LA PLAZA PÚBLICA - TRIBUNAL DE LA CONCIENCIA

Réplica a la propuesta de pastoral familiar de Luis Argüello

José Américo Quesada Blanco

La propuesta de Luis Argüello, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, de implantar una pastoral basada en "matrimonios acompañantes", contiene un flagrante error de base ideológico y una absoluta ausencia de legitimidad. Que una autoridad eclesiástica pretenda inmiscuirse en la sagrada intimidad del hogar y de la vida conyugal —una institución civil y humana radicalmente ajena y, por lo menos en la Iglesia latina, canónicamente incompatible con el ejercicio del sacerdocio— constituye una falta de respeto inaceptable hacia la soberanía y la dignidad de las personas.

Ante semejante intromisión, la pregunta de reciprocidad resulta obligada: ¿Cómo reaccionaría la propia Iglesia católica si otras instituciones civiles o estamentos públicos pretendieran fiscalizar sus dogmas, regular su engranaje interno o tutelar el funcionamiento de su organización? La respuesta es obvia: denunciarían de inmediato un atropello secular o una injerencia intolerable. Sin embargo, la jerarquía no duda en aplicar una doble vara de medir, intentando someter la vida familiar a una tutorización moral que choca frontalmente con la libertad individual de la ciudadanía contemporánea.

El primer déficit de esta propuesta radica en la total inopia vivencial de su promotor. Resulta una contradicción insalvable que quien se rige por un dogma que declara el matrimonio y el orden sacerdotal como realidades excluyentes pretenda dictar las normas y mecanismos que sostienen la convivencia conyugal. El arzobispo carece por completo de la experiencia directa de lo que implica vertebrar un hogar en el siglo XXI: el equilibrio de la economía doméstica, la crianza de los hijos, la asfixia de la conciliación laboral o la compleja resolución de las crisis afectivas en el día a día. Hablar de la conyugalidad desde un plano puramente teórico es un estéril ejercicio de desconexión.

Acudiendo de nuevo al espejo de la lógica: ¿Alguien concibe a un matrimonio, a un soltero o a cualquier ciudadano común acudiendo a un obispado a instruir a un clérigo sobre cómo vivir su sacerdocio, cómo gestionar su celibato o cómo ejercer su ministerio? Semejante osadía sería tildada de ridícula e insolente. Sin embargo, la jerarquía cruza esa misma línea en sentido inverso con naturalidad pasmosa. La Iglesia debe asumir de una vez los límites de su ministerio espiritual y abstenerse de tutelar un ámbito del que ella misma se autoexcluyó por ley canónica, y en el que carece de toda autoridad moral o vivencial.

Esta potestad que la institución se autoasigna en materia familiar no se sostiene bajo criterios éticos ni escriturísticos rigurosos; responde, más bien, a una obsesión histórica por el control que desafía sus propios mandatos de apertura. El Concilio Vaticano II dictó instrucciones inequívocas para renovar el rumbo eclesial, reconocer la madurez del laicado y respetar la autonomía legítima de las realidades civiles. Sin embargo, en España destaca una jerarquía rebelde y radicalizada que hace caso omiso a estas directrices conciliares. Figuras como el propio Luis Argüello o el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, encabezan un sector episcopal que opera más como portavocía de una trinchera política ultra que como guía de almas.

Sanz Montes, un prelado sumamente conflictivo, desautorizado y repudiado por amplios sectores sociales y de creyentes en su propia diócesis por sus homilías incendiarias, encarna a la perfección esta cúpula alienada de la realidad. En lugar de predicar el Evangelio, se dedica a lanzar consignas ideológicas, confrontar con las instituciones democráticas y camuflar sus ansias de control civil bajo un falso barniz doctrinal. Este andamiaje pastoral no es doctrina evangélica; es un adoctrinamiento falso, manufacturado a la medida de los intereses de poder e influencia política de estas facciones reaccionarias. Al dar la espalda a la renovación conciliar, estos prelados insisten en aplicar una moral represiva diseñada históricamente para atormentar mentes y amordazar conciencias a través de la culpa y el miedo.

Delegar el soporte familiar en matrimonios veteranos traslada la falta de cualificación del clero a los laicos, desvelando una concepción alarmista e infantilizadora de la conyugalidad. La propuesta guarda una inquietante analogía con los protocolos penitenciarios, donde a los internos con riesgo autolítico se les asigna un "preso sombra" o acompañante para vigilarlos y evitar que se autodestruyan. Al aplicar este mismo esquema al ámbito familiar, la jerarquía demuestra que concibe el matrimonio no como un proyecto de adultos libres, sino como un estado de reclusión tan hostil, inestable y peligroso que precisa de un "tutor de guardia" permanente para que la relación no naufrague. Dos personas adultas con la madurez legal y civil para trabajar, votar o firmar una hipoteca no necesitan "padres adoptivos institucionales" que supervisen su alcoba. Tratarlos como menores de edad es un insulto a su autonomía.

Es de una enorme hipocresía que prelados de perfil tan polémico pretendan dar lecciones sobre cómo edificar relaciones sanas basadas en el afecto y el respeto mutuo cuando en sus propias diócesis gobiernan mediante el conflicto y el autoritarismo. Personajes conflictivos que no gozan del respeto real de su entorno, ni de su propio clero. Dentro de la propia Iglesia, el silencio y la aparente obediencia de los sacerdotes hacia obispos radicales no nacen de la sintonía doctrinal, sino del temor reverencial y laboral. En una estructura donde quien te nombra y te paga tiene poder absoluto sobre tu sustento y destino, la sumisión forzada ("a quien te paga no le puedes poner mala cara") delata que la jerarquía lidera a través de la coacción material, invalidando por completo su autoridad moral para tutelar la libertad de las familias.

Con este tipo de injerencias, la jerarquía eclesiástica logra exactamente lo contrario de lo que busca. En lugar de proteger a la familia, lo que consigue es alejar aún más a las personas de una institución en la que ya no confiaban y de la que todo el mundo recela. La ciudadanía actual no comprende ni acepta esta obsesión por el control privado. Al empeñarse en tratar los hogares como celdas que necesitan vigilancia, la Iglesia acelera su propio divorcio con la sociedad moderna. Los desafíos del matrimonio actual se deben abordar desde el respeto mutuo, la madurez de los contrayentes y el recurso exclusivo a profesionales de la conducta humana, nunca desde la tutela de una institución anacrónica.