Se le imputan cuatro delitos de agresión sexual y contra la intimidad La Audiencia provincial de Málaga juzgará al cura acusado de sedar y agredir sexualmente a cuatro mujeres
Francisco J.C., natural de Vélez-Málaga, está en prisión provisional después de ser detenido el 11 de septiembre de 2023 por presuntamente sedar y abusar sexualmente de cuatro mujeres, unos hechos que grabó y que descubrió su pareja sentimental en un ordenador del domicilio que ambos compartían en Melilla
El Obispado, tras la detención del sacerdote, intentó personarse como acusación particular en la causa judicial, porque aunque normalmente no suelen hacerlo en estos casos, en este sí "debido a la gravedad de las actuaciones y el grave daño causado a la Iglesia", pero se le negó, aduciendo su posible responsabilidad civil subsidiaria
La Audiencia de Málaga ha prorrogado este mes de septiembre dos años más la prisión provisional para el sacerdote cuyo límite máximo de cumplimiento ha quedado fijado para el 11 de septiembre de 2027 al existir "indicios racionales de criminalidad contra el mismo por presunta comisión de delitos contra la libertad sexual y delitos contra la intimidad"
La Audiencia de Málaga ha prorrogado este mes de septiembre dos años más la prisión provisional para el sacerdote cuyo límite máximo de cumplimiento ha quedado fijado para el 11 de septiembre de 2027 al existir "indicios racionales de criminalidad contra el mismo por presunta comisión de delitos contra la libertad sexual y delitos contra la intimidad"
| RD/Efe
La Audiencia Provincial de Málaga será la encargada de juzgar al sacerdote malagueño acusado de sedar y agredir sexualmente a cuatro mujeres entre los años 2017 y 2019.
El cura, Francisco J.C., natural de Vélez-Málaga, está en prisión provisional después de ser detenido el 11 de septiembre de 2023 por presuntamente sedar y abusar sexualmente de cuatro mujeres, unos hechos que grabó y que descubrió su pareja sentimental en un ordenador del domicilio que ambos compartían en Melilla.
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El juzgado instructor considera que ya se han practicado todas las diligencias necesarias para la comprobación de los presuntos delitos, la supuesta participación de la persona procesada y las circunstancias que han podido concurrir, por lo que procede a concluir el sumario y ha remitido recientemente las actuaciones a la Audiencia de Málaga, según el auto judicial, al que ha tenido acceso EFE.
Cuatro delitos de agresión sexual y contra la intimidad
El Ministerio Público mantiene que el sacerdote presuntamente ha cometido cuatro delitos de agresión sexual y contra la intimidad.
Las acusaciones particulares y el fiscal siempre se han opuesto a su libertad provisional y el fiscal en una comparecencia que hubo este mes sobre su prórroga, advirtió de que no solo existía "un patente riesgo de fuga asociado a esa potencial elevada penalidad que podrían acarrear para el mismo esos delitos, sino que, además, su presencia física a resultas del procedimiento era necesaria".
El Obispado, tras la detención del sacerdote, intentó personarse como acusación particular en la causa judicial, porque aunque normalmente no suelen hacerlo en estos casos, en este sí "debido a la gravedad de las actuaciones y el grave daño causado a la Iglesia", explicaron a EFE.
Finalmente la Audiencia les desestimó el recurso, según el auto al que ha tenido acceso EFE, donde se indica que "el papel que correspondía al Obispado en este procedimiento era el de responsable civil subsidiario, no el de acusación".
El abogado Alfonso Sell, personado como acusación particular, ha indicado a EFE que las acusaciones y el fiscal se opusieron desde el inicio a la personación del Obispado como acusación particular.
Indicios de criminalidad
La Audiencia de Málaga ha prorrogado este mes de septiembre dos años más la prisión provisional para el sacerdote cuyo límite máximo de cumplimiento ha quedado fijado para el 11 de septiembre de 2027 al existir "indicios racionales de criminalidad contra el mismo por presunta comisión de delitos contra la libertad sexual y delitos contra la intimidad".
Los magistrados para prorrogar la prisión provisional destacaron que se pretendía garantizar el normal desarrollo del proceso penal, especialmente el asegurar la presencia del sacerdote en el juicio y evitar posibles obstrucciones a su normal desarrollo.
