(NCM) – Luego de cinco meses de desaciertos y complicaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico, las revelaciones de que el gobierno puertorriqueño había estado entregando en secreto desde enero información para ayudar a capturar inmigrantes indocumentados no ha hecho mucho por aclarar el panorama político. 

Además, los problemas en la gestión pública que se han podido documentar, así como el deterioro de la infraestructura física y electrónica, presentan un cuadro de parálisis, mientras las relaciones inestables entre los bandos del partido oficialista abren brechas intermitentes.

Tampoco ayudan los señalamientos sobre lo descuadres del presupuesto, los recortes y suspensiones en las transferencias de fondos de parte de las agencias federales de EEUU. Todas esas situaciones, mientras el deterioro de los sistemas de energía eléctrica y acueductos es cada vez más marcado, en momentos en que ya ha empezado la nueva temporada de huracanes, sin que Puerto Rico haya logrado recuperarse totalmente de los huracanes Irma, María y Fiona, entre otros desastres naturales.

Para complicar más las perspectivas, desde sectores opositores como Se Acabaron las Promesas, hasta grupos religiosos entre los que está la Mesa de Diálogo Martin Luther King, han reanudado las propuestas para manifestaciones de protestas, que han llegado hasta un llamado a “sembrar la semilla” de una posible huelga general. Eso último ocurre a la vez que Puerto Rico se ha sumado a las convocatorias para el “día de desafío” el sábado 14 de los corrientes en más de 1.500 ciudades y pueblos en EEUU, con protestas solidarias en México, Colombia, Inglaterra, Escocia, Irlanda, Portugal, España, Francia, Alemania, Holanda, Escandinavia y Grecia, entre otras.

Hasta el cierre de esta nota, no estaba claro la magnitud que se anticipe para la protesta en esta colonia caribeña, pero se siguen sumando voces contra las políticas sobre migración de los gobiernos de EEUU y Puerto Rico. Entre ellas, el obispo católico de Caguas, monseñor Eusebio Ramos Morales, hizo un llamado a que se respete y se proteja la dignidad de los trabajadores inmigrantes y sus familias. 

Como si Puerto Rico fuese libreto de una de las llamadas “novelas sin ficción” o novelas periodísticas, la secuencia de errores, desaciertos y desventuras comenzó cuando, luego de las elecciones de 2024, la recién electa gobernadora Jenniffer González pidió a Washington el envío urgente de 19.000 millones de dólares para evitar el colapso del sistema eléctrico. No ha habido respuesta.

De ahí en adelante, inició una secuencia incoherente de hechos, que algunos han dado en llamar “la novela turca”, en referencia a las populares teleseries que llegan de ese país.

En la segunda mitad de enero, la gobernadora fue a una feria internacional de la industria turística en Madrid, bailó merengue con un funcionario de República Dominicana y ofreció garantías a la comunidad dominicana de Puerto Rico de que no tenían de qué preocuparse porque los decretos del presidente Donald Trump sobre inmigración se enfocaban en la frontera con México. Tres días después, comenzaron las redadas.

Esas redadas han sido contra los dominicanos, haitianos y otros inmigrantes sin permisos de trabajo, en San Juan y otras ciudades. Hasta el momento, EEUU admite haber capturado cerca de 500 dominicanos y de otras nacionalidades en Puerto Rico e Islas Vírgenes, pero anticipa que podrían llegar a los miles.

🇵🇷🇩🇴 | Agentes federales arrestaron a más de 500 dominicanos en estatus migratorio irregular en Barrio Obrero, una comunidad en San Juan, Puerto Rico. pic.twitter.com/MPBuFl6EIj

— La Derecha Diario República Dominicana (@DerechaDiarioRD) June 13, 2025

De hecho, un día después de la primera redada del 26 de enero, la gobernadora se reunió en el Palacio de Santa Catalina -sede de la gobernación- con figuras de su gabinete y el gobierno federal de EEUU para coordinar y establecer protocolos. De inmediato se supo que el Departamento de Justicia de Puerto Rico había ordenado a las fiscalías de distrito que preparasen listas de víctimas y testigos que fuesen inmigrantesindocumentados, sin que se explicara por qué.

El mismo día 26 de enero, se tramitó la entrega al Departamento de Seguridad de la Patria (HomelandSecurity) de EEUU de 6.000 permisos provisionales de conducir otorgados a residentes indocumentados desde 2013. Pero la entrega se mantuvo en secreto, así como los requerimientos de información y documentos a otras agencias del gobierno insular.

Mientras tanto, en una acción que nunca ha sido explicada completamente, la gobernadora presionó la salida del secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres -una figura de mucho prestigio en EEUU- y su sustitución por el general de brigada Arthur Garffer. Tampoco quiso asignar a Torres a dirigir la Policía, puesto para el que nombró a Joseph González del Buró Federal de Investigaciones. 

Otra escena extraña ocurrió en marzo, cuando la gobernadora González encabezó una cumbre en Washington para impulsar la anexión de Puerto Rico a la unión de estados de EEUU, todo para encontrar que no había ambiente para eso. Por el contrario, se regó entonces la versión de que en el Senado federal se organizaba un comité inter agencial sobre Puerto Rico, del que a ella no le habían dado parte. 

La designada secretaria de justicia, Janet Parra, la designada secretaria de Estado, Viviana Ferraiouli, y su sustituto Garffer, fueron rechazados por el Senado en un proceso escandaloso. Aunque la gobernadora se reconcilió con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, el próximo golpe público sería días después -a finales de mayo- cuando presentó ante la Legislatura un presupuesto supuestamente cuadrado y “colaborativo” con la junta de control fiscal. Lo hizo sin reparar que la víspera, el organismo rector había advertido que su propuesto presupuesto era deficitario y no sería aprobado como estaba.

Días después, entre el 2 y el 6 de junio, la jefa de HomelandSecurity Investigat ions, Rebeca González, esposa de Torres, le reveló a la publicación estadounidense NPR que, desde el 26 de enero, el gobierno de Puerto Rico había comenzado la entrega de las 6.000 licencias de conducir de migrantes. De ahí en adelante, han continuado las revelaciones y rumores sobre más posibles entregas de documentos, entre ellas, informes los sobre niños inmigrantes en posesión del Departamento de la Familia.

Una controversia política ha surgido en Puerto Rico tras señalamientos públicos contra la gobernadora de la isla, Jenniffer González, a quien acusan de haber compartido con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos información personal de inmigrantes dominicanos… pic.twitter.com/TrA9HYM5dJ

— Somos Pueblo Media (@RDSomosPueblo) June 6, 2025