tradición en Laudato si’ (n. 93), al insistir en que el derecho a la propiedad no puede separarse de las necesidades de los demás.

Estas referencias no proporcionan una respuesta automática a todas las controversias sobre alquileres, regulación, construcción o vivienda pública. Sí impiden, sin embargo, que la defensa de la propiedad se convierta en un argumento que excluya cualquier obligación hacia quienes necesitan una casa.

El problema aparece cuando el valor de un inmueble se considera más importante que la seguridad de quien lo habita; cuando el aumento de la rentabilidad se presenta como una finalidad suficiente; o cuando la vulnerabilidad económica se interpreta como un fracaso individual, sin examinar las condiciones sociales que la agravan.

La idolatría del dinero comienza cuando se le concede autoridad para decidir qué necesidades humanas merecen ser atendidas y cuáles pueden quedar desprotegidas. No todo beneficio es injusto. No toda inversión es especulación. Pero ningún rendimiento económico puede considerarse moralmente suficiente si sus consecuencias humanas quedan sistemáticamente fuera del análisis.

La pregunta cristiana no es si el propietario tiene derechos. Los tiene. La pregunta es si esos derechos pueden ejercerse al margen de toda consideración por el bien común y por las personas que carecen de alternativas habitacionales. Cuando la propiedad se separa por completo de su función social, deja de ser una cuestión exclusivamente privada, y se convierte en un problema de justicia.

Los gobernantes también lloran cuando cae Babilonia

En Apocalipsis 18, los reyes de la tierra, los mercaderes y los navegantes lamentan la caída de la ciudad. Cada grupo contempla la ruina desde la perspectiva de sus propios intereses. Los gobernantes pierden una fuente de influencia; los comerciantes, sus beneficios; los navegantes, el centro de sus negocios. La escena revela una forma de ceguera moral: quienes se beneficiaban de aquel orden perciben ante todo su propia pérdida.

La crítica alcanza a la política cuando el poder deja de entenderse como servicio y se convierte en instrumento de conservación, privilegio o dominación. En el problema de la vivienda, esa responsabilidad no puede examinarse mediante consignas partidistas. Exige analizar las competencias de cada administración, las decisiones adoptadas, los recursos destinados, los resultados obtenidos y las medidas que se han rechazado o aplazado. También obliga a distinguir entre responsabilidades judiciales, económicas, municipales, autonómicas y estatales, sin atribuir a un único actor todos los males de un problema complejo.

La vivienda requiere políticas sostenidas de construcción y rehabilitación, disponibilidad de vivienda asequible, protección social, seguridad jurídica y medidas evaluables que permitan comprobar sus efectos.

Esa complejidad no puede convertirse en una excusa para la inacción. Cuando una necesidad fundamental afecta de manera persistente a amplios sectores de la población, la política tiene que demostrar su capacidad para actuar sobre las causas, no limitarse a gestionar las consecuencias. La vivienda requiere políticas sostenidas de construcción y rehabilitación, disponibilidad de vivienda asequible, protección social, seguridad jurídica y medidas evaluables que permitan comprobar sus efectos.

La cuestión no consiste en elegir entre mercado y Estado como si uno de los dos pudiera resolverlo todo. Consiste en determinar qué combinación de responsabilidades, reglas e instrumentos permite garantizar mejor el acceso a la vivienda y proteger los derechos de las personas.

El Apocalipsis no ofrece un programa de gobierno. Ofrece un criterio para juzgar a cualquier gobierno: la prosperidad de unos no puede justificar por sí sola el sufrimiento evitable de otros.

Y ese criterio debe aplicarse también a las instituciones religiosas. Cuando una Iglesia busca conservar su influencia mediante la proximidad al poder, protege sus privilegios o evita determinadas denuncias para no incomodar a sus aliados, corre el riesgo de instalarse en la ciudad que debería cuestionar. La fe no puede convertirse en una legitimación sagrada del orden existente.

«Para  no que no os hagáis cómplices de sus pecados»

Esta es la frase decisiva de Apocalipsis 18,4. La llamada a salir de Babilonia no busca únicamente evitar el castigo que pueda sobrevenir. Pretende impedir la complicidad. La pregunta deja de ser qué hacen los poderosos y se convierte también en qué aceptamos nosotros.

La complicidad puede manifestarse en la indiferencia ante el sufrimiento ajeno, en la defensa de privilegios injustificables, en la aceptación de que algunas personas queden excluidas o en la convicción de que nuestra responsabilidad termina allí donde comienzan las decisiones de los gobernantes.

También puede adoptar la forma de una neutralidad que favorece sistemáticamente al más fuerte, de una prudencia que nunca llega a comprometerse o de una moral privada que se niega a examinar las consecuencias públicas de sus propias decisiones.

En materia de vivienda, salir de Babilonia significa rechazar la idea de que quedarse sin hogar sea una consecuencia inevitable de la vida económica. Significa defender políticas que hagan posible un acceso digno a la vivienda, acompañar a quienes sufren desahucios y exigir que las instituciones actúen antes de que la vulnerabilidad termine en desamparo.

Pero también significa reconocer los límites de las respuestas individuales. La solidaridad vecinal puede evitar que alguien se encuentre solo; la ayuda material puede proporcionar un alivio urgente; una comunidad puede ofrecer alojamiento temporal. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas sustituye una política pública capaz de afrontar las dimensiones estructurales del problema.

Nadie queda exento de examinar sus propias prácticas, intereses y silencios por el hecho de pertenecer a una comunidad religiosa.

La compasión sin justicia alivia consecuencias. La justicia sin compasión puede convertirse en una abstracción administrativa. Una sociedad digna necesita ambas.

La orden del Apocalipsis tampoco autoriza a dividir el mundo entre una minoría de puros y una mayoría de culpables. Se dirige al pueblo de Dios, que también puede encontrarse dentro de Babilonia. Nadie queda exento de examinar sus propias prácticas, intereses y silencios por el hecho de pertenecer a una comunidad religiosa.

La Iglesia no puede proclamarse ajena a las contradicciones que denuncia. Debe preguntarse qué hace con sus bienes, cómo utiliza sus recursos y hasta qué punto sus prioridades corresponden a su misión. Debe acompañar a los pobres sin convertirlos en objetos de beneficencia, defender la justicia sin seleccionar sus denuncias según la identidad política de los responsables y reclamar transparencia a los poderes públicos aceptando que su propia conducta sea examinada.

La salida comienza cuando la fe deja de ser una declaración de identidad y se convierte en una forma concreta de responsabilidad.

Salir sin abandonar a las víctimas

Existe una interpretación de esta exhortación que conviene descartar: la idea de que la única respuesta cristiana a un mundo injusto consiste en apartarse de él, proteger la propia conciencia y esperar que sus estructuras se derrumben.

Esa lectura confunde ruptura con indiferencia. Si la orden es salir para no ser cómplices, no puede significar que quienes tienen recursos abandonen a quienes carecen de ellos. No se sale de la lógica del descarte descartando a los descartados. No se combate la injusticia dejando solos a quienes la padecen.

Salir de Babilonia exige resistir sus mecanismos y, al mismo tiempo, construir alternativas. Significa acompañar a las personas amenazadas de desahucio, reclamar soluciones habitacionales, promover políticas eficaces, defender los derechos fundamentales y revisar las prácticas que convierten una necesidad básica en una fuente de exclusión.

Significa también recuperar una dimensión comunitaria de la vida que la lógica del beneficio tiende a debilitar. Una vivienda no es únicamente un espacio privado. Es el lugar desde el que una persona participa en la sociedad, establece vínculos, cuida a otros y encuentra cierta estabilidad. Cuando se pierde el hogar, no siempre se pierde solamente una propiedad o un contrato: puede romperse una red de relaciones que ninguna ayuda económica restituye por completo.

El Evangelio no propone una sociedad sin conflictos ni ofrece soluciones inmediatas a todas las desigualdades. Pero establece una exigencia: las instituciones y las decisiones humanas deben juzgarse también por sus consecuencias sobre quienes tienen menos capacidad para defenderse.

La esperanza cristiana no consiste en esperar pasivamente el derrumbe de Babilonia. Consiste en negarse a aceptar como definitivo aquello que deshumaniza y en trabajar para que la vida común pueda organizarse de otra manera.

¿De qué ciudad tenemos que salir?

La pregunta permanece abierta. Cada época construye sus propias Babilonias y desarrolla un lenguaje particular para justificar sus privilegios. La nuestra conoce el lenguaje de la eficiencia, la competitividad, la seguridad, el crecimiento y la innovación. Todos estos conceptos pueden expresar bienes reales. Se vuelven problemáticos cuando se presentan como argumentos absolutos, inmunes a cualquier consideración ética.

También vivimos rodeados de información sobre el sufrimiento ajeno. Conocemos guerras, desplazamientos, precariedad y exclusión. Sin embargo, la visibilidad de la injusticia no garantiza la responsabilidad. Podemos contemplarla, comentarla y compartir imágenes sin modificar nuestras prioridades ni cuestionar las estructuras que contribuyen a producirla.

Babilonia no necesita que ignoremos todo lo que sucede. Le basta con que la información no se convierta en conciencia, que la indignación no llegue a compromiso y que la crítica nunca alcance nuestros propios intereses. Por eso, «salid de ella» no puede ser únicamente una llamada a abandonar las convicciones de otros. Debe convertirse en un ejercicio de examen colectivo.

¿Qué injusticias consideramos tolerables porque favorecen nuestro bienestar? ¿Qué privilegios defendemos sin preguntarnos cómo se sostienen? ¿Qué sufrimientos aceptamos como inevitables? ¿Qué silencios protegen nuestra posición? ¿Qué imagen de Dios utilizamos para justificar decisiones que el Evangelio debería poner en cuestión?

La pregunta alcanza a la economía, a la política, a la cultura y a las instituciones religiosas. Alcanza también a nuestra manera de entender la propiedad, el éxito y la seguridad. No porque toda prosperidad sea sospechosa, sino porque ninguna prosperidad puede quedar exenta de responsabilidad moral.

León XIV ha recordado que la crisis de la vivienda exige examinar sus causas y reclamar soluciones a las autoridades. El Apocalipsis añade una pregunta más radical: ¿estamos dispuestos a abandonar las complicidades que permiten que el problema persista?

No basta con que caiga Babilonia. Es necesario que deje de gobernar nuestra conciencia. Una ciudad puede caer y dejar intacta la lógica que la sostenía. Puede desaparecer un imperio y sobrevivir la idolatría del poder. Puede cambiar un gobierno y permanecer la indiferencia ante los débiles. Incluso puede reformarse una institución religiosa sin que desaparezca su necesidad de privilegios.

«Salid de ella, pueblo mío». No para refugiarnos en una fe sin historia, sino para impedir que la fe se convierta en una pieza más del orden que debería cuestionar

La verdadera salida comienza cuando la dignidad humana prevalece sobre el beneficio, la justicia sobre el privilegio y el servicio sobre la dominación. Comienza cuando dejamos de considerar inevitable que una persona pierda su hogar porque no puede pagar, cuando la política asume su responsabilidad y cuando la Iglesia no se limita a consolar a las víctimas, sino que se atreve a cuestionar las estructuras que las dejan desprotegidas.

«Salid de ella, pueblo mío». No para abandonar el mundo en manos de quienes lo dominan, sino para dejar de aceptar que su dominio sea inevitable. No para proclamarnos mejores que los demás, sino para reconocer nuestra propia complicidad. No para refugiarnos en una fe sin historia, sino para impedir que la fe se convierta en una pieza más del orden que debería cuestionar.

El Evangelio no puede anunciar la dignidad humana mientras acepta que el derecho a una vivienda digna quede subordinado, sin límites, a la capacidad de pago. No puede hablar de fraternidad mientras el desamparo se trata como una fatalidad económica. Y no puede proclamar la justicia de Dios sin preguntarse qué clase de sociedad permite que una anciana sea expulsada de la casa en la que ha vivido durante más de setenta años.

La cuestión decisiva no es si veremos caer Babilonia. Es si estamos dispuestos a dejar de colaborar con su lógica mientras sigue en pie. La pregunta más incómoda del Apocalipsis no es cuándo caerá la ciudad, sino cuánto de ella hemos incorporado ya a nuestra manera de pensar, gobernar, creer y vivir.