Cuando la memoria incomoda: El Mercurio, la Vicaría de la Solidaridad y el viejo oficio de invertir la historia

Un reportaje atribuyó a la Vicaría un rol de “protección” en la salida de Armando Fernández Larios tras el caso Letelier. La institución lo desmintió como “absolutamente falso” y advirtió que sostenerlo “es invertir la historia”. El episodio estalla en pleno año conmemorativo de los 50 años de una de las experiencias más decisivas de defensa de derechos humanos en Chile.

El dato duro: una imputación y un desmentido

El 28 de enero de 2026, el diario chileno El Mercurio publicó una afirmación sobre Armando Fernández Larios —ex oficial del Ejército e integrante de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA)— que, por su gravedad, no admite tratamientos livianos. En el texto se sostuvo que, tras el homicidio de Orlando Letelier en Washington, Fernández Larios “huyó de Chile protegido por la Vicaría, la Nunciatura, la diplomacia norteamericana y un sector del Ejército adversario del general Manuel Contreras”.

La Vicaría de la Solidaridad respondió con un desmentido frontal: “esa afirmación es absolutamente falsa”. Y añadió algo todavía más significativo para el debate público: “no se trata de una interpretación discutible ni de un matiz histórico: es un error grave que tergiversa los hechos y daña la memoria de una institución cuya labor fue exactamente la contraria”. La institución remató con una sentencia que va al centro del problema: “sostener lo contrario es invertir la historia”.

Hasta aquí no hay “opinión”: hay una imputación pública y un desmentido institucional. Pero el punto periodístico está en lo que esa imputación produce. Porque no es un detalle biográfico: es una acusación que pone a una institución de derechos humanos en el lugar de cómplice, y a un agente del aparato represivo en el lugar de “protegido”. Si esa inversión se instala, el daño no se limita a una nota: altera la educación moral de una sociedad.

Quién fue la Vicaría y por qué su nombre no es un adorno

El punto de partida es simple: la Vicaría de la Solidaridad no fue una ONG cualquiera, ni un órgano estatal, ni una plataforma partidaria. Fue una institución de la Iglesia católica chilena creada el 1 de enero de 1976 por el cardenal Raúl Silva Henríquez, en plena dictadura, para atender jurídicamente a víctimas de la represión y articular una vasta red de apoyo social y humanitario.

Su aporte no se mide en eslóganes, sino en expedientes, acciones judiciales, redes de asistencia y un archivo documental que ayudó a reconstruir casos, establecer responsabilidades y combatir la impunidad. El propio desmentido recuerda que la Vicaría fue creada para defender a víctimas, documentar violaciones a los derechos humanos y presentar acciones judiciales, incluida la DINA.

Por eso, cuando a esa institución se le atribuye haber “protegido” a un agente de la DINA, el daño no es solo simbólico: es una intervención sobre el sentido de lo ocurrido. La Vicaría no lo formula como “pugna de relatos”, sino como degradación ética: habla de “una distorsión ética e histórica” que confunde a la opinión pública y relativiza responsabilidades.

El contexto: Fernández Larios reaparece y la conmemoración se vuelve campo de disputa

La controversia no surge en el vacío. En enero de 2026, medios internacionales y chilenos informaron la detención de Armando Fernández Larios por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en un listado de ciudadanos a expulsar. La noticia reabre el debate sobre responsabilidades judiciales pendientes y solicitudes de extradición, y vuelve a poner en el centro crímenes emblemáticos del terrorismo de Estado con proyección internacional, como el atentado de 1976 en Washington que costó la vida a Orlando Letelier y a Ronnie Moffitt.

Pero hay un segundo dato de contexto, igual de decisivo: 2026 marca los 50 años de la creación de la Vicaría. En enero se han realizado actos oficiales y culturales que subrayan su legado: una ceremonia en el Palacio de La Moneda el 15 de enero de 2026, y una exposición en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos —“Memoria y Verdad: Vicaría de la Solidaridad a 50 años de su creación”— inaugurada el 10 de enero y abierta hasta comienzos de abril.

En otras palabras: no es un mes cualquiera para “ensuciar” el nombre de la Vicaría. No porque la memoria sea intocable, sino porque la memoria es un campo en disputa, y quien controla el relato sobre instituciones emblemáticas controla parte del horizonte moral de un país. En ese marco, el desmentido no es un trámite: es una defensa de la frontera entre verdad y manipulación.

No banalizar el hecho

¿Esto es una campaña contra los defensores de los Derechos Humanos y la Iglesia? En rigor periodístico esto no se puede afirmar. Sin embargo, lo sustantivo es que el efecto del episodio funciona como una operación de descrédito sobre la memoria de la Vicaría, precisamente cuando esa memoria vuelve a ocupar espacio público con fuerza. No hace falta un “comité” para producir un resultado político-cultural: basta con instalar una imputación grave que invierte el relato moral y dejarla circular el tiempo suficiente para que el daño se multiplique.

Dicho de otro modo: lo que sí se puede evaluar es impacto y plausibilidad. Y aquí el impacto es evidente: la frase publicada traslada el foco desde la responsabilidad de los aparatos represivos hacia una supuesta complicidad eclesial, desordenando el mapa de responsabilidades en lectores que no tienen por qué conocer en detalle la historia chilena.

"Chileno: El Mercurio miente"

El Mercurio no es un actor menor: es el principal diario tradicional de Chile y un referente histórico del establishment político-económico. Precisamente por ese peso, su margen de error no es el de una cuenta anónima en redes sociales. Cuando un medio así acusa a una institución de derechos humanos de haber protegido a un agente de la DINA, el estándar mínimo es doble: trazabilidad documental y contraste previo con la parte aludida.

Chile conoce desde hace décadas una consigna que sintetiza, para muchos, un patrón de cobertura atribuido al diario: “Chileno: El Mercurio miente”. El lienzo apareció el 11 de agosto de 1967, en el contexto de la reforma universitaria y la toma de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Traer esa consigna a este caso no es nostalgia ni caricatura. Es recordar que el periodismo no opera en el vacío: tiene memoria pública y tiene historial de credibilidad. Cuando un medio con ese pasado publica —o deja pasar— una inversión de esta magnitud, activa el archivo emocional y político de un país. Y, guste o no, el Chile de 2026 no está en condiciones de tolerar liviandades con la verdad histórica.

"Las piedras gritarán"

Hay una dimensión eclesial que conviene enfrentar sin autoindulgencia. La Vicaría fue una obra de Iglesia —con abogados, religiosos, laicas y laicos que creció por todas las diócesis de Chile— que asumió riesgos reales cuando otros callaban. Ese legado no se defiende solo con comunicados: se defiende también con presencia pública, pedagogía de la memoria y consistencia actual en materia de derechos humanos.

Que el Estado conmemore los 50 años en La Moneda y que el Museo de la Memoria exhiba su legado muestra que la Vicaría trasciende a la propia Iglesia: se convirtió en patrimonio ético del país. Pero esa trascendencia no debe ser excusa para que el mundo eclesial se desentienda. Si la memoria de la Vicaría es atacada o distorsionada, la jerarquía de la Iglesia no puede quedarse callada sino "las piedras gritarán".

Ahora, la discusión de fondo no es si un medio “se equivocó”. La discusión es si Chile —y la región— acepta que, en nombre del relato, se baraje de nuevo la baraja moral: que quienes defendieron víctimas aparezcan como protectores de verdugos, y que la historia se vuelva un territorio reversible según conveniencias.

La Vicaría tiene razón en una frase que debería ser el estándar de cualquier sociedad democrática: atribuirle protección a un agente represivo “invierte la historia”. Y cuando la historia se invierte, no se trata solo de pasado: se altera el marco con el que una comunidad política decide qué es digno, qué es intolerable y qué nunca debe repetirse.

El desafío clave hoy es transparentar documentalmente lo afirmado por El Mercurio, o se rectifica. Porque con la memoria de los derechos humanos —en Chile y en América Latina— no se juega.