327 organizaciones e iglesias de América Latina, el Caribe y Europa expresan solidaridad con el pueblo venezolano

Sin estridencias ni consignas altisonantes, una amplia y transversal articulación eclesial, ecuménica y social hizo pública el pasado 5 de enero una declaración de solidaridad con el pueblo de Venezuela, en defensa de su soberanía y del derecho internacional. El dato central del pronunciamiento no está solo en su contenido, sino en su dimensión colectiva: 327 organizaciones, comunidades, iglesias, pastorales, congregaciones religiosas, movimientos laicales y espacios ecuménicos suscriben el texto desde distintos países de América Latina y el Caribe, con adhesiones también desde Europa y Estados Unidos.

Se trata de un respaldo poco frecuente por su amplitud territorial, diversidad institucional y pluralidad eclesial. Entre las firmas se cuentan comisiones nacionales de Justicia y Paz, redes eclesiales continentales, pastorales sociales diocesanas, congregaciones religiosas femeninas y masculinas, comunidades parroquiales, movimientos ecuménicos, organizaciones de derechos humanos con inspiración cristiana, centros académicos y espacios de formación teológica, además de colectivos sociales y culturales vinculados históricamente a la defensa de la dignidad humana.

El listado —que se extiende por siete páginas— incluye organizaciones de al menos 18 países, entre ellos Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, México, Honduras, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, España, Italia, Bélgica y Estados Unidos. Esta extensión geográfica refuerza el carácter no local ni coyuntural del pronunciamiento, situándolo más bien como una expresión regional de conciencia ética y eclesial compartida.

Desde el punto de vista eclesial, el documento resulta significativo por la convergencia entre Iglesia católica, espacios ecuménicos y comunidades de otras tradiciones religiosas, junto a redes históricamente ligadas a la Doctrina Social de la Iglesia, como las comisiones Justicia y Paz, JPIC, pastorales de la tierra, del trabajo, de pueblos indígenas, de migrantes y de derechos humanos. Esta convergencia no se articula en torno a una consigna política, sino a principios ampliamente reconocidos: la soberanía de los pueblos, la protección de la población civil, el rechazo a la violencia y la primacía del derecho internacional.

El texto recoge explícitamente palabras del magisterio reciente, subrayando que la paz solo puede construirse allí donde se articulan verdad, justicia y misericordia, y advierte sobre la espiral de violencia como un camino sin salida. En ese marco, la declaración se presenta menos como un gesto de denuncia aislada y más como un acto de responsabilidad ética colectiva, asumido desde múltiples expresiones de fe y compromiso social.

En tiempos marcados por la fragmentación, la polarización y la sobreexposición retórica, el valor de esta declaración radica precisamente en su densidad silenciosa: no habla una voz individual ni una institución única, sino centenares de comunidades y organizaciones que, desde trayectorias diversas, coinciden en un punto esencial. La magnitud de la adhesión —más de 300 firmas— no busca impactar emocionalmente, pero sí interpela con hechos: existe un tejido eclesial y social latinoamericano vivo, articulado y atento a los conflictos que afectan a los pueblos de la región.

Más que un pronunciamiento coyuntural, el documento deja ver una capacidad de articulación continental que sigue activa, incluso en contextos de repliegue institucional y crisis de credibilidad. En esa clave, su importancia no está solo en lo que dice, sino en cuántos y desde dónde lo dicen.