Un León entre leones para desarmar el lenguaje del odio y el desprecio
El reconocimiento de la dignidad inalienable de la persona con la que compartimos comunidad es la prueba de algodón de la política
Un silencio expectante e inhabitual reinaba entre los diputados y senadores antes de la aparición del Papa León XIV por el dosel de la tribuna de la presidencia del hemiciclo del Congreso, este lugar tan cargado de significado y simbología. Recibido con aplausos, fue despedido todavía con más aplausos, como es bien sabido. No recuerdo haber aplaudido tanto en mi vida. El aplauso es un gesto de respeto y consideración, en este caso ante el primer Papa, obispo de Roma y jefe de Estado del Vaticano, que visita las Cortes Generales, reunidas en acto solemne en el marco de su visita apostólica a España.
Con esa voz serena y clara que le caracteriza, el papa León desgranó un discurso fundamentado que puede iluminar nuestro quehacer político y que seguro será recordado por mucho tiempo. Sus palabras son un faro, delimitan los puntos cardinales por los que puede orientarse la actividad pública, especialmente para los parlamentarios que compartimos una misma fe. Porque no concreta unas políticas determinadas —ni puede hacerlo, en reconocimiento a la autonomía de la política—. Por eso, esta intervención no puede interpretarse como un reproche o una impugnación a leyes ya aprobadas. De hecho, el Papa admite en su primera encíclica, Magnifica humanitas, que la Iglesia “debe hacer oír su voz no para dominar, sino para servir a la comunión”.
Su discurso es, en todo caso, un recordatorio de nuestra función legislativa, a saber, que nuestro cometido aquí es dar forma jurídica a la convivencia, tan necesaria en estos tiempos de agresividad verbal, y que “toda sociedad auténticamente justa se edifica sobre el reconocimiento de la dignidad inviolable de la persona humana”, sobre todo del pobre, del migrante, del que no tiene voz. Porque una ley alcanza su grandeza cuando “además de ser válida en su forma, puede comparecer ante la dignidad de la persona y salir de ese examen sin avergonzarse”.
La igual dignidad es un principio universal que nunca puede ser vulnerado, porque precede al Estado. Esta realidad es como la luz del lucernario del Congreso que mencionaba León XIV para iluminar la política desde la justicia y la dignidad y no quede encerrada en su mundo como esos edificios de cemento armado sin ventanas, evocados por el Papa Benedicto XVI en su visita al Parlamento federal alemán en 2011. Es una realidad prepolítica, que sin embargo requiere, a su vez, de la existencia del Estado para protegerla y hacerla efectiva, como se ha visto con el proceso de regularización extraordinaria de migrantes impulsado por el Gobierno.
Del mismo modo, la comunidad articulada en la forma de un Estado ha de caminar hacia la consecución del bien común, que es, de algún modo, “la forma social de la dignidad humana”, en palabras del Papa rememorando su encíclica. Este documento es, por cierto, un buen compendio de la Doctrina Social de la Iglesia en sus principios de promoción de la dignidad de la persona, el bien común, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad, la solidaridad y la justicia social. Principios que compartimos desde una propuesta de corte socialdemócrata.
Algunos me reprocharán que olvido deliberadamente las alusiones del Papa al aborto, la eutanasia y el derecho a elegir la educación de los hijos e hijas. Son conocidas las discrepancias de la Iglesia en este ámbito no sólo con la izquierda política sino con buena parte del arco parlamentario, sobre todo respecto de los dos primeros. Sin embargo, incluso en este aspecto podemos discernir la seriedad y la libertad responsable que supone tanto decidir la interrupción de un embarazo como optar por una muerte digna bajo unas condiciones determinadas y reconocidas por ley, pero tampoco debe omitirse el desempeño político para garantizar el desarrollo integral de una vida digna.
Porque, como nos dijo León XIV, la política es necesaria para “acompañar, proteger y amar aquellas vidas que atraviesan mayor fragilidad”. Y para ello, creo que la defensa de la vida pasa por garantizar una sanidad, una educación y unas políticas públicas a la altura de una vida digna, y también por promover una cultura de la paz y el desarme ante la guerra y la violencia que destruyen tantas vidas.
Dignidad, justicia y bien común son la medida de las relaciones sociales, tanto en el ámbito nacional como internacional. Este es el mejor legado de la Escuela de Salamanca, mencionado por el sumo pontífice, de Francisco de Vitoria a Francisco Suárez, porque ha contribuido a formar nuestra conciencia jurídica y moral reconociendo el ser humano como “sujeto de derechos y deberes”.
Las palabras del Papa han resonado con fuerza en la promoción y el reconocimiento de la dignidad de los pobres y los migrantes con los que compartimos comunidad, verdadera prueba de algodón de la política, pero también respecto de las “narrativas divisivas”, contra las que alertó desde el día que aterrizó en España. La política española, como la de buena parte del mundo, sufre la llamada polarización atizada por los leones de los populismos autoritarios, que lleva a la deshumanización del adversario y del frágil.
Y sin embargo, los responsables públicos deberíamos ser “constructores de unidad”, como ha pedido en Barcelona, evitando la descalificación permanente y desarmando el lenguaje del odio, la humillación y el desprecio. Una misión que, por cierto, nos vendría bien fuera acompañada por el grueso de los medios de comunicación, intelectuales e influencers y la ciudadanía en su conjunto.
