El fiscal vaticano pide 7 años y 3 meses de prisión para el cardenal Becciu por fraude

Tras más de dos años de juicio, y mientras se espera una sentencia definitiva antes de Navidad, la justicia vaticana pidió hoy 7 años y 3 meses de prisión para el cardenal Angelo Becciu, ex "número tres" de la Santa Sede, acusado junto a otras nueve personas por cargos de fraude y malversación que incluyeron irregularidades en la compraventa de un edificio en Londres por 200 millones de dólares.

Al dar el primer paso hacia el inédito juicio que por primera vez sentó en el banquillo de los acusados a un cardenal, el fiscal Alessandro Diddi pidió 7 años y 3 meses de prisión luego de repasar los hechos por los que desde 2021 investiga a Becciu y otras nueve personas por "peculado y abuso de poder".

Según Diddi, Becciu fue el responsable principal de la compra de un edificio de lujo en la plaza londinense de Sloane Square con fondos del Vaticano, en un negocio que se descubrió fraudulento y supuso una pérdida para la Santa Sede de entre 139 y 189 millones de euros.

En las cinco audiencias que dedicó a la reconstrucción de los hechos, Diddi definió a Becciu como el "verdadero instigador" de varias operaciones de este tipo y añadió que el purpurado italiano, que se consideraba posible Papa en un futuro, "ordenó manipular las cuentas de la Secretaría de Estado para ocultarlas de los controles".

De hecho, uno de los testimonios más fuertes contra Becciu llegó de parte de su sucesor, el venezolano Edgar Peña Parra, para quien en la Secretaría de Estado hubo "clientelismo" y "deficiencias en la gestión de las finanzas" con un manejo opaco e irregular del cardenal italiano y su responsable administrativo, el sacerdote Alberto Perlasca.

Becciu, que se declara inocente y víctima de una persecución, fue interrogado por primera vez, en un hecho inédito para la justicia vaticana, el 17 de marzo de 2022, cuando fue preguntado exclusivamente sobre una línea de la investigación, que busca esclarecer si fondos del Instituto para las Obras de Religión (IOR), el banco vaticano, y de la Conferencia Episcopal italiana acabaron en manos de entidades y personas relacionadas con el cardenal enjuiciado.

Al elevar la investigación a juicio, dentro de las 73 páginas dedicadas a analizar la labor del purpurado, la fiscalía vaticana consideró que "también surgieron elementos contra el cardenal Giovanni Angelo Becciu, contra quien procedemos, como exige la ley, por los delitos de malversación y abuso de funciones también en concurso, así como soborno".

Según el acta de envío a juicio, la investigación mostró "una red de relaciones con los operadores del mercado financiero que generó pérdidas sustanciales para las finanzas del Vaticano, habiendo recurrido también a recursos destinados a las obras de caridad personal del Santo Padre", dentro de un megaesquema de fraudes.

El pedido de pena inicia así la última parte de un juicio que tuvo varios ribetes cinematográficos, como el rol de una supuesta espía italiana en una diplomacia paralela de la Santa Sede. Además, quedó en evidencia también que en 2021 Becciu grabó y divulgó una conversación telefónica con el Papa en la que el cardenal daba a entender un rol en el pago de rescate para la liberación de una religiosa en África.

Las otras penas solicitadas

En su pedido, Diddi agregó un pedido de confiscación de 14 millones de euros para el cardenal.

Para Tozzi, Diddi pidió 9 años y y seis meses, mientras que para Brülhart reclamó 3 años y ocho meses,

Para los otros imputados, Diddi pidió 5 años y 4 meses para monseñor Mauro Carlino por extorsión y abuso de poder; 10 años y 9 meses para el intermediario Enrico Crasso por corrupción y fraude; y 4 años y 3 meses para di Ruzza.

Además, la Justicia solicitó 4 años y 8 meses de reclusión para la supuesta espía Cecilia Marogna; 11 años y 5 meses para Raffaele Mincione; 13 años y 3 meses para Fabrizio Tirabassi y 6 años para Nicola Squillace.