Justicia y Paz de Chile advierte que el perdón no puede justificar la impunidad
Declaración pública de organismo del Episcopado:
En una declaración fechada el 15 de noviembre, el organismo alerta sobre decisiones que desatiendan los derechos de las víctimas. Reclama verdad y justicia como condiciones del perdón y llama a superar la polarización sin relativizar la dignidad humana.
a Comisión Nacional Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Chile expresó su preocupación ante eventuales indultos o beneficios a personas condenadas por graves violaciones de los derechos humanos y por delitos atroces contra menores de edad. Su advertencia sitúa en el centro los derechos de las víctimas y rechaza que la misericordia y el perdón se utilicen para justificar la impunidad.
La declaración, fechada en Santiago el 15 de noviembre de 2026, lleva por título «El Estado de Derecho, la Convivencia Nacional y los Mínimos Éticos para la Sociedad Chilena». Sus integrantes se presentan como laicos y laicas que ofrecen una reflexión en comunión con el llamado de los obispos al encuentro y al diálogo.
Sin identificar personas ni decisiones concretas, el documento reclama que la concesión de indultos o beneficios considere especialmente sus fundamentos y los derechos de quienes sufrieron los delitos. Advierte que desatender esa exigencia erosiona la confianza ciudadana, resta credibilidad a las instituciones y lesiona el pacto social.
«Las víctimas jamás pueden quedar en la indefensión ni desprovistas de la protección y los cuidados que requieren», sostiene la comisión, que subraya la responsabilidad del Estado respecto de los menores de edad y de las personas de los sectores más vulnerables.
Verdad y justicia como condiciones del perdón
El pronunciamiento aborda expresamente el uso de conceptos religiosos en la discusión pública. Reconoce la misericordia y el perdón como valores esenciales de la fe, pero establece que no pueden servir para desconocer la gravedad de los crímenes ni el sufrimiento de las víctimas.
«El perdón genuino requiere verdad, justicia y el reconocimiento explícito del daño cometido», afirma. Desde esa convicción, descarta que una reconciliación verdadera pueda construirse sobre el olvido o sobre decisiones que eludan la responsabilidad por los hechos.
La comisión recuerda que el Estado debe promover el bien común y garantizar los derechos humanos de todas las personas, sin excepción. Vincula la legitimidad de esa tarea con la imparcialidad, el sometimiento al ordenamiento jurídico y el respeto de los derechos y garantías fundamentales.
Reconstruir la convivencia
El texto también cuestiona la polarización extrema, los discursos de odio y la deshumanización del adversario. A las autoridades de los distintos poderes del Estado les pide prudencia, probidad y transparencia, junto con respuestas justas y oportunas para las víctimas de vulneraciones de derechos humanos.
A la ciudadanía la invita a reconstruir los vínculos de confianza y cultivar la amistad cívica, reconociendo las diferencias sin negar la dignidad de quienes piensan distinto. La declaración recoge el llamado de León XIV a edificar juntos mediante la escucha y el diálogo.
El cierre recupera unas palabras del cardenal Raúl Silva Henríquez que el documento atribuye a su homilía del Te Deum de 1974: «renunciar a odiarnos porque tenemos poco tiempo para amarnos». Una invitación que la comisión sitúa sobre bases de verdad, justicia, solidaridad y respeto irrestricto a los derechos humanos.