Vida debajo de una tienda: la intemperie de una sociedad que presume de bienestar

Una tienda de campaña puede ser un lugar de descanso, una expresión de libertad o una forma de contacto con la naturaleza. Sin embargo, cuando se convierte en el único refugio de quien no puede acceder a una vivienda, deja de ser una elección y se transforma en el signo visible de un fracaso colectivo. Acampar por voluntad propia es una opción; vivir a la intemperie por falta de alternativas, una expresión de exclusión social. 

En distintas ciudades españolas, las tiendas de campaña se han convertido en una imagen cada vez más visible de la emergencia habitacional. Aparecen en espacios públicos que nunca fueron concebidos como lugares para vivir. Detrás de cada una hay una historia diferente: personas que han perdido su empleo, trabajadores que no pueden afrontar el precio del alquiler, familias expulsadas de sus hogares, migrantes o ciudadanos cuya precariedad ha terminado por dejarlos sin un techo. Lo que debería ser un refugio temporal se convierte, para muchos, en la última barrera frente a la intemperie.

En Ceuta, esta realidad adquiere una significación particular. En sus playas y en otros espacios del entorno urbano, los refugios improvisados y las tiendas precarias reflejan la situación de personas migrantes que, después de recorridos difíciles y peligrosos, quedan expuestas a la incertidumbre, la falta de recursos y la ausencia de perspectivas inmediatas. La frontera no termina en la línea que separa dos territorios: se prolonga en las condiciones de vida de quienes llegan y en la respuesta que una sociedad decide ofrecerles. La complejidad de las políticas migratorias no puede hacer olvidar la obligación de preservar la dignidad y los derechos fundamentales de toda persona, con independencia de su origen o situación administrativa.

Las tiendas que aparecen en las calles de las ciudades españolas y los refugios improvisados en las playas de Ceuta no responden exactamente a una misma realidad. Unas evidencian, sobre todo, las consecuencias de la crisis de acceso a la vivienda y de la exclusión social; otros reflejan las dificultades asociadas a las fronteras, la movilidad humana y la vulnerabilidad de quienes buscan protección o una oportunidad. Confundir ambas situaciones sería simplificar el problema; ignorar lo que tienen en común sería aún más grave. En los dos casos se plantea una pregunta que las instituciones no pueden eludir: ¿qué respuesta merece una persona cuando carece de un lugar seguro donde vivir?

La prosperidad que deja a personas atrás

Vivimos en sociedades capaces de construir rascacielos, desarrollar tecnologías extraordinarias y generar una riqueza considerable, pero que todavía no consiguen garantizar a todos un lugar seguro donde dormir. El crecimiento del producto interior bruto (PIB) y los buenos resultados económicos suelen presentarse como signos de prosperidad, aunque no siempre se traduzcan en mejores condiciones de vida para el conjunto de la población.

¿De qué sirve que aumente la riqueza de un país si tantas personas no pueden acceder a una vivienda digna? Detrás de las cifras están quienes no pueden afrontar el alquiler, las familias que destinan a él buena parte de sus ingresos y quienes terminan viviendo en la calle. El trabajo, que durante generaciones permitió aspirar a una vida estable, ya no garantiza por sí solo el acceso a un hogar. Para muchos, tener empleo no significa poder pagar un alquiler; para otros, perderlo basta para quedarse sin techo.

Cuando trabajar no permite vivir bajo un techo, el problema no puede atribuirse exclusivamente a la precariedad individual. También obliga a cuestionar las reglas que organizan la economía y distribuyen sus beneficios. El crecimiento económico importa, pero su verdadero alcance debe medirse asimismo por la dignidad, la seguridad y las oportunidades que ofrece a las personas.

Una tienda que interpela a la conciencia

Una tienda de campaña instalada en una acera, una calle o en una plaza no es un elemento más del paisaje urbano. Es una realidad incómoda que interpela a quienes pasan a su lado, a las instituciones responsables de garantizar los derechos y a una sociedad que corre el riesgo de acostumbrarse a desigualdades cada vez más profundas. La exclusión no siempre se encuentra en lugares remotos ni afecta a personas desconocidas: puede estar a la vuelta de la esquina, detrás de una lona, en el rostro de alguien a quien hemos dejado de mirar.

La respuesta política suele desplegar un repertorio conocido: planes estratégicos, mesas de trabajo, declaraciones solemnes, campañas de sensibilización y nuevas promesas. Cada anuncio parece confirmar la importancia del problema en la agenda pública. Sin embargo, la urgencia de quien duerme en una tienda de campaña no admite demoras ni entiende de disputas políticas. Los trámites se prolongan, las competencias se fragmentan y las responsabilidades se diluyen. Mientras tanto, cae de nuevo la noche sobre quienes siguen esperando una solución. 

La crítica no consiste en negar la complejidad del problema ni en desconocer la labor de las instituciones y organizaciones sociales que intentan afrontarlo. Se trata de exigir que la política vaya más allá de la gestión de la emergencia y de la disputa por el relato. Una sociedad no puede medir su éxito únicamente por el crecimiento económico, el atractivo turístico o el valor de sus inmuebles mientras una parte de sus habitantes carece de un hogar. Tampoco basta con retirar las tiendas de los lugares más visibles para recuperar una imagen ordenada de la ciudad. Desplazar la pobreza no equivale a combatirla; ocultarla no significa resolverla.

La ironía es amarga: parece importar más que las personas sin hogar alteren la imagen de una calle o una plaza que el hecho de que carezcan de un lugar donde vivir. Se intenta apartar la pobreza de la mirada pública sin prestar la misma atención a quienes la padecen. La ciudad recobra una apariencia de normalidad cuando estas personas desaparecen del paisaje, aunque su situación siga siendo la misma. Una política verdaderamente comprometida no debería limitarse a despejar los espacios públicos, sino garantizar alternativas reales: vivienda, empleo digno, atención social y recuperación de los vínculos personales y comunitarios.

En Ceuta, el debate migratorio suele oscilar entre la seguridad, el control fronterizo y la presión sobre los servicios públicos. Son cuestiones que requieren respuestas responsables, pero no pueden relegar la dimensión humana. La gestión de las fronteras no exime de la obligación de respetar los derechos de las personas. Una política migratoria también se evalúa por el trato que dispensa a quienes llegan en condiciones de extrema vulnerabilidad, las garantías que ofrece y su capacidad para articular una acogida digna y respetuosa con la legalidad.

La responsabilidad pública no se agota en el control de los movimientos migratorios ni en la contención de sus consecuencias. Cuando el debate se reduce a evitar que la pobreza sea visible, la cuestión fundamental queda fuera de foco: ¿qué condiciones permitirían que nadie tuviera que vivir abandonado en una playa, una acera o un descampado? La eficacia de una política no debería medirse por la rapidez con que retira los signos de la pobreza, sino por su capacidad para reducirla y ofrecer salidas duraderas.

Dios también habitó en una tienda

La tradición bíblica ofrece una perspectiva desde la que contemplar esta realidad. Durante la travesía por el desierto, el pueblo de Israel vivió en tiendas, expuesto a la incertidumbre y obligado a caminar sin la seguridad de una tierra propia. En medio de aquella fragilidad, Dios no se presentó como una divinidad instalada en un palacio inaccesible, sino como una presencia que acompañaba a su pueblo. La tienda del encuentro, descrita en el libro del Éxodo (33,7-11), expresa esa cercanía: Dios comparte el camino de quienes todavía no cuentan con un lugar definitivo donde establecerse.

El Evangelio de Juan retoma esta imagen al afirmar que la Palabra se hizo carne y «habitó entre nosotros» (Jn 1,14). El verbo griego eskēnōsen evoca la acción de poner la tienda, de establecer la propia morada entre los seres humanos. La encarnación expresa así una cercanía que no permanece al margen de la condición humana, sino que la comparte desde dentro, con sus límites, vulnerabilidades y heridas.

Jesús mismo conoce la precariedad: «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza» (Mt 8,20). No convierte la falta de hogar en un ideal ni presenta la pobreza como una virtud que deba imponerse a los demás. Su vida cuestiona, más bien, una idea de seguridad construida sobre la exclusión y revela la dignidad de quienes quedan al margen.

En el relato del juicio final, Jesús identifica su presencia con quienes tienen hambre, sed, están desnudos, enfermos o privados de libertad: «A mí me lo hicisteis» (Mt 25,40). La fe no puede reducirse a un sentimiento compasivo ni la caridad convertirse en una actividad ocasional. El encuentro con quien sufre no es un apéndice de la experiencia cristiana, sino que pertenece al centro mismo del Evangelio.

Desde esta perspectiva, una tienda en una calle o un refugio improvisado en una playa no constituye únicamente un problema de urbanismo, seguridad, migración o asistencia social. Es también una interpelación espiritual. La cuestión no es solo qué hacemos ante la pobreza, sino qué revela nuestra respuesta acerca de la sociedad que estamos construyendo y de la fe que afirmamos profesar.

La pobreza, una cuestión de justicia

La tradición patrística desarrolló una reflexión exigente sobre la pobreza, la riqueza y la responsabilidad hacia los demás, que iba mucho más allá de la generosidad privada. San Juan Crisóstomo denunció la acumulación de riquezas en medio de la miseria ajena (Homilia in Epistulam ad Hebraeos, 11, 3); san Basilio de Cesarea cuestionó a quienes almacenaban bienes mientras sus semejantes carecían de lo necesario (Regulae fusius tractatae, 37, 1), y san Ambrosio de Milán defendió que la tierra y sus frutos no podían entenderse al margen de las necesidades de todos (De officiis ministrorum, I, cap. 28). En esta misma línea, san Agustín advirtió que el sufrimiento humano tiene una doble raíz: la «falta de pan» y el «querer vivir solo de pan» (Comentario al salmo 33, II, 15). Su reflexión amplía la denuncia de las desigualdades materiales con una crítica a una existencia reducida a la satisfacción de las necesidades, y recuerda que la justicia social no puede desligarse de una concepción integral de la persona. En todos ellos, la atención a los pobres no constituye una cuestión secundaria de la vida cristiana, sino una exigencia de la fe que compromete tanto el uso de los bienes como la manera de entender la convivencia humana.

Sus palabras, nacidas en contextos históricos distintos, conservan una fuerza crítica que interpela también al presente. La pobreza no puede explicarse únicamente como el resultado de decisiones personales, ni la riqueza considerarse siempre una prueba de mérito. Las condiciones de partida, el acceso a la educación, la estabilidad laboral, el coste de la vivienda y las políticas públicas influyen decisivamente en las oportunidades de cada persona.

Cuando la vivienda se trata ante todo como un activo financiero, su función social corre el riesgo de quedar subordinada a la rentabilidad. El hogar se convierte en mercancía, la ciudad en objeto de especulación y el derecho a vivir en un lugar seguro en una aspiración condicionada por la capacidad de compra. No se trata de negar la legitimidad de la propiedad privada, sino de recordar que ningún derecho patrimonial puede desligarse de la responsabilidad hacia el bien común.

La respuesta exige políticas sostenidas: ampliar el parque de vivienda pública asequible, proteger a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, prevenir los desahucios, facilitar el acceso a los servicios sociales y sanitarios y desarrollar itinerarios de acompañamiento que no se agoten en soluciones provisionales. También es necesario abordar las causas estructurales que empujan a las personas hacia la exclusión residencial. Un techo de emergencia puede salvar una noche; una política de vivienda justa puede cambiar una vida.

La cuestión migratoria requiere, a su vez, políticas que combinen una gestión ordenada de las fronteras con vías legales y seguras, procedimientos justos, protección de quienes reúnen los requisitos para recibirla y cooperación entre administraciones y países. La solidaridad no elimina la necesidad de normas, pero estas deben aplicarse respetando la dignidad humana. El desafío consiste en conjugar responsabilidad política y humanidad, sin convertir ninguna de las dos en excusa para abandonar la otra.

León XIV: el clamor de los pobres y la responsabilidad de la Iglesia

En Dilexi te, León XIV sitúa el amor a los pobres en el corazón de la misión de la Iglesia. La atención a quienes sufren no puede reducirse a una práctica asistencial ni quedar relegada a iniciativas particulares. El cuidado de los más vulnerables forma parte de la identidad cristiana y exige reconocer también las condiciones que producen y perpetúan la pobreza.

Esta perspectiva invita a la Iglesia a revisar no solo sus palabras, sino también sus prioridades, sus recursos y su presencia pública. Las parroquias, las comunidades religiosas y las organizaciones sociales realizan una labor imprescindible al ofrecer alimento, acogida, acompañamiento y apoyo. Pero la caridad cristiana pierde parte de su fuerza profética cuando alivia las consecuencias de la injusticia sin atreverse a cuestionar sus causas.

La Iglesia no está llamada a sustituir a los poderes públicos ni a convertirse en una oficina de servicios caritativos. Su misión incluye recordar que la dignidad humana no depende de la productividad, la nacionalidad, la situación administrativa o la capacidad económica. Puede ofrecer espacios de acogida, escuchar a quienes no encuentran interlocutores y defender políticas que sitúen a las personas por encima de los intereses económicos.

La expresión «tierra, techo y trabajo», reiterada en la doctrina social de la Iglesia y evocada en variadas ocasiones por el papa Francisco, especialmente en Fratelli tutti (n. 127), sintetiza tres condiciones esenciales para una vida digna que siguen fuera del alcance de millones de personas. El techo no es un lujo ni un elemento accesorio, sino una condición básica para la intimidad, la autonomía, la seguridad y la integración social. Sin un hogar, el ejercicio de otros derechos se vuelve más difícil y las posibilidades de construir un proyecto de vida se reducen considerablemente.

La Iglesia también debe evitar la tentación de hablar de los pobres únicamente como destinatarios de ayuda. Quienes viven en la calle no son una categoría abstracta ni una imagen destinada a despertar compasión. Tienen nombre, historia, capacidades, deseos y derechos. No necesitan que otros hablen siempre en su lugar, sino que se escuche su voz y se reconozca su capacidad para participar en las decisiones que afectan a su futuro.

Esta exigencia se extiende también a las personas migrantes que llegan a Ceuta y Melilla, a las islas y a distintos puntos de la península. La acogida no puede quedar supeditada a la compasión individual ni depender de la disponibilidad de cada comunidad: requiere recursos, coordinación institucional y un compromiso sostenido. La Iglesia, desde su experiencia de acompañamiento y su labor social, está llamada no solo a ofrecer espacios de acogida y apoyo, sino también a alzar una voz pública que recuerde que ninguna persona pierde su dignidad por cruzar una frontera, carecer de documentación o encontrarse en una situación de vulnerabilidad. 

La indiferencia como forma de exclusión

La exclusión no comienza necesariamente con una agresión ni con una decisión explícita de apartar a alguien. A menudo avanza de manera más discreta: cuando dejamos de mirar, convertimos el sufrimiento ajeno en una escena habitual, pensamos que el problema corresponde a otros o nos convencemos de que nada puede cambiar.

La pregunta de Dios a Caín, «¿Dónde está tu hermano?» (Gn 4,9), atraviesa la historia humana como una interpelación que no admite respuestas evasivas. La vida en común implica responsabilidad, y esta no desaparece porque la pobreza resulte incómoda o porque sus causas parezcan demasiado complejas.

La parábola del buen samaritano (Lc 10,25-37) ofrece una respuesta concreta: el prójimo no es solo quien pertenece a nuestro grupo, comparte nuestras ideas o vive de acuerdo con nuestras expectativas. Es, sobre todo, aquel cuya vulnerabilidad nos reclama. El samaritano no se limita a lamentar la situación del herido ni espera a que otros resuelvan el problema. Se acerca, cura sus heridas y procura que reciba atención.

La parábola invita a la implicación personal, pero la compasión no puede detenerse en los gestos individuales. Una comunidad solidaria necesita personas dispuestas a comprometerse y estructuras capaces de evitar que la vulnerabilidad se convierta en abandono. La solidaridad comienza con la cercanía, pero debe prolongarse en decisiones que hagan menos necesaria la ayuda de emergencia.

La indiferencia también puede adoptar formas socialmente aceptadas: discursos que atribuyen toda la responsabilidad al individuo, debates que convierten a las personas sin hogar en una amenaza o medidas que anteponen la tranquilidad de quienes disponen de más recursos a las necesidades de quienes viven en los márgenes. No se trata de elegir entre el derecho al descanso de unos y la dignidad de otros, sino de construir respuestas que protejan ambos sin convertir a los más vulnerables en el problema que debe desaparecer.

En el caso de las personas migrantes, la indiferencia puede esconderse tras la distancia geográfica y emocional. Las playas de Ceuta corren el riesgo de convertirse en un escenario que contemplamos desde lejos, como si el sufrimiento que allí se concentra perteneciera a un mundo ajeno. Pero la dignidad humana no se detiene en las fronteras ni depende de que quien sufre forme parte de nuestra comunidad nacional. Reconocerlo no exige ignorar los desafíos de la migración, sino afrontarlos sin deshumanizar a quienes los protagonizan.

Bajo la lona, una dignidad a la intemperie

El primer paso consiste en dejar de mirar las tiendas como elementos extraños del paisaje y reconocer en quienes las habitan a miembros de nuestra comunidad humana. Pero esa mirada solo adquiere sentido cuando se traduce en decisiones, recursos y políticas públicas. La dignidad no se garantiza con declaraciones ni la pobreza desaparece con una fotografía solidaria: exige derechos efectivos, recursos suficientes y voluntad política.

En el relato de Abraham, la hospitalidad comienza cuando alguien se detiene ante unos desconocidos y les ofrece agua, descanso y alimento (Gn 18,1-8). Aquella escena conserva toda su fuerza: acoger significa reconocer al otro y hacerse responsable de su suerte. Ante las tiendas que hoy se levantan en nuestras calles y los refugios improvisados en las playas de Ceuta, esa hospitalidad no puede quedarse en un gesto de compasión; debe traducirse en justicia, protección y acceso a una vivienda digna.

Una sociedad se retrata en aquello que consiente ante sus ojos, pero también en lo que está dispuesta a cambiar. Las tiendas de campaña no son solo un signo de precariedad: revelan las desigualdades y las respuestas que todavía faltan. La responsabilidad es compartida, aunque las instituciones tienen el deber ineludible de garantizar los derechos y ofrecer alternativas reales.

La esperanza no consiste en aprender a sobrevivir a la intemperie, sino en hacer posible que nadie tenga que vivir en ella. Una tienda puede ser un refugio provisional, pero nunca debería convertirse en el horizonte de una vida.